Un proyecto de ley que impulsa la creación de la figura del Defensor Indígena, con el objeto de "mejorar" la relación del Estado con los pueblos originarios, fue presentada en la Cámara de Diputados por el senador peronista Antonio Cafiero. El proyecto prevé que tanto el defensor nacional como las delegaciones provinciales reciban denuncias, articulen demandas y exigencias de los indígenas con el Estado previendo un mejor desempeño por parte de las autoridades hacia poblaciones que habitualmente son "objeto de prejuicios". Podrá también "iniciar investigaciones" para determinar violaciones, formular advertencias y recordatorios de deberes legales y funcionales y recomendar modificaciones a la legislación vigente. Argentina Indymedia, 8 de mayo de 2004.

La iniciativa prevé un proceso de consultas que se inició con los propios indígenas y continuará con preguntas a especialistas en el tema, aunque aún está por verse si esas propuestas llegarán a las comunidades -más de 800 en todo el país- más alejadas de los centros urbanos.

El organismo, que estará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, tendrá el objetivo de "promover y proteger" los derechos de los indígenas, así como la prevención y defensa "activa" ante la vulneración de esos derechos, de acuerdo con el proyecto al que tuvo acceso Télam.

Aunque la última palabra la tendrá el propio Parlamento, se convocará a un concurso público de antecedentes por el término de 30 días.

Se abrirá un registro de interesados que se publicará en los principales diarios del país y tras el cierre de la lista, habrá 15 días para impugnar a los candidatos.

Los requisitos para el cargo son la ciudadanía argentina, 30 años de edad como mínimo, título universitario, reputación de integridad, capacidad e imparcialidad y comprobable versación en temas relacionados con los derechos de los indígenas, así como conocimientos sobre historia, cultura y cosmovisión de los mismos.

Además, entre los motivos específicos que justifican el proyecto se mencionan el "desconocimiento" que los propios indígenas tienen de sus derechos, la discriminación por "razones de idioma o pertenencia étnica" y el aislamiento de muchas comunidades.

"Es decir, las relaciones fragmentarias y dificultosas con el Estado" que complican hasta la presentación de denuncias, agregan los fundamentos del proyecto al explicar la necesidad de una instancia específica que garantice el cumplimiento de sus derechos.

La iniciativa cuenta con 35 artículos que serán sometidos a la opinión de los interesados para su debate y enriquecimiento.

El proyecto prevé que tanto el defensor nacional como las delegaciones provinciales reciban denuncias, articulen demandas y exigencias de los indígenas con el Estado previendo un mejor desempeño por parte de las autoridades hacia poblaciones que habitualmente son "objeto de prejuicios".

Pero el defensor de los aborígenes podrá también "iniciar investigaciones" para determinar violaciones, formular advertencias y recordatorios de deberes legales y funcionales y recomendar modificaciones a la legislación vigente.

El articulado propuesto avanza sobre duración del mandato (cinco años) con reelección, funciones e incompatibilidades (cualquier actividad privada con excepción de la docencia universitaria). (Télam)
 
 

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