Se acerca la batalla final
Alto Bío - Bío
Punto Final, 3 de julio 1998
Si fuera por lo que se difunde en la prensa tradicional uno pensaría
que nadie saldrá al paso de los planes de Endesa en el Alto Bío-Bío
y que, salvo los
típicos problemas creados por un pequeño grupo de ambientalistas
e indígenas "intransigentes", el proyecto hidroeléctrico
de Ralco avanza inexorable -de acuerdo a los plazos y a la ley- y que irremediablemente
se construirá.
Pero una mirada más profunda revela que
los "problemillas" que
enfrenta la empresa privada más poderosa
de Chile (aliada ahora
con los españoles) no son menores y que
las críticas a su
accionar en el Alto Bío-Bío, lejos
de disminuir, aumentan día a
día. El hecho es que el proyecto Ralco
está legalmente en jaque y
la violación de los derechos humanos de
los pehuenche, con la
aparente complicidad del gobierno, están
adquiriendo cada vez más
resonancia internacional.
Está por verse si el estado de derecho
funcionará también para
los pehuenche y si el gobierno escuchará
las fuertes críticas que
han hecho recientemente instituciones internacionales
del ámbito
financiero, de los derechos humanos y del ámbito
académico.
No está claro que así será,
ya que el Alto Bío-Bío está
prácticamente tomado por los funcionarios
de Endesa, que
amedrentan a pehuenche, ecologistas y hasta a
diputados. Por
mientras, sus camiones y motoniveladoras comienzan
las obras
mayores, sin el consentimiento de los pehuenche
ni de la Conadi.
Eso sucede en estos instantes y no el próximo
año como informa
engañosamente la empresa.
Es poco el tiempo que queda. Valga entonces dar
un vistazo a
hechos recientes, y no tanto, que muestran las
pocos conocidas
escaramuzas de esta nueva guerra que se libra
en el Bío-Bío.
INFORMES CONDENATORIOS
Dos importantes informes internacionales sobre
la situación de
las comunidades pehuenche del Alto Bío-Bío
y el accionar del
gobierno chileno y del Banco Mundial fueron dados
a conocer a
fines de abril. Como ha ocurrido tantas veces,
a pesar de haberse
citado a toda la prensa sólo un par de
radios y diarios se
hicieron presente en el Palacio Ariztía
ese 20 de abril,
censurando en los hechos una noticia que afecta
la imagen del
país.
Se trataba de dar a conocer dos informes, uno
elaborado por una
organización internacional de derechos
humanos y otro por la
Asociación Norteamericana de Antropología.
El informe "Los Mapuche-Pehuenche y el proyecto
hidroeléctrico de
Ralco: un pueblo amenazado" fue elaborado por
una misión de
investigación de la Federación Internacional
de Ligas de Derechos
Humanos (FIDH), llevada a cabo entre el 3 y 11
de julio de 1997
por Thomas Berger, ex juez de la Corte Suprema
de British
Columbia, y Claude Katz, secretario general de
la FIDH. El
informe de 31 páginas, elaborado originalmente
en francés,
analiza la legislación indígena,
el proceso de negociación que
está llevando a cabo Endesa con las familias
pehuenche que serían
afectadas por el aún no autorizado proyecto
Ralco, y el rol del
gobierno.
"Más allá de lo que significa el
traslado de alrededor de 125
familias, es la efectividad de la existencia misma
de una
voluntad del gobierno chileno de proteger a los
pueblos indígenas
lo que está a prueba en este caso", dice
el informe.
"Habida cuenta del desequilibrio existente entre
las partes, el
gobierno chileno tiene el deber de garantizar
la credibilidad de
la consulta a las comunidades afectadas, y de
verificar que las
familias mapuche-pehuenche cuyo traslado se contempla
en dicho
proyecto de la compañía Endesa se
pronuncien libremente, en plena
conciencia de las consecuencias de su elección.
En realidad, le
corresponde al Estado chileno garantizarles y
proveerles de todos
modos de lo indispensable y en el lugar donde
ellas actualmente
viven", agrega el informe.
Esta conclusión de los abogados de derechos
humanos, es
importante. Habría que recordar que a pesar
de que Endesa dice
que habían 85 familias de un total de 98,
de acuerdo con su
traslado a otras tierras, estas familias dijeron
claramente al
gobierno, durante la Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto
Ralco, que no estaban de acuerdo con la construcción
de la
represa. Esa opinión, recogida por la propia
Conama, quien
contrató al Instituto de Estudios Indígenas
de la Universidad de
La Frontera para asegurarse que los pehuenche
tuvieran adecuada
participación en el proceso, fue luego
desconocida por Conama y
el gobierno, quienes procedieron a aprobar el
proyecto y a
juntarse con las familias, ya no para preguntarles
su opinión y
reafirmar su voluntad, sino para ver dónde
querían trasladarse.
Más aún, la mayoría de las
85 familias que Endesa dice que están
de acuerdo con el proyecto, han firmado como resultado
de
presiones y engaños. Los funcionarios de
Endesa, recorren hace un
par de años la zona diciendo que el proyecto
está autorizado, que
se llevará a cabo de todas maneras y que
los que no negocien
resultarán perjudicados.
Esta realidad la ha constatado la propia Conadi,
conversando
personalmente con los que han pedido la permuta
de sus tierras.
ENDESA Y EL BM OCULTARON INFORMACION
Por otra parte el 31 de marzo de 1998, fue dado
a conocer el
original en inglés (traducido posteriormente
al español por el
GABB) del informe titulado "Los Pehuenche, el
Banco Mundial y
Endesa S.A.: Violaciones de los Derechos Humanos
en los Proyectos
Hidroeléctricos Pangue-Ralco en el río
Bío-Bío de Chile" del
Comité de Derechos Humanos de la Asociación
Estadounidense de
Antropología con sede en Arlington, Virginia.
El informe, donde se hace un extenso análisis
de la situación en
el Alto Bío-Bío y del accionar del
Banco Mundial, fue producto de
una queja interpuesta por el miembro de la Asociación,
Dr.
Theodore Downing. El alegó violaciones
a sus derechos
profesionales y a los derechos humanos de los
pehuenche en su
trabajo de consultoría para la Corporación
Financiera
Internacional, que lo contrató para llevar
a cabo una evaluación
de la Fundación Pehuén. Aunque según
algunos, esta evaluación
estaba planificada, hubo fuertes presiones del
GABB e
instituciones indígenas amigas que exigieron
una pronta
evaluación de la Fundación, creada
originalmente para compensar
los impacto económicos y sociales de la
represa Pangue en el Alto
Bío-Bío.
El informe abunda en detalles sobre el incumplimiento
de los
objetivos de la Fundación y el ocultamiento
por parte de Endesa y
del Banco Mundial de los resultados del informe,
lo que habría
llevado no sólo a la violación de
los derechos profesionales y
éticos del consultor Downing, sino al engaño
de los pehuenche al
hacerlos negociar las permutas de sus tierras
desconociendo sus
derechos y los graves impactos que ya está
provocando Pangue.
El informe, en que se menciona también
el ocultamiento de la
investigación sobre el proyecto Pangue
llevada a cabo por Jay
Hair, recomienda una serie de acciones, entre
ellas la
reestructuración de la Fundación
Pehuén, la consulta adecuada a
las familias afectadas por el proyecto Ralco e
incluso,
recomendaciones a los antropólogos para
asegurarse que sus
investigaciones no sean ocultadas ni utilizadas
inadecuadamente
por la empresa o instituciones como el Banco Mundial.
Ambos informes fueron dados a conocer en Chile
el lunes 20 de
abril. Al día siguiente, durante la Junta
Anual de Accionistas de
Endesa, donde asistieron una vez más representantes
pehuenche y
grupos ecologistas, se entregaron copias a los
directores de la
empresa, quienes se comprometieron a estudiarlos.
Se han
entregado también copias a funcionarios
del gobierno y algunos
diputados se proponen pedir una investigación
sobre las
consecuencias que tuvo el ocultar esa información
en la
aprobación ambiental del proyecto Ralco.
Por supuesto que Endesa no se ha pronunciado respecto
a los
informes. Es más, apremiada por avanzar
con su proyecto, desde
hace un par de meses la empresa ha comenzado a
trabajar
intensamente en la comunidad indígena de
Quepuca-Ralco,
desconociendo la voluntad de los pehuenche y también,
a través de
triquiñuelas legales, las autorizaciones
que debe dar Conadi para
los trabajos en tierra indígena.
DIPUTADOS SE UNEN
A DEMANDA
El Jueves 18 de junio, los parlamentarios Alejandro
Navarro
(Partido Socialista), Guido Guirardi (PPD) y Mario
Acuña
(Demócrata Cristiano) concurrieron al Sexto
Juzgado Civil de
Santiago para hacerse parte de la demanda de nulidad
de derecho
público presentada en junio de 1997 por
tres mujeres pehuenche en
contra de Conama y Endesa por haber dado irregularmente
la
autorización ambiental del proyecto. Al
día subsiguiente los
diputados, abogados y dirigentes ecologistas hablaron
con la
prensa y reiteraron que Endesa ha comenzado las
obras definitivas
de la central, pese a que no se han resuelto las
acciones legales
y que nueve familias pehuenche se han rehusado
a negociar con
Endesa, lo que haría inviable el proyecto.
Durante la conferencia de prensa se escuchó
una grabación de
transmisiones radiales internas de Endesa (interceptadas
por un
periodista) mostraban el seguimiento e intentos
de impedir que
llegara al Alto Bío-Bío una delegación
de parlamentarios,
periodistas y abogados el pasado mes de mayo.
En esa ocasión la
delegación comprobó que ya que habían
comenzado trabajos mayores
dentro de los predios indígenas, sin el
consentimiento de los
afectados ni la autorización de la Conadi.
La empresa sostienen
que cuenta con un contrato de arrendamiento por
cinco años y la
autorización de Conama. Sin embargo, Juan
Quipaiñán, pehuenche
dueño del predio donde se pretende construir
el muro de la presa
Ralco, expresó por escrito hace algún
tiempo que se arrepentía de
los acuerdos con Endesa.
Por informaciones extraoficiales y por un oficio
a la Cámara de
Diputados, se sabe que muchos de los que han pedido
permutas lo
han hecho desconociendo su derecho a permanecer
en su tierra o,
en el mejor de los casos, sin entender a cabalidad
los términos
de la negociación. Es importante señalar
que la mayoría de la
población adulta del Alto Bío-Bío
no sabe leer ni escribir y su
principal idioma es el mapudungún y no
el español.
Por otra parte, el permiso de la Conama no significa
que la
empresa no tenga que obtener otros permisos, como
los de Conadi y
las concesiones definitivas para la central, proceso
que no ha
culminado.
Con el fin de parar las obras ilegales de Endesa,
se presentó
hace poco una medida precautoria para paralizar
las obras,
petición que la Corte de Apelaciones debiera
resolver en el
futuro cercano.
¿QUIEN DETENDRA
A ENDESA?
Endesa y Besalco, empresa subcontratista que realiza
los trabajos
en el Alto Bío-Bío han ido aún
más lejos. El 19 de junio la
empresa Besalco comenzó trabajos en un
terreno colindante con
estero Ñireco, que demarca la comunidad
de Quepuca-Ralco. Esto lo
hizo a pesar de que, contrariamente a lo que sucede
en el terreno
de Juan Quipaiñan, la empresa no tiene
los permisos, ni contratos
de arriendo con los pehuenche propietarios de
este terreno
comunitario.
Irma Jara, una de las propietarias que fuera agredida
físicamente
en septiembre de 1996 por negarse a abandonar
su tierra cuando
comenzaba el llenado del embalse de Pangue, se
mantiene firme y
pese a constantes presiones no ha querido negociar
con Endesa ni
Besalco, ni ha dado autorización a la empresa
para que efectúe
trabajos allí.
Conadi habría interpuesto una querella
por daños a favor de la
señora Irma Jara. ¿Pero cuánto
tardará el fallo judicial? ¿Quién
velará porque Endesa no siga amedrentando,
mintiendo y violando
los derechos de los pehuenche? Es la pregunta
que se hicieron en
Concepción representantes de grupos de
Santiago, Valparaíso,
Chillán, Los Angeles, Concepción
y Temuco quienes resolvieron
mantener presencia permanente en el Alto Bío-Bío
para acompañar a
los pehuenche y velar por que se cumpla la ley.
Arriba los esperan las mujeres pehuenche que resisten.
Porque son
mujeres las que lideran esta resistencia de las
nueve familias
que no transan.
Jóvenes y mujeres indígenas combaten
en estas últimas batallas.
En un país racista y discriminatorio como
Chile de este tiempo,
¿quién apostaría por ellos?
CRISTIAN OPASO
Vicepresidente del Grupo de Acción por
el Bío-Bío (GABB)
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