"No permitiremos que nuestros jóvenes se enrolen en esa fuerza, porque la guerra no hace parte de nuestra cultura y porque nuestros pueblos son autónomos para crear sus propios mecanismos de defensa", dijo Lizardo Domicó, directivo de la Organización Indígena de Colombia. El legislador indígena Gerardo Jumí opinó que "en vez de generalizar el conflicto y poner a los campesinos como carne de cañón de los grupos violentos, el gobierno del presidente Alvaro Uribe debería optar por la solución negociada del conflicto y emprender las profundas reformas sociales, económicas y políticas que reclaman los colombianos". Clarín (Buenos Aires), 24 de agosto de 2002. 

 
 

Clarín (Buenos Aires), 24 de agosto de 2002.
 

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO COLOMBIANO DE INCORPORAR CAMPESINOS AL EJERCITO
 

Los indígenas no quieren ir a la guerra


Líderes indígenas y políticos colombianos rechazaron ayer el plan del gobierno de Alvaro Uribe de reclutar a 15.000 campesinos en las fuerzas contrainsurgentes, señalando el riesgo de una escalada que puede dejar a los pueblos aborígenes a merced de los poderosos grupos armados ilegales.

"No permitiremos que nuestros jóvenes se enrolen en esa fuerza, porque la guerra no hace parte de nuestra cultura y porque nuestros pueblos son autónomos para crear sus propios mecanismos de defensa", dijo Lizardo Domicó, directivo de la Organización Indígena de Colombia.

El líder de la ONIC señaló que los aborígenes tienen sus propios alguaciles y patrulleros que garantizan el orden y protegen a los caciques y a los otros miembros de las comunidades, y que en algunas aldeas promueven la resistencia civil pacífica ante guerrilleros y paras.

"Pero no queremos enrolarnos en el Ejército para convertirnos en objetivo militar de alguno de los bandos en conflicto, que claramente nos pueden exterminar", enfatizó el dirigente aborigen.

Domicó añadió que los indígenas dicen "no a la guerra y sí a la negociación política para resolver el conflicto" y que consideran que, de todos modos, el Estado está en la obligación de proteger a todos los ciudadanos "sin poner a los más débiles como carne de cañón de la violencia".

"Cuando un indígena se involucra en cualquier grupo armado, legal o ilegal, pierde la esencia de su cosmovisión y habitualmente regresa a su comunidad convertido en un ser agresivo", afirmó Domicó, coordinador del Consejo Nacional de Paz de la ONIC, que representa al millón de aborígenes de Colombia, país de 42 millones de habitantes.

La ministra colombiana de Defensa, Martha Lucía Ramírez, anunció el jueves que unos 15.000 jóvenes campesinos de diferentes regiones del país ingresarán a las filas para prestar el servicio militar obligatorio, con la novedad de que éstos no serán trasladados de las poblaciones donde residen y dormirán en sus hogares. Los campesinos rebirán adiestramiento, un fusil y un sueldo para formar para de las fuerzas militares, actualmente de 130.000 hombres.

Para el legislador indígena Gerardo Jumí, incorporar campesinos "sólo provocaría el escalonamiento del conflicto interno y el involucramiento de los civiles en la guerra". El congresista denunció el pasado 9 de agosto, al conmemorarse el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que las etnias nativas de Colombia están en peligro de ser exterminadas por los guerrilleros de las FARC (17.000 efectivos) y el ELN (4.000), así como por los paramilitares de extrema derecha (10.000).

Jumí opinó que "en vez de generalizar el conflicto y poner a los campesinos como carne de cañón de los grupos violentos, el gobierno del presidente Alvaro Uribe debería optar por la solución negociada del conflicto y emprender las profundas reformas sociales, económicas y políticas que reclaman los colombianos".

Con la incorporación de esos campesinos al Ejército, el gobierno de Uribe busca conformar aceleradamente una red de un millón de colaboradores civiles en la lucha contrainsurgente, pese a las críticas de distintas entidades humanitarias. La medida pretende dotar de efectivos de fuerza pública a cerca de 500 municipios —de los 1.098—, que carecen de presencia militar y policial. El ex candidato presidencial y líder de la izquierda, Luis Eduardo Garzón, aseguró que "la generalización de la guerra no es la solución para un país que tiene problemas de todo tipo".
 

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