El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de quinta nominación, Federico Cortés, ordenó la restitución en el cargo de presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) al cacique norteño Emilio Díaz, quien había dejado la titularidad luego que el Gobierno de la provincia decretara la intervención del organismo al detectarse cuantiosas irregularidades. Todas las ex autoridades del IPPIS fueron denunciadas penalmente por el estado a raíz de la sustracción de los elementos de su potestad, que fueron trasladados a un domicilio particular, que -en otro suceso confuso- fue reconocido por el juez Cortés como sede de la institución. El Tribuno (Salta), 9 de octubre de 2003. 

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de quinta nominación, Federico Cortés, ordenó la restitución en el cargo de presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) al cacique norteño Emilio Díaz, quien había dejado la titularidad luego que el Gobierno de la provincia decretara la intervención del organismo al detectarse cuantiosas irregularidades.
La interdicción oficial fue dispuesta el 7 del corriente y la comisión tripartita que se hizo cargo, fue posesionada al día siguiente. La ceremonia respectiva fue atípica, ya que previo a la realización del acto legal respectivo se encontraron las puertas de las oficinas del IPPIS -que funciona en dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social- cerradas y hubo que llamar a un cerrajero para poder ingresar a las mismas.

Sin embargo, tras ello, se detectó otro hecho anómalo: Díaz y el resto de la comisión directiva, habían vaciado el inmueble, llevándose consigo toda la documentación e incluso la totalidad del mobiliario, salvo los estantes.

El mandamiento judicial, fue fechado el mismo día en que se hicieron cargo las nuevas autoridades, aunque fue conocido ayer porque lo distribuyó vía fax una ONG denominada "Fundación Norte Grande". Lo extraño del documento, es que no se refiere a una restitución por mal procedimiento gubernamental en la intervención, sino a un amparo presentado por Díaz en julio de este año contra tres dirigentes aborígenes (Valdivieso, Yaguari y Palacios), que habían determinado, en una reunión, separarlo de sus funciones y designar en su reemplazo a José Palacios, quien, por otra parte, nunca llegó a asumir.

Todas las ex autoridades del IPPIS, fueron denunciadas penalmente por el estado a raíz de la sustracción de los elementos de su potestad, que fueron trasladados a un domicilio particular, que -en otro suceso confuso- fue reconocido por el juez Cortés como sede de la institución.
 

©1995 - 2002 El Tribuno | Derechos reservados

Enlace al artículo original.