Los pehuenches de la zona nunca han tenido en su mente el deseo de irse de sus terrenos. Cuando emerge el proyecto Ralco, las solicitudes de permuta emergen no como resultado de la voluntad específica del pehuenche, sino que como resultado de la imposición de un proyecto en el que se afectarán 600 a 800 hectáreas, que mayormente corresponden a hijuelas indígenas. Diario el Sur 15 de Agosto de 1998

Salida de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Namuncura, herido por el hacha de guerra

---

La renuncia que el gobierno pidió al PPD Domingo Namuncura a la dirección de la Conadi,provocó una situación política que se genera a partir de la construcción de la represa Ralco en el Alto Biobío. A juicio del ex funcionario, la situación revela una disyuntiva acerca del tipo de desarrollo por el que quiere optar el país.

Rosa Alcayaga T.

Domingo Namuncura se había hecho cargo de la dirección de la Conadi en abril de 1997, luego de la renuncia de su antecesor, Mauricio Huenchulaf. Según revela, el propio Presidente Eduardo Frei le expreso en esa oportunidad que contaba con todo su respaldo y apoyo para que ordenara dicho organismo e hiciera cumplir la Ley Indígena.

Más allá de los procedimientos a los que alude el ex director, queda en evidencia si es que existe real voluntad política del gobierno de la Concertación de aplicar una normativa legal que fue propuesta por sus partidarios y que contó, además, con el apoyo unánime del Congreso, cuyo objetivo es proteger a las comunidades indígenas.

"Este tema nos obliga a una reflexión muy de fondo y tiene que ver con la exigencia del desarrollo y las características del progreso y de la modernidad que queremos. Tenemos en América Latina una historia que es desalentadora. En los últimos 30 años se han construído 22 represas en el continente y se han afectado a 10 millones de personas. Y no es coincidencia que la mayoría sean indígenas o campesinos pobres, obligados a ser relocalizados y que han incrementado los cordones de pobreza en las ciudades", sostiene Namuncura. Y agrega: "Parece ser que la disyuntiva está en visualizar qué es lo más importante: el progreso de un país con 14 millones de habitantes o el sacrificio de 600 pehuenches".

-¿Cuál es la diferencia insalvable entre usted y el gobierno sobre la problemática indígena y por el cual le solicitaron su renuncia?

-Básicamente una diferencia de opinión sobre el procedimiento. La Conadi estimaba que entre el 6 y el 7 de agosto (pasado) debía tomarse una resolución respecto de las solicitudes de permuta presentadas por Endesa. Luego de siete meses de trabajo, el Consejo acordó una fecha para resolver y dado que el informe jurídico de nuestra entidad no era favorable a las permutas, entonces mi deber como director era asumir este diagnóstico. En cambio, la autoridad estimó que era indispensable posponer dicha reunión.

-¿Por qué el gobierno estimaba necesario posponer dicha resolución?

-En la subsecretaría de Mideplan se nos informó que el cuadro óptimo para este tema no era desencadenar un rechazo a la propuesta de Endesa ni tampoco de aceptar el informe jurídico de Conadi, sino que era la oportunidad para plantear nuevas exigencias y que las permutas pudiesen ser perfeccionadas. Una vez que eso ocurriese, el gobierno consideraba que debía reunirse el Consejo de la Conadi y hacer una evaluación adecuada de los hechos-.

Según Namuncura, la Conadi realizó un pormenorizado trabajo sobre el proyecto Ralco, lo que acredita con gruesos informes y material audiovisual. Con respecto al informe jurídico de la Conadi -cuyos efectos legales están debidamente acreditadas en la Ley Indígena- dijo que la ley los faculta para determinar que frente a cada situación que los afecte en forma directa, los indígenas deben ser considerados y escuchados, más aún tratándose de un proyecto que debía erradicarlos de sus tierras, con el objeto de señalar el consentimiento de cada una de las familias pehuenches que habitaban en el Alto Biobío.

En este proceso, que venía desarrollándose desde hace unos seis o siete años, en el que Endesa había tratado de convencer a las familias pehuenches y obtuvo la firma de la mayoría de ellos, la Conadi entró a estudiar si efectivamente los pehuenches estaban de acuerdo con lo firmado, "acreditando un conjunto de observaciones e irregularidades que merecieron observaciones de la Corporación".

Cuadro delicado

-¿Cuántas son las familias afectadas por el proyecto Ralco?

-Un total de 112, de las cuales 98 son indígenas. Y del total de familias indígenas, 77 son afectadas directa e irreversiblemente por el solo efecto de la inundación. El saldo son servidumbres de paso.

-¿Por qué es ilegal la propuesta de permuta?

-No es posible calificar aún de legal o ilegal. Esa determinación corresponde al Consejo Nacional. El informe jurídico concluyó que las solicitudes de permutas presentadas por Endesa en su fondo y en su forma, de acuerdo a la ley y al reglamento de permutas de Conadi, hacían desaconsejable aceptarlas para su trámite. En consecuencia, si no se podía aceptar a trámite, entonces no podía haber pronunciamiento favorable del Consejo de la Corporación.

-¿Por qué?

-Porque el Consejo fijó una plazo hasta el 29 de julio para cumplir y perfeccionar las solicitudes de permuta. A tiempo nos reunimos con los ministros respectivos -en ese entonces con el titular de Mideplan, Roberto Pizarro, y con Juan Villarzú, de la Secretaría General de la Presidencia-, para indicarles que se estaba configurando un cuadro delicado y que debía notificársele por vía oficiosa o reservada a Endesa de que esta situación era altamente inconveniente. Tanto es así que posteriormente se tomó contacto con los abogados de Endesa para señalarles cómo debían confeccionarse las solicitudes para que estuvieran ajustadas a la ley indígena y a los requerimientos de Conadi.

-¿Dónde estaban las irregularidades?

-El primer dato relevante es que la solicitud de permuta, cuando el indígena es propietario de su terreno, siempre nace de la libre voluntad del indígena quien desea irse del lugar porque efectivamente le ofrecen condiciones mejores y porque él desea salir del lugar debido a que su tierra ya no es cultivable, entre otros. Por esa razón, todas las solicitudes de permuta presentadas por los indígenas en estos cuatro o cinco años desde la creación de la Conadi se han aceptado sin problemas.

-¿Y en el caso del Alto Biobío?

-Los pehuenches de la zona nunca han tenido en su mente el deseo de irse de sus terrenos. Cuando emerge el proyecto Ralco, las solicitudes de permuta emergen no como resultado de la voluntad específica del pehuenche, sino que como resultado de la imposición de un proyecto en el que se afectarán 600 a 800 hectáreas, que mayormente corresponden a hijuelas indígenas. Ahí la opción es muy simple, pues no hay modo de quedarse en el lugar. El mecanismo de compensación de esa salida es un contrato de promesa de permuta de sus tierras, pero que de acuerdo al estudio realizado por Conadi se llegaba a la conclusión que era sólo un mero trámite administrativo. Ahí entran a tallar la tasación comercial y las ofertas que para los pehuenches tienen un determinado valor y que para la empresa tiene otra: la subocupación agrícola del terreno y la pérdida del patrimonio indígena, entre otros-.

Permutas inaceptables

A juicio de Namuncura, el problema se acelera cuando Endesa inició obras de ejecución de gran magnitud en virtud de un contrato de arriendo que constituía un figura de servidumbre voluntaria no autorizada por la Conadi: "Ese factor era una infracción a la ley indígena. El equipo jurídico informó al Consejo y el organismo pidió un informe a una entidad externa que ratificó el diagnóstico hecho por la Conadi. El Consejo en su sesión del 23 de julio por unanimidad acordó notificar a Endesa que debía dejarse sin efecto dicho contrato y paralizar de inmediato las obras. Si no se cumplía ese oficio era inevitable para la Conadi el presentar una demanda de nulidad absoluta ante los tribunales".

-¿Cuál fue la conclusión que sacaron de la actitud de Endesa?

-Entendimos que Endesa estaba poniendo dificultades importantes, por lo que acordamos cerrar el capítulo de trabajo en torno a las permutas y se puso como plazo final el 29 de julio para recibir nuevos antecedentes y planteamos que el 6 y 7 de agosto el Consejo nacional debía tomar la resolución final sobre el tema.

-¿Hubo presiones de parte de Endesa?

-Cuando analizamos este tema el 23 de julio, el experto externo confirmó que lo que se había constituído con el contrato de arriendo que permitió iniciar las obras en el Alto Biobío era un ilícito por parte de Endesa y entendimos el mensaje. Concluimos que no se estaba considerando a la Conadi como interlocutor válido y que sólo se la miraba como una ventanilla de mero trámite. En esa ocasión, el Consejo señaló que aquello no podía ser y se acordó notificar de inmediato a la empresa que se cerraba el plazo. Esa actitud nos reveló que la contraparte no estaba dispuesta a esperar los procedimientos ni sus resultados.

-¿Cuál era la solución a su juicio?

-Luego de cerrado este capítulo, podría haber venido una etapa de reconsideración. La contraparte podría haber presentado nuevas solicitudes de permutas, mejoradas y perfeccionadas de acuerdo a la normativa vigente o recurrir a los tribunales de justicia. Lo concreto es que como director de la Conadi a mí no me quedaba más camino que aceptar el informe jurídico en que se rechazaba el procedimiento seguido por Endesa. Además, mi convicción personal es que las solicitudes de permuta presentadas por la empresa no eran aceptables. El gobierno me pide que suspenda el Consejo Nacional y yo señalo que no puedo hacerlo porque el director no puede revocar un acuerdo adoptado por un organismo colegiado, de manera unilateral y sin causa justificada. Nada impedía que en la reunión podría haberse llegado a una solución sensata y razonable si es que estaban los argumentos adecuados y así se lo expresé a Mideplan. Por lo demás, en todas las reuniones acerca de Ralco las decisiones fueron tomadas por unanimidad-.

Enlace al artículo original.