Aseguró que las carpetas de las permutas contenían toda la información necesaria para deliberar 
Por Pablo Solís M.

Domingo Namuncura, ex director de la Conadi, defendió ayer el trabajo del equipo jurídico del organismo. (Foto de Víctor Tabja).    Reunión secreta  Una reunión en un lugar secreto sostuvieron ayer el ministro de Planificación Nacional, Germán Quintana, y los consejeros indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José Queupuan, Beatriz Painequeo, Elías Gómez, Francisco Chodiman y José Santos Millao.  El motivo de la reunión, si bien no fue informado oficialmente, habría sido para recuperar el diálogo entre los consejeros y el Gobierno. La relación entre ambos interlocutores se vio interrumpida el 7 de julio último, cuando el Ejecutivo decidió no llevar a cabo el Consejo Nacional de la Conadi.  Antes de regresar a sus respectivas regiones los consejeros afirmaron que para restablecer las relaciones con el Gobierno era necesario que Domingo Namuncura volviera a ser director de la Conadi.  Entre sus posturas, los miembros indígenas del consejo nacional de la Conadi manifestaron su absoluto rechazo a la construcción de la central Ralco.  La importancia de las reunión de ayer radica en parte en que el consejo de la Conadi es la única instancia legal que puede votar la legalidad de las permutas de tierra que permitirían construir Ralco.

 Informó que luego de entrevistar a 59 indígenas que aceptaron permutar sus tierras se llegó a la conclusión de que "un total de 40 no estaba conforme". Dijo que esta apreciación se obtuvo luego "de la interpretación de los conceptos vertidos por los pehuenches, en orden a que su aceptación inicial de la oferta de permuta surge de un claro sentimiento de resignación y de inevitabilidad del traslado. Por lo tanto, sus expectativas respecto de dicha oferta no se ven cumplidas o reflejadas en la solicitud".

 Namuncura respondió así a las acusaciones sobre su labor y descartó que el Gobierno no hubiera estado informado de los antecedentes que el equipo jurídico de la Conadi recopiló. Dijo que él informó mensualmente al Consejo Nacional (de la Conadi) "de cada una de las materias que se estaban abordando". Destacó que en el tema Ralco "todas las decisiones que tomamos en el Consejo Nacional fueron unánimes, incluyendo a los subsecretarios de Gobierno, a los tres representantes del señor Presidente, los consejeros indígenas y quien habla".

Reuniones

 Argumentó que el conflicto por las permutas se debió a que "a fines de abril Endesa inició obras en el Alto Bíobio sin ser autorizadas por la Conadi".

 Dijo que "al Consejo Nacional de la Conadi le asistió la convicción de estar afectado por hechos consumados, por lo cual los consejeros acuerdan fijar para el día 6 y 7 de agosto el inicio del procedimiento de resolución de permutas".

 Sobre la crisis de Ralco en particular, Namuncura dijo que en su parecer, el Gobierno le atribuyó "una cierta obstinación al director al no suspender el Consejo, o por no dar garantías para el estudio objetivo de las permutas. Luego se dijo que el informe del equipo jurídico fue incompleto, pero lo que hay que decir, es que siendo el Consejo un órgano soberano se debió permitir su constitución y no solicitar su suspensión".

Carpetas

 Respecto del informe jurídico final, informó que éste señala "que las tierras que recibirían a cambio (los mapuches) es sólo un componente más de lo que se exige como condición para abandonar el lugar, lo que en términos globales se puede calificar como la expectativa de recibir una indemnización de perjuicios más que un acto de promesa de permuta".

 Agrega que las permutas no cumplen el artículo 7º del instructivo 582 que define como valor comercial del terreno las "aptitudes y potencialidades del inmueble a permutar" en consideración de "las características actuales y la plusvalía futura". Agregó que las transacciones revisadas fueron hechas sólo sobre la base del valor silvoagropecuario de los terrenos.

 Namuncura concluyó que las ofertas "son dudosas y que fueron aceptadas con resignación ante la magnitud de una iniciativa que no deja alternativas. Constituido así los hechos, lo cierto es que la ley indígena tiene escasas posibilidades de ser eficaz".