Parlamentarios del PPD afirmaron que hay antecedentes fundados para anticipar un conflicto de extrema peligrosidad en los próximos días en la Novena y Octava Región.
 

Juan Andrés Quezada, Fredy Palomera y Víctor Hugo Durán 

Se acrecienta la tensión entre los comuneros de El Pantano y Temulemu, en las cercanías de Traiguén. Parlamentarios temen nuevos brotes de violencia. Lo mismo para el caso del Alto Biobío.  Foto: PEDRO RODRIGUEZ   Obispos En Temuco, el obispo Sergio Contreras criticó el accionar de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y argumentó que estas deficiencias han causado decepción entre los indígenas.  Al requerir una opinión de parte del director de Conadi, Rodrigo González, éste no fue encontrado, porque, según dijo su secretaria,participaba de varias reuniones que lo mantendrían ocupado todo el día y que sólo hoy podría atender a la prensa.

Una escalada de hechos de violencia se podría desencadenar en los próximos días en distintas reducciones indígenas cercanas a Traiguén, en la Novena Región, denunciaron parlamentarios del Partido por la Democracia (PPD), basándose en análisis realizados por la Policía de Investigaciones y anuncios de los propios mapuches de la zona.

 De acuerdo a diversos antecedentes, ha aumentado la tensión en la zona,aunque a nivel de Gobierno se desestimó la posibilidad de nuevos y más violentos conflictos.

 El senador Roberto Muñoz Barra alertó ayer en La Moneda al subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, que el anuncio realizado por empresas forestales Arauco y Mininco, en orden a iniciar la tala de 1.800 hectáreas de eucaliptus y pinos en terrenos colindantes a las comunidades mapuches, desataría la ira de los comuneros de las reducciones de Temulemu y El Pantano.

 "Sería como tirar un chorro de bencina al conflicto indígena", opinó el parlamentario y propuso la creación de una comisión interministerial que aborde en forma inmediata el conflicto y destine en cinco años un total de 50 mil millones de pesos para solucionar las demandas de terrenos de los mapuches.

 Muñoz Barra viaja hoy a la Novena Región, donde se reunirá en la tarde con los comuneros de la zona.

 Pickering restó importancia a las declaraciones del parlamentario,señalando que "el pueblo mapuche no está en una actitud de violencia ni pretende violar el orden institucional del país. Los incidentes ocurridos son focos puntuales, protagonizados por pequeños grupos".

 Y aunque el senador rechazó la determinación de expulsar a tres ciudadanos extranjeros, Pickering reiteró que se insistirá ante la Corte Suprema si el fallo favorece a los turistas acusados de participar en disturbios en Ralco y Traiguén.
 
 

SUPLANTACION

 De acuerdo a la denuncia de los parlamentarios, y corroborada por un brigadista que conversó con La Tercera, un gran número de estos vigilantes tiene instrucción militar o es ex uniformado y además cuenta con permiso para portar armas de fuego.

 El informe emanado tras el ataque a dos camionetas en las inmediaciones de Temulemu, a mediados de enero, establece que ambos vehículos eran de propiedad de Esespa. Según los parlamentarios, estos brigadistas portan armas de fuego y estarían suplantando la labor de la policía uniformada,al realizar controles rutinarios en los caminos públicos a los mapuches e incluso hostigamiento en las propias comunidades.

 Además, dijeron, otro informe de Investigaciones del 22 de enero,demuestra que el llamado Frente Comunal por la Defensa de las Tierras de Collipulli-que agrupa a unos 130 propietarios agrícolas- "estaría adquiriendo armas para impedir a toda costa la usurpación de sus tierras" por parte de los mapuches.

 Debido a estos antecedentes, señalaron, se hace urgente la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

 Un brigadista de Mininco y que pidió absoluta reserva de su identidad,indicó a La Tercera que tanto él como varios de sus compañeros trabajan armados y que de ello está informada la empresa que les subcontrató (Osepar) para proteger los bosques de la forestal. "El 60 por ciento de los brigadistas son ex uniformados", dijo.

 Puntualizó que al momento de ser requeridos como trabajadores, se les exige formación militar para integrar una "brigada de choque", cuyo único fin es proteger a como dé lugar las faenas de la empresa ante arremetidas indígenas y figurar ante la opinión pública sólo como encargados de evitar la aparición de focos de incendios.

 Al respecto, Pablo Iturriaga Roncagliolo, uno de los dueños de tres empresas de recursos humanos (Osepar -para vigilancia privada-, Esespa
-recursos humanos- y otra de aseo), indicó que los únicos trabajadores con que provee a Mininco y otras forestales son para el control y prevención de incendios y que en ningún caso son guardias.

 Al ser consultado respecto de la posibilidad de que sus trabajadores estén armados, descartó absolutamente la versión, asegurando que nunca ha estado en sus intenciones faltar a la ley que tiene que ver con el porte de armas, asegurando que incluso sus funcionarios que sí trabajan como guardias (pero no en empresas forestales) lo hacen desarmados.