Las cenizas quedan pegadas al suelo y todavía se pueden ver unos botones y hay olor a carne humana chamuscada. Son las cenizas del alcalde del pueblo, Benjamín Altamirano, que el martes pasado fue arrojado allí medio muerto y le prendieron fuego. Los vecinos de Ayo-Ayo, todos campesinos aimara, dicen que Altamirano les venía robando desde hace 4 años, que era un corrupto, y que a pesar de las denuncias el alcalde continuaba en su puesto. El martes decidieron aplicar la "ley comunal" y lo quemaron vivo. El ataque ocurrió en el marco de una creciente agitación social en Bolivia, que desde hace más de un mes es escenario de un sinnúmero de manifestaciones por reivindicaciones laborales. Las protestas tienen un explícito trasfondo político en la oposición al referéndum del 18 de julio, convocado por el presidente Carlos Mesa, sobre la suerte de los recursos gasíferos del país. Desde hace varias semanas una cantidad de rutas están cortadas por manifestantes en zonas del altiplano andino y en las fronteras con la Argentina, Paraguay y Perú, en protestas de campesinos que plantean demandas regionales y exigen la nacionalización de los hidrocarburos. Clarín (Buenos Aires), 20 de junio de 2004.

Clarín (Buenos Aires), 20 de junio de 2004.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  AYO AYO. BOLIVIA ENVIADO ESPECIAL

LOS ABORIGENES AFIRMAN QUE TIENEN DERECHO A APLICAR JUSTICIA POR MANO PROPIA
 

MONUMENTO. El pueblo alzado. El monumento que se ve a la derecha es donde, aún con vida, fue arrojado a las llamas el cuerpo del alcalde Altamirano. (Foto: Germán García Adrasti/Enviado especial).

AMERICA LATINA: Furia y rebelión de campesinos aymara.

DESOLACION. Ovejas, una mujer y un frío de 4 grados bajo cero. (Foto: Germán García Adrasti/Enviado especial)

Dimensiones Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Un asesinato es siempre un gesto de irracionalidad. Nada lo justifica ni aunque una corte lo maquille de ejecución. Pero hay una dimensión adicional en el drama boliviano, la irracionalidad de los aimara no está sola. Este crimen en Ayo Ayo —o el que el mismo pueblo aborigen cometió en otra aldea, pero en Perú—, parece la consecuencia en su peor rostro del proceso de abandono al que estas gentes han sido sometidas por las instituciones. El asesinado arzobispo salvadoreño Arnulfo Romero decía que la justicia es un guijarro que sólo siente el pie desnudo del indio. Apuntaba a que la justicia lo es en tanto genera un equilibrio y se hace presente para evitar abusos. Cuando está ausente, o más que ciega sólo abre un ojo, lo único que llega es la irracionalidad.

Recursos energéticos y pobreza Bolivia es el segundo país con más cantidad de pobres de Latinoamérica, detrás de Nicaragua, y el número uno en Sudamérica. Una quinta parte de su gente está desnutrida y otros indicadores igualan al país a niveles del Africa subsahariana, la región más pobre del mundo. El PBI boliviano ("tamaño" de su economía) es de US$ 7.900 millones, en teoría US$ 880 por persona al año, mal repartidos entre sus 9 millones de personas. Desde el año 2000 la economía no logra crecer más que 2,7%, en el mejor de esos años, un ritmo insuficiente lacerado también por la explosiva situación social. El campo, la minería y los recursos energéticos son la principal fuente económica. En 2003, una rebelión popular derribó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien realizó reformas neoliberales (privatizaciones, apertura, deudas externas) y antes de huir a Miami dejó compromisos de pagos por US$ 4.300 millones.

Son las nueve de la mañana y en esta puna hace 4 grados bajo cero. Las cholas parecen ser las únicas que trabajan. Están agachadas esparciendo los papines que van a dejar secar. Con las papas más dulces harán "chuño", que una vez deshidratado puede aguantar hasta tres o cuatro años a la espera de un buen guiso. Y con las papas amargas harán "túnta" que también aguantará otros dos o tres inviernos y que es buena para acompañar carnes. Los hombres de Ayo-Ayo parecen haber desaparecido.

Tuve que buscarlos por casi una hora. Cada vez que preguntaba por uno de los dirigentes campesinos del pueblo, las cholas me miraban con cara de nada. Tuvimos que cambiar de estrategia. Entramos en uno de los almacencitos que están frente a la plaza y comprar una bolsa de hojas de coca. De esa manera pudimos obtener algún dato más concreto mientras masticabamos las hojas secas para combatir el "soroche" (el mal de altura) que para entonces ya casi no nos dejaba mover. Cuando llegué a la casa del principal comunero, Cecilio Huanca, sólo salió un perro a ladrar. El pacto de silencio de los vecinos de Ayo-Ayo, juramentado en una asamblea el viernes, parece ser una barrera más alta que el Illimani que deja asomar su cumbre nevada en el horizonte.

Al regresar a la plaza principal estaban casi formados frente al monumento de Tupac Kafari cuatro representantes de la comunidad. "Esta desgracia viene de la impotencia", dice Augusto Mejía, un hombre de piel de cobre oscuro, gordo, con chambergo negro y unos anteojos enormes. "No hubo más remedio. Existía mucha corrupción con el finado Altamirano. El pueblo ha sido muy tolerante, hemos esperado la justicia sin pasar la legalidad, hemos estado en la fiscalía, en el ministerio, y nunca hubo respuesta. Finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir".

"Lo mataron por corrupto", agrega René Mita, otro de los comuneros del pueblo. ¿Cómo que lo mataron? ¿No lo mataron ustedes? "No, habrá de ser gente de afuera". "Se lo merecía, pero no sabemos quién lo hizo".

Ese es el clima de Fuenteovejuna que arrastran los vientos de Ayo-Ayo. Los casi 7.000 habitantes de la comuna aplicaron la ancestral justicia aimara, pero nadie lo asume. Hay dos detenidos, Saturnino Apaza, que era un enemigo político de Altamirano y Guillermo Mamani, un dirigente del Movimiento de los Sin Tierra. Y los comuneros aseguran que si no los sueltan para mañana, comenzarán a tomar más acciones violentas. "Vamos a explotar el gasoducto que pasa por atrás de nuestras tierras, vamos a cortar la ruta, vamos a tirar las líneas de electricidad que pasan por acá cerca", asegura Ramiro Silva, un comunero que habla alargando las palabras y marcando las zetas. Los comuneros exigen la libertad de los detenidos, la entrega de subsidios y la restitución de US$ 500.000 que supuestamente se habría robado Altamirano.

Casi las mismas reivindicaciones que lanzan sus hermanos aimara del otro lado de la frontera, en Perú. Allí también, en el pueblo de Ilave, a orillas del mítico lago Tititcaca, lincharon hace dos meses al alcalde por corrupto. En otros doce pueblos en los dos países, los intendentes tuvieron que huir antes de que los mataran turbas de mujeres collas que los iban a buscar para entregar a los comuneros que aplicarían la "ley incaica". El viernes, al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas una bebé de dos meses, cuando la policía quiso impedir que mataran a golpes al alcalde de Caraz, en el noroeste peruano. Y todo esto, en un clima general de retroceso de la democracia. En Perú, el presidente Alejandro Toledo tiene más del 90% de desaprobación y todos los sindicatos y partidos de oposición llamaron a una huelga general para el 14 de julio con el objetivo de derrocarlo. Su colega boliviano, Carlos Mesa no está en mejor situación. Asumió tras la destitución por inepto de Gonzalo Sánchez de Losada y ahora, el 18 de julio, debe enfrentar un referéndum por la explotación de los hidrocarburos —Bolivia tiene las segundas reservas de gas de la región con 54,9 trillones de pies cúbicos— al que se oponen todos los indígenas. Los aimara exigen la re-nacionalización del petróleo y el gas.

Otros aimara —son 1.250.000 del lado boliviano y otros 350.000 del lado peruano— no linchan a sus alcaldes pero expresan su descontento cortando las principales rutas del país. Ya lleva tres semanas cerrado el importante paso de Desaguadero en la frontera peruano-boliviana. Hay más de 800 camiones varados y con sus cargas pudriéndose. Los indios del lugar les exigen que entreguen la mercadería.

Al mismo tiempo, los aimara se preparan para recibir el equinoccio del año nuevo (Intiraymi) en las faldas del cerro Khunu, en el sitio sagrado del Tiwanaku, a 60 kilómetros de La Paz. Desde la medianoche del domingo, hasta las seis del lunes, miles de indígenas y turistas esperarán el comienzo del año 521 de la Quinta Era. Una celebración que puede traer paz o más guerra. En el pueblo de Ayo-Ayo dicen no saber qué vendrá. "El sol no los dirá el lunes. Por ahora vamos a recluirnos a pensar cómo vamos a terminar de una vez por todas con estos corruptos", dicen los comuneros. El tiempo no es para ellos un problema. Llevan más de 12.000 años en el altiplano, llegaron antes que los propios incas. Y si sumamos las cinco eras que transcurrieron desde entonces, mañana van a recibir el año 22.112.

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DETENIDO. Saturnino Apaza, el único acusado por el crimen en Ayo Ayo.

Vecinos de Ayo Ayo, a 87 kilómetros al sur de la capital boliviana, decidieron el miércoles en una asamblea pública permitir el ingreso de las autoridades para que investiguen el asesinato, pero se negaron a colaborar.

"Si alguien pretende la traición o se presta al jueguito, la comunidad verá cómo arregla con esa persona", dijo un vecino durante la reunión, según publicó ayer el diario La Prensa, uno de los pocos medios que presenció la asamblea. El resto de los asistentes apoyó ese criterio.

Altamirano fue secuestrado en la tarde del lunes en una calle céntrica de La Paz desde donde lo llevaron hasta el pueblo para torturarlo. Luego incendiaron su vivienda y lo ataron a un poste donde le dieron muerte para después incinerar su cuerpo.

Su cadáver fue encontrado en la plaza del pueblo la madrugada del martes. Lo acusaban de corrupción y estaba procesado por malversación.

Durante la asamblea, los pobladores de Ayo Ayo amenazaron, además, con bloquear una carretera que une al país con Chile y hacer volar torres de electricidad, si las autoridades no liberan a uno de los sospechosos del asesinato de Altamirano.

Un juez había enviado ayer a prisión preventiva a un penal de máxima seguridad al concejal de Ayo Ayo, Saturnino Apaza, único detenido acusado de instigar el secuestro y linchamiento de Altamirano. Pero el imputado negó los cargos.

El ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, reconoció ante una comisión legislativa que el Estado "ha perdido autoridad hace bastante tiempo" en varias regiones del altiplano.

"No hay dinero para garantizar el número suficiente de policías en los 318 municipios del país, a lo que se ha sumado la actitud hostil de varias poblaciones altiplánicas hacia la autoridad desde la convulsión de octubre del año pasado" que obligó a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, explicó.

Los cinco policías que vigilaban Ayo Ayo huyeron ante la hostilidad de los pobladores tras producirse el crimen del alcalde.

En los últimos tres años poblaciones aimara y quechuas en las regiones andino y subandino bolivianas han linchado a una docena de supuestos ladrones.

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HORROR. El cuerpo del alcalde Altamirano, calcinado, yace en la plaza principal de Ayo Ayo. (Foto:EFE).

El cuerpo de Benjamín Altamirano, de 45 años, apareció ayer a media mañana en la plaza central de Ayo Ayo, un pueblo ubicado 87 kilómetros al sur de La Paz y cerca de la frontera con Perú. La escena era siniestra: el cadáver, amarrado a un poste, estaba carbonizado, según informaron fuentes policiales y los familiares del funcionario.

El caso se parece bastante a otras rebeliones de los últimos meses en Latinoamérica, de indígenas que han sido históricamente postergados. Bolivia, justamente, con una población de ascendencia indígena cercana al 80%, es el país más pobre de América del Sur.

Con todo, las autoridades sospechan que este asesinato pudo tener motivaciones políticas y apuntan a concejales opositores.

La bronca estalló el lunes a la noche, luego de que Altamirano, también de origen aymara, fuera exculpado por la Corte Superior de La Paz de acusaciones sobre actos de malversación de fondos durante su gestión. Un grupo de personas lo interceptó en una calle céntrica de la capital y lo introdujo en un auto que partió con rumbo desconocido, según testigos. Más tarde, en Ayo Ayo, una turba enardecida lo golpeó, lo ató y le prendió fuego, confirmó el prefecto del departamento de La Paz, Nicolás Quenta. Según otras versiones, el alcalde fue secuestrado y torturado en su casa, que también habría sido incendiada.

Los habitantes de Ayo Ayo, en su mayoría indígenas aymara, exigían desde hace varios meses la dimisión del alcalde, al que acusaban de presunto desvío de fondos del municipio. Pero la furia no se calmó con su muerte. El pueblo, que no está lejos del peruano Ilave, vivió ayer una jornada de violencia incontenible.

Los policías que recuperaron el cuerpo calcinado de Altamirano y los dos fiscales que los acompañaban debieron escapar, junto con varios periodistas, debido a los insultos y amenazas de los campesinos del lugar. Según las imágenes difundidas por el canal estatal, los furiosos pobladores prohibieron a los periodistas que los enfocaran directamente y les lanzaron piedras.

Un camarógrafo de Canal 7 recibió una pedrada en la cabeza y debió ser llevado de emergencia a un hospital, mientras sus compañeros y autoridades se escaparon corriendo, contó a EFE el periodista Horacio Martínez.

"No querían que se los filmara. Hubo un forcejeo con algunos. Lanzaron piedras con hondas y tuvimos que salir corriendo", relató Martínez.

Otra periodista, Judith Prada, del canal PAT, declaró que tres reporteros fueron retenidos por un grupo de pobladores pero, tras insultarlos, fueron liberados diez minutos después y salieron junto con la policía.

Altamirano, militante del partido de los populistas de derecha Nueva Fuerza Republicana, había sido acusado de "corrupción y mal manejo de fondos municipales" por concejales de Ayo Ayo, quienes exigían su renuncia. Pero un juez de La Paz lo declaró inocente.

El subdirector de la policía técnica judicial, coronel Jorge Ayala, informó que fue arrestado bajo sospecha el presidente del Concejo Municipal, Saturnino Apaza.

La radio boliviana Panamericana citó a algunos miembros del Concejo Municipal, que declararon que Altamirano fue víctima de la "justicia comunitaria",. Según la radio, un grupo de campesinos, aparentemente instigados por los concejales disconformes, habría llevado a cabo el secuestro y asesinato.

El ataque ocurrió en el marco de una creciente agitación social en Bolivia, que desde hace más de un mes es escenario de un sinnúmero de manifestaciones por reivindicaciones laborales. Las protestas tienen un explícito trasfondo político en la oposición al referéndum del 18 de julio, convocado por el presidente Carlos Mesa, sobre la suerte de los recursos gasíferos del país.

Desde hace varias semanas una cantidad de rutas están cortadas por manifestantes en zonas del altiplano andino y en las fronteras con la Argentina, Paraguay y Perú, en protestas de campesinos que plantean demandas regionales y exigen la nacionalización de los hidrocarburos.
 

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