Después de seis años en el Congreso, la próxima promulgación de la ley de bosque nativo revela una serie de movimientos y cambios a la norma que afecta principalmente las pretenciones de los sectores ambientalistas.

 Por Andrés Azócar.

El proyecto de ley de Bosque Nativo cumplirá en mayo próximo año siete años entrampado en el Congreso Nacional, una cifra récord si se toma en cuenta la importancia que tiene el sector forestal en Chile: este, con US$ 2 mil millones de ventas al exterior, es considerado uno de los tres sectores que atrae más inversiones y uno de los que posee mayor potencial económico, con 13 millones de hectáreas, sólo de árboles autóctonos. 

Pero aún más singular que la tendencia de esta área, ha sido el cambio de postura de quienes eran sus más fervientes promotores y partidarios: los grupos ambientalistas. Por una serie de consideraciones -cambio de gobierno, presiones empresariales, análisis técnicos-, el sueño de los grupos conservacionistas de tener una ley de bosque nativo que borrara de un plumazo la actual norma -que data de 1931- terminó en un sentimiento de decepción. "Hace dos años vimos un borrador y le hicimos varias consideraciones, ellas jamás fueron incorporadas. La ley sigue siendo la misma", comenta Franz Arnold, vicecoordinador forestal de la Corporación Pro Defensa Flora y Fauna (Codeff). 

Pero en sus seis años de evolución o ivernación -dependiendo de la trinchera desde donde se mire-, la ley debió combatir en contra de una serie de conflictos que finalmente la dejaron en la etapa final de su promulgación, luego que fuera aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado. 

La génesis de esta historia comenzó en mayo de 1992, cuando el gobierno de Patricio Aylwin envió al Congreso un proyecto de ley sobre "recuperación del bosque nativo y fomento forestal". Sin mucha novedad, incluía restricciones y subsidios como métodos de preservación, que finalmente no satisficieron a ecologistas ni empresarios. En diciembre de 1993, la Cámara aprobó y despachó al Senado una versión renovada de la ley. Sin embargo, al asumir el Presidente Frei, el proyecto fue retirado de la Cámara Alta, para hacerle nuevas indicaciones. En esta etapa, la presión de conocidos empresarios ligados al sector forestal fue muy fuerte. De hecho, representantes de Celarauco -grupo Angelini- tuvieron varias reuniones con el entonces secretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada. Para los empresarios, la sustitución es un tema al que han dedicado parte importante en la discusión. De ahí en adelante, la postura del gobierno fue reticente a devolver el proyecto al Parlamento, hasta diciembre de 1995, donde el concepto de sustitución pasó a formar parte del texto, con la salvedad de que debía existir un pago de impuestos previo. El rechazo fue generalizado en algunos sectores ambientalistas, pero también en los forestales que no estaban de acuerdo con los montos especificados en la norma. Nuevamente el proyecto volvió al gobierno y la tercera versión fue presentada en marzo de 1998 y aprobada en junio por la Comisión de Medio Ambiente. 

A esta realidad, bastante lejana al ideal de los medioambientalistas, se sumó el envío al Parlamento de la Ley de Institucionalidad, que cambiará la estructura orgánica que actualmente posee la Corporación Nacional Forestal (Conaf), lo que determinó la salida del director nacional de la Conaf, José Antonio Prado, dejando al descubierto diferencias entre los organismos estatales que han debido tratar este tema (ver recuadro). 

Los ambientalistas -que agrupan a los ingenieros forestales por el Bosque Nativo, a la Universidad Austral y al Codeff, entre otros- critican dos puntos que consideran negativos en la ley: la autorización de la sustitución del bosque nativo y los bajos incentivos que se ofrecen a los pequeños propietarios para no cortar sus árboles. Según cifras de Conaf, en el período 1985-94, 140 mil hectáreas habían sido sustituidas, a pesar de las restricciones que existen en la institución estatal para aprobar planes de manejo. Fue precisamente esta situación la que llevó a las autoridades a generar una ley de bosque nativo que llenara los vacíos en la legislación actual (DL 701 y DS 259), un requerimiento fundamental de los empresarios, la Conaf y los medioambientalistas. "Hay que tener claro que comercialmente para un propietario siempre será mejor sustituir:

 aprovecha la madera y planta árboles que en 25 años podrá volver a vender", comenta un personero del Ministerio de Agricultura. 

Según fuentes que han participado en la discusión de la ley, las presiones no pasaron de ser las propias para este tipo de ley. Para Fernando Olave, jefe de Normativa Forestal de Conaf, que participó activamente en los análisis técnicos, se ha llegado a elementos positivos. "La ley puede tener algunas deficiencias que la discusión parlamentaria puede solucionar, pero incentiva la protección del bosque en términos realistas para las condiciones del Estado", comenta. Según Jean Jaques Duhart, subsecretario de Agricultura, debe hacerse un análisis más frío. "Siendo realista, no podemos aspirar a tener una ley perfecta, porque tenemos que afrontar que las diferencias de intereses de los distintos actores no conducen hacia un camino alternativo, que es el actual proyecto", puntualiza. 

En términos generales, la ley exigirá el pago de un tributo desde 5 UTM ($ 125. 000) hasta 60 UTM ($ 1. 500. 000) por cada hectárea que se sustituya, dependiendo del tipo de bosque. Además, se entrega un incentivo para los propietarios que prefieran el manejo del bosque, se estipulan hasta 10 UTM ($ 250. 000). "Hemos realizado los análisis técnicos a la ley y llegamos a la conclusión de que en algunos casos ese subsidio es suficiente y en otros no alcanza a cubrir los planes de manejo", comenta Olave. 

Aunque aún está pendiente lo que decida la Comisión de Agricultura del Senado, en fuentes extraoficiales se afirma que antes de agosto la comisión mixta del Parlamento dará a luz la nueva normativa. Por otra parte, los sectores ambientalistas están preparando una ofensiva. "De un total de 63 artículos del proyecto de ley, sólo siete están relacionados con algunos criterios técnicos para el manejo forestal sustentable y no se consideran criterio de conservación biológica ni mantenimiento de la capacidad productiva", reclaman en la Codeff. Desde otro lado de la trinchera, el nuevo director de la Conaf asegura que esta ley impedirá que se sucedan hechos como los de Chaihuín y Venecia, donde las deficiencias de la ley permitieron que se sustituyeran 10 mil hectáreas de bosque nativo. "La ley todavía puede ser perfectible, pero entregará un marco que hoy no tenemos", asegura Cristián Palma, director ejecutivo Conaf.