Si las vacilaciones no caben al momento de hacer respetar el ordenamiento jurídico, tampoco hay lugar para titubear acerca del nivel de reconocimiento que merecen los derechos de nuestras minorías étnicas.
 

La violencia ha recrudecido en la zona mapuche, en especial en la Novena Región, y lo ha hecho de modo preocupante.

 Lo que hasta ahora se reducía a enfrentamientos esporádicos entre empresas madereras y comunidades o grupos nativos del área, se ha convertido en una virtual guerra no declarada. Esta ha sido emprendida en contra de aquellas firmas y de particulares dedicados a la explotación de bosques, por los mapuches que estiman de su propiedad las tierras en las cuales esos recursos se emplazan.

 A los reiterados incidentes ocurridos, los que ya arrojan saldos muy negativos en heridos, detenidos y daños materiales, se suman sospechas fundadas de incendios forestales intencionalmente provocados. Como autores de ellos se sindican a sectores mapuches más exaltados, los que estarían amparados o actuando en connivencia con grupos ecologistas, con otros vinculados a partidos políticos de extrema izquierda e, incluso,con extranjeros, como los que han sido detenidos y expulsados del país en las últimas horas.

 Esto configura un escenario lleno de nubarrones, en el cual no están ausentes las armas de fuego, los financiamientos de origen desconocido para las actividades de los indígenas más belicosos... ni tampoco las comparaciones con la situación del estado mexicano de Chiapas. Ese cuadro se complica por el viraje que los movimientos subversivos de Latinoamérica y los grupos marxistas más ortodoxos han dado hacia el mundo indígena del subcontinente, tras perder sus banderas de lucha tradicionales, luego del derrumbe de los socialismos reales.

 Las apelaciones a organismos internacionales anunciadas por entidades que agrupan a las etnias originarias envueltas en el conflicto, amenazan con darle al mismo un cariz extranacional. Y esto, más el clima de incertidumbre que se vive en la zona en cuestión, implica riesgos económicos para el país. Porque éste ofrece importantes oportunidades de inversión foránea en el campo forestal, y porque, además, la exportación de madera constituye una de sus principales fuentes de divisas.

 El asunto no es de entidad menor. Es de gran importancia y debe ser abordado en ese contexto.

 Esto implica una rigurosa aplicación de la legislación vigente y, por ende, del estado de derecho, con la finalidad de evitar mayores desbordes y la extensión del incordio.

 Pero si las vacilaciones no caben al momento de hacer respetar el ordenamiento jurídico, tampoco hay lugar para titubear acerca del nivel de reconocimiento que merecen los derechos de nuestras minorías étnicas.

 En particular aquellos que sin representar pérdida de sus identidades,les significan posibilidades ciertas de incorporarse a la comunidad nacional y abandonar su actual estado de marginalidad.

 El acceso a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la salud, etc.,deben dejar de ser proclamaciones líricas. Es necesario convertirlas en hechos tangibles para pueblos que, además, requieren claridad meridiana respecto de la propiedad de tierras ancestrales que la ley les reconoce.

 Y también capacitación y recursos para explotarlas.

 En tanto esas y otras demandas parecidas no sean satisfechas, continuará el clima de belicosidad que comentamos y el ambiente favorable para quienes buscan en el problema indígena y en la pobreza que lo rodea, un cauce para sus objetivos políticos.