Representantes de comunidades mapuches de toda la provincia manifestaron ayer en esta ciudad su rechazo al proyecto de regularización de tierras fiscales enviado a la Legislatura por el gobernador Pablo Verani. Reivindicaron su "permanencia y pertenencia" al territorio originario y advirtieron que no conciben a la tierra "como una mercancía que se compra y que se vende", en razón de que el gobierno incluyó en el debate una propuesta sobre el precio por hectárea que debería pagar cada ocupante para lograr los títulos de la parcela pretendida. Otra voz que se alzó contra la iniciativa fue la de varios grupos ambientalistas, que ven detrás de la iniciativa el interés por "apurar un negocio" fundado en el alto valor de las tierras fiscales cordilleranas y la posibilidad de que terminen en manos de inversores extranjeros. También la Pastoral Social de la Diócesis de Bariloche de la iglesia Católica admitió su "preocupación" por el proceso de reforma de la ley de Tierras, extrañados por la "premura" del gobierno radical en resolver la cuestión antes de las elecciones, y recordó que la ley 279 en vigencia establece "incuestionables principios cristianos" al señalar que "la tierra es propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad". Rio Negro (Viedma), 29 de julio de 2003. 

Reivindicaron su permanencia y pertenencia al territorio originario.
Aseguraron que no conciben la tierra como una mercancía.
Integrantes de la Coordinadora se movilizaron al Centro Cívico.
 

Un centenar de integrantes de la Coordinadora participó de la movilización que exigió que los escuchen en el tema de las tierras.

Reivindicaron su "permanencia y pertenencia" al territorio originario y advirtieron que no conciben a la tierra "como una mercancía que se compra y que se vende".

Esto en razón de que el gobierno incluyó en el debate una propuesta sobre el precio por hectárea que debería pagar cada ocupante para lograr los títulos de la parcela pretendida.

Alrededor de un centenar de personas participó ayer de la movilización convocada por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, que concluyó al mediodía en el Centro Cívico.

La columna fue encabezada por varios músicos con sus pilficas y cultrunes. Muchos llevaban el atuendo tradicional mapuche y otros agitaban la clásica bandera multicolor.

Hubo miembros de comunidades indígenas locales también de Catriel, Viedma, Jacobacci y otros parajes de la Línea Sur. También participó el candidato a intendente del Movimiento Comunidad Organizada, Ernesto Crivelli, y varios militantes de Izquierda Unida.

La Coordinadora del Pueblo Mapuche emitió un documento en el que señalan que rechazarán cualquier ley de Tierras "que no contenga los principios de participación, consulta y consentimiento" de las comunidades originarias.

El dirigente Luis Pilquimán dijo que el acto de ayer sólo es "el primer paso de una lucha" por la defensa del territorio y contra la amenaza del proyecto presentado por el gobierno.

El planteo de los mapuches es divergente con el sostenido por otros antiguos pobladores rurales que sí están reclamando la implementación de un urgente plan de titularización.

Otra voz que se alzó contra la iniciativa fue la de varios grupos ambientalistas, que ven detrás de la iniciativa el interés por "apurar un negocio" fundado en el alto valor de las tierras fiscales cordilleranas y la posibilidad de que terminen en manos de inversores extranjeros.

Los mapuches anticiparon que si no son escuchados promoverán "acciones legales nacionales e internacionales" para defender los derechos que la Constitución les reconoce como pueblo "preexistente al Estado".

"Con este acto estamos diciendo basta, porque el huinca y el gobierno no tienen legitimidad para decidir sobre nuestro territorio", sostuvo Pilquimán.

También la Pastoral Social de la Diócesis de Bariloche de la iglesia Católica admitió su "preocupación" por el proceso de reforma de la ley de Tierras. Se mostraron extrañados por la "premura" del gobierno radical en resolver la cuestión antes de las elecciones.

El organismo eclesiástico recordó que la ley 279 en vigencia establece "incuestionables principios cristianos" al señalar que "la tierra es propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad".
 

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