El secretario de Empleo de la Provincia, Aníbal Caro, consideró ayer que las reclamaciones de las comunidades aborígenes del Norte de la Provincia -especialmente de los municipios San Victoria Este y Tartagal- se han excedido y están aplicando metodologías no compatibles con un sistema democráticamente organizado. "Se están habituando a efectuar cortes de ruta, cobrar a los automovilistas y trasladarse a Salta con lo recaudado. De hecho, no es la forma correcta de actuar. Ahora, como en este último caso, han arribado aquí y los legisladores de su zona han debido salir a procurar recursos para alimentarlos, hacerlos pasar la noche y alquilar unidades de transporte para que los regresen". El Tribuno (Salta), 17 de octubre de 2002. 

El Tribuno (Salta), 17 de octubre de 2002.

"Están pidiendo cosas imposibles", dijo el secretario de Empleo

Aníbal Caro, secretario de Empleo de la Provincia.

El secretario de Empleo de la Provincia, Aníbal Caro, consideró ayer que las reclamaciones de las comunidades aborígenes del Norte de la Provincia -especialmente de los municipios San Victoria Este y Tartagal- se han excedido y están aplicando metodologías no compatibles con un sistema democráticamente organizado.

"Cada vez que precisan o creen tener necesidades, salen a cortar la ruta, a pedir "colaboraciones" a los usuarios de las vías y emprenden viaje hacia la capital", señaló el funcionario, al hacer referencia en forma específica a un grupo de 130 wichís de Alto la Sierra (Chaco Salteño) y Kilómetro 6 (Tartagal) que llegaron antenoche a la ciudad para presentar un petitorio que podría considerarse "desmesurado".

"Solicitan desde más subsidios nacionales del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, hasta camionetas, ambulancias, creación de comedores escolares, titularizaciones en cargos públicos, construcción de nuevas escuelas y jardines de infantes hasta la designación de choferes y otros pedidos", ejemplificó el titular de la cartera provincial de Empleo.

Según Caro, en relación a los subsidios para el plan Jefes y Jefas de Hogar, "los aborígenes nos extendieron una solicitud para que sean incluidos en el programa 166 nuevos beneficiarios. En esa zona se inscribieron en mayo 204 personas, de las que cobran actualmente 100, lo que involucra el 38% de la población. En efecto, consideramos que el porcentaje de beneficiarios es exiguo, sobre todo si lo comparamos con General Mosconi, por ejemplo, donde el 70% de la gente, cobra, siendo una realidad incuestionable que las necesidades de Alto la Sierra son mayores que en Mosconi y las posibilidades laborales, menores".

"Pero hay que dejar en claro que el Gobierno de la provincia no tiene potestades resolutivas en la concesión de estos subsidios, que son exclusivo resorte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los manifestantes quieren negociar con nosotros cuestiones que no podemos porque carecemos de facultades para ello. Lo que hemos hecho, es analizar la nómina de los 166 ciudadanos que solicitan sean incluidas en el programa nacional: de ese total, hay 102 que nunca se inscribieron y sobre los cuales iniciamos los trámites inmediatamente ante las autoridades de Buenos Aires".

"pero en el grupo total -puntualizó- hay 60 que son menores de edad y por lo tanto no pueden ser considerados dentro del sistema y 27 que están a cargo de un subsidiado -ya sea en calidad de hijos o esposas o esposos de un beneficiario- y que por ello mismo no se hallan en condiciones de ser incorporados", dijo Caro.

Finalmente, el funcionario precisó que "también han venido a pedir que la presidencia del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) quede en manos de un miembro de la comunidad wichí, cuestión que tampoco es resorte gubernamental, en virtud de que dicho cargo debe ser resuelto de manera democrática por los congresales de cada una de las siete etnias que componen el arco de pueblos aborígenes de la provincia. El Estado no puede interferir ni menos digitar nada en esa materia", enfatizó.

Por último, cuestionó nuevamente las metodologías que se están aplicando entre los aborígenes para sus reclamaciones: "se están habituando a efectuar cortes de ruta, cobrar a los automovilistas y trasladarse a Salta con lo recaudado. De hecho, no es la forma correcta de actuar. Ahora, como en este último caso, han arribado aquí y los legisladores de su zona han debido salir a procurar recursos para alimentarlos, hacerlos pasar la noche y alquilar unidades de transporte para que los regresen", concluyó.
 

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