Organizaciones indígenas y Partido Comunista se preparan para iniciar movilizaciones que podrían derivar en hechos de violencia, en defensa de territorio pehuenche.

 
Por Rubén Clunes C.

Alihuén Antileo (al centro), presidente de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, advirtió que se iniciará una serie de movilizaciones en apoyo de los pehuenches del Alto Bío Bío (Foto Mauricio Viñals).    Legalidad del proyecto  En 1997, la Conama aprobó el proyecto Ralco pero determinó algunos aspectos cruciales para los intereses de las comunidades pehuenches. Eso, al considerar que la permuta de tierras indígenas no se considera normativa de carácter ambiental y por tanto, el acto de autorización para ella no se vincula a la resolución adoptada y debe ser definida por la Conadi. Esa es una de las condiciones previas para poder iniciar la ejecución del proyecto.  A su vez, la Conadi es el único órgano competente para aprobar dichas permutas, por lo que sus decisiones se constituyen en pieza clave para permitir que la construcción de la represa pueda concretarse.  Una de las exigencias que debe cumplir Endesa es otorgar un plan de asistencia con continuidad de 10 años, una vez concluida la relocalización de las comunidades. Sin embargo la empresa, mediante "contratos de arriendo", comenzó a ejecutar obras de caminos de importante envergadura en la zona, legalidad que ha estado analizando la Conadi.

 Al planteamiento que hicieron las entidades indígenas se sumó el apoyo del Partido Comunista, en defensa del ecosistema y de la comunidad pehuenche de la zona, localizada en la VIII Región, la cual se verá afectada si la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), decide aprobar la puesta en marcha del proyecto, en la sesión que tendrá su Consejo Nacional en Santiago, el próximo jueves 6 de agosto.

 El presidente de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, Alihuén Antileo, instó a las agrupaciones homólogas y simpatizantes a efectuar -a lo largo del país- manifestaciones "de rebeldía y rechazo" ante lo que consideró "el principal atropello al conjunto de la nación mapuche" .

 También el dirigente anunció, entre otras actividades, la realización de una huelga de hambre con seis de sus miembros en la sede de la organización en la capital, a partir de mañana martes, a la espera del fallo de la Conadi. También habrá una marcha el miércoles, en el centro de la ciudad, desde Plaza Italia hasta el palacio de La Moneda, y el envío de una delegación al Alto Bío Bío.

 A juicio de Antileo, en caso de aprobarse la construcción de la represa, "se configura un nuevo escenario político, transformando en letra muerta la ley indígena". Eso motivaría las movilizaciones que podrían derivar en violentos enfrentamientos en la zona involucrada, rompiéndose así el diálogo con las autoridades e impulsando una recuperación de tierras por la "vía de los hechos".

 Los dirigentes de Meli Wixan Mapu cuestionaron la destitución de los consejeros de la Conadi, Cristián Vives y Milena Valenzuela, quienes habían manifestado su rechazo al proyecto y responsabilizaron al Gobierno por dicha medida, al sostener que con ello se busca lograr una mayoría en dicha instancia para que apruebe el proyecto de la Central Ralco.

 Por su parte, la organización Aukiñ Wallmapu Mgulam (Consejo de Todas Las Tierras), mediante una declaración pública, expresó su preocupación por la falta de voluntad política del Gobierno, en la búsqueda de soluciones en favor de las comunidades mapuches.

 La entidad sostuvo que el cuestionado proyecto "pone en peligro el desarrollo armónico que las comunidades pehuenches ancestralmente han mantenido y amenaza la integridad y proyección cultural mapuche".

 En la nota de cinco puntos dicha organización sostiene, además, que "el Ejecutivo está privilegiando los intereses económicos de las compañías transnacionales como Endesa, por sobre los derechos mapuches, desestimando el irreparable impacto social, cultural y ambiental que provocará este megaproyecto".

 Por ello, el Consejo de Todas las Tierras determinó el envío de una delegación, que viajó ayer domingo al Alto Bío Bío, para solidarizar y apoyar el rechazo del mencionado proyecto.

 En tanto, dirigentes comunistas señalaron que en un pleno del comité central de la colectividad, se decidió apoyar las reivindicaciones del pueblo pehuenche, ante lo que es considerado un "etnocidio cultural".

 Hugo Inostroza, secretario del comité por la IX Región, precisó que el megaproyecto es atentatorio contra la vida del pueblo indígena y precisó que los militantes de su partido participarán en las movilizaciones convocadas por las organizaciones mapuches. Incluso se sumarán a otras manifestaciones que están preparando entidades ecologistas para el próximo fin de semana.

 El dirigente Guillermo Teillier resaltó el peligro de confrontación que existe en la zona ante la fuerte presencia policial, por lo que responsabilizó al Gobierno de querer concretar el proyecto de Endesa en desmedro de los intereses de la comunidad mapuche.