La denuncia estaba basada en una emisión televisiva donde la legisladora se refiere a la comunidad colla como "medio opa" ante un supuesto periodista internacional. Apelando a la figura de mal desempeño, la ONG solicitó su inmediata suspensión y posterior remoción. La solicitud fue avalada por diversas comunidades indígenas. Con este caso se trata por primera vez un pedido de expulsión basándose en el reglamento de remoción de consejeros promulgado a instancias de Poder Ciudadano. El juez Cornejo, ante el pedido de postergar la decisión para la próxima reunión, sostuvo que la diputada se vería perjudicada porque en estos momentos está abocada a la campaña apoyando a uno de los candidatos presidenciales. Noticias on line (San Martín de los Andes), 30 de abril de 2003.
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Noticias on line (San Martín
de los Andes), 30 de abril de 2003.
Rechazaron el pedido de remoción de la diputada Chaya
Sin sanción para la diputada
que injurió a los collas.
El Consejo de la Magistratura Nacional se declaró incompetente y desestimó el pedido de remoción por mal desempeño de Leila Chaya, diputada salteña y vicepresidenta del cuerpo, quien se refirió a los collas como "medio opas".
(INFOCIVICA, Buenos Aires, 30 de abril de 2003)-. Esta mañana, el plenario del Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de remoción de la consejera Lelia Chaya (PJ), presentado por Poder Ciudadano, al considerar que la diputada había sido engañada por un programa cómico y que las acciones de los legisladores en sus despachos del Congreso no pueden ser juzgadas por el Consejo. La denuncia estaba basada en una emisión televisiva donde la legisladora se refiere a la comunidad colla como "medio opa" ante un supuesto periodista internacional. Apelando a la figura de mal desempeño, la ONG solicitó su inmediata suspensión y posterior remoción. La solicitud fue avalada por diversas comunidades indígenas. Con este caso se trata por primera vez un pedido de expulsión basándose en el reglamento de remoción de consejeros promulgado a instancias de Poder Ciudadano.
"En el pedido de expulsión de Chaya, el Consejo de la Magistratura optó por imponer el sentido corporativo por sobre el criterio jurídico poniendo de manifiesto --al rechazarlo sin habilitar su tratamiento-- que los ciudadanos, si quieren recuperar las instituciones, tienen que monitorearlas", sostuvo Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
La remoción de la consejera fue tratada durante aproximadamente una hora y estuvieron presentes miembros de la ONG. El debate se basó en no sancionar a la diputada porque sus dichos fueron difundidos a través de un programa humorístico. Se agregó a este argumento la postura de Ricardo Gómez Diez (senador por el Partido Renovador de Salta) quien sostuvo que el Consejo de la Magistratura no tenía facultades para sancionar a Chaya porque sus declaraciones fueron realizadas en su despacho de diputada y eso era prueba de que estaba en ejercicio de sus funciones de legisladora. Joaquín Da Rocha (representante del Poder Ejecutivo), Abel Cornejo y Victoria Pérez Tognola (representantes de los jueces), Lino Palacio y Beinusz Szmukler (representante de los abogados) y Miguel Pichetto (senador PJ) también adhirieron a la propuesta impulsada por Gómez Diez sobre la incompetencia del Consejo para sancionar a los legisladores. Palacio sustuvo que "el problema de la discriminación es secundario" puesto que la mayor parte del diálogo se desarrolló sobre su tarea como legisladora. Picchetto dijo que "los programas buscan el desprestigio de la representación política y debemos prevenirnos de qué medios atendemos". Por su parte el juez Cornejo, ante el pedido de postergar la decisión para la próxima reunión, sostuvo que la diputada se vería perjudicada porque en estos momentos está abocada a la campaña apoyando a uno de los candidatos presidenciales.
"Es una barbaridad que el Consejo considere que no cuenta con facultades para sancionar a un legislador porque, con ese criterio, cualquier diputado o senador del Consejo podría tener una actitud antidemocrática en su despacho de legislador y seguir seleccionando y acusando jueces", sostuvo María Julia Pérez Tort, coordinadora del Área Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.
Por su parte, los consejeros Marcela Rodríguez, Quiroga Lavié y Caviglione Fraga coincidieron en que no había causal de discriminación pero consideraron que el Consejo sí tiene facultades para sancionar a cualquiera de sus miembros. Rodríguez sostuvo que sería necesario abrir un sumario para dejar sentados los fundamentos de que en este caso no se habría cometido discriminación por tener la diputada Chaya una trayectoria a favor de las comunidades indígenas.
"Si los consejeros consideraban que Chaya no discriminó, deberían haber abierto un sumario para dejar sentados sus fundamentos y no esconderse en los fueros o decir que era un programa cómico y que fue engañada cuando ella creía que estaba siendo grabada por un periodista extranjero", afirmó Pérez Tort.
Humberto Quiroga Lavié (representante de los académicos) sostuvo que los consejeros tienen la obligación de preservar la integración del cuerpo procurando que sus miembros tengan un comportamiento irreprochable, "tanto en el ámbito privado como público". El juez Caviglione Fraga adhirió a este planteo y agregó que el Consejo no puede declararse incompetente ya que existe el reglamento de remoción para este tipo de cuestiones.
El art. 7º de la ley del Consejo de la Magistratura faculta al Consejo a "Remover a sus miembros de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure derecho de defensa al acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el procedimiento de su remoción."
Hasta marzo 2002, el Consejo de la
Magistratura carecía de instrumentos para remover a sus miembros.
Recién se logró implementar luego de más de un año
de lobby cívico de Poder Ciudadano que a partir del procesamiento
del senador Ricardo Branda, acusado de dádivas cuando se desempeñaba
también como consejero, comenzó a exigir la creación
de un mecanismo institucional para remover a los miembros sospechados.
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