Indígenas aymaras y representantes del gobierno peruano acordaron ayer poner fin a un prolongado conflicto de casi dos meses en Ilave, sudeste de Perú, donde sus pobladores lincharon a fines de abril al alcalde, a quien acusaban de corrupción. Amnistía Internacional advirtió ayer, en su informe anual, que la crisis en Ilave es "una expresión de inseguridad, ausencia del Estado y crisis de derechos humanos en Perú". Clarín (Buenos Aires), 27 de mayo de 2004.
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NEGOCIACION ENTRE EL GOBIERNO PERUANO Y LA COMUNIDAD AYMARA EN ILAVE
Acuerdo en Perú pone fin a una protesta
LIMA. AFP Y EFE. Indígenas
aymaras y representantes del gobierno peruano acordaron ayer poner fin
a un prolongado conflicto de casi dos meses en Ilave, sudeste de Perú,
donde sus pobladores lincharon a fines de abril al alcalde, a quien acusaban
de corrupción.
El acuerdo establece que los pobladores de Ilave levantan la huelga general que se reinició la semana pasada y aceptan desbloquear el puente internacional que conduce a la frontera con Bolivia, informó el viceministro del Interior, Richard Díaz.
Por su parte, el gobierno se comprometió a iniciar el retiro gradual de tropas del ejército que habían sido desplazadas a esa localidad en los últimos días en apoyo de la policía ante el recrudecimiento de la violencia, añadió.
Otro punto del acuerdo alcanzado es la instalación, la semana próxima, de una mesa de diálogo para analizar la situación.
Los dirigentes aymaras dijeron que insistirán en que se anule la orden de detención de los concejales del municipio que están acusados de ser los presuntos autores del asesinato del alcalde Cirilo Robles.
El conflicto se inició a comienzos de abril al declararse la población en huelga general contra el alcalde, a quien acusaban de corrupción. La protesta desencadenó una rebelión popular que culminó el 26 de abril con el estallido de una revuelta en que Robles fue linchado por una turba de indígenas aymaras.
El asesinato y posteriores acusaciones de inacción al gobierno provocaron la caída del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, un hombre clave del presidente Alejandro Toledo, quien fue censurado por el Congreso.
Amnistía Internacional advirtió
ayer, en su informe anual, que la crisis en Ilave es "una expresión
de inseguridad, ausencia del Estado y crisis de derechos humanos en Perú".
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