Roberto Celedón aseguró que en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se les aseguró que las familias no serían desalojadas de acuerdo a la Ley Eléctrica como lo solicitará Endesa. Los abogados de las cuatro familias pehuenches que se niegan a entregar sus tierras a Endesa para la operación de la central Ralco, confían en que el gobierno no permitirá un desalojo de los indígenas. El abogado Roberto Celedón señaló que no les preocupa el hecho que Endesa haya depositado la indemnización legal en el tribunal de Santa Bárbara, de acuerdo al valor fijado por una comisión de peritos según establece la Ley Eléctrica. El profesional sostuvo que el jefe de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Carlos Carmona, les informó que el gobierno iba a permitir la ocupación de los terrenos pehuenches sólo si se cumplía el proceso de permuta voluntaria, es decir, que se resguardaría la aplicación de la Ley Indígena en este caso. Además, añadió Celedón, es lo que se estableció en la resolución ambiental que autorizó la construcción de Ralco, y que el gobierno asumió el compromiso de hacer respetar esa medida de protección hacia los pehuenches. Consultadas fuentes de gobierno frente al tema, se informó que el ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, efectivamente se ha reunido con los representantes de los pehuenches, pero que en ningún caso ha asumido un compromiso de esta naturaleza. Al contrario, indicaron que las conversaciones se han limitado a informar sobre los distintos escenarios jurídicos que existen. Pero que el tema está en tribunales y será la justicia la que tendrá que resolver en defintiva. Por otra parte se informó que este lunes, los abogados de los pehuenches se volverán a reunir con el subsecretario de Planificación, Jaime Andrade, quien es el responsable de los temas indígenas designado por el Presidente Ricardo Lagos. Diario El Sur, 31 de julio de 2003