Forestal Mininco, en tanto, solicita un ministro en visita para aclarar nuevos incidentes del sábado en la zona de Traiguén.
 

TRAIGUEN (María Angélica Venegas).- La Intendencia de la Región de la Araucanía presentó ayer una querella criminal - por los delitos de incendio intencional, daños a la propiedad privada y lesiones a un periodista- contra quienes resulten responsables de la destrucción de maquinaria forestal en las proximidades de un campamento de la empresa Mininco, el sábado último.

El escrito se formalizó ante el Juzgado del Crimen de Traiguén y su objetivo es esclarecer este cuarto y violento atentado perpetrado por mapuches en contra de la citada empresa maderera.

Por su parte, el gerente de asuntos públicos de Mininco, Rodrigo Hermosilla, informó que personeros de esa forestal plantearon al Gobierno, en Santiago, que solicite ante la Corte de Apelaciones de Temuco la designación de un ministro en visita para aclarar este hecho. De ser así, esta sería la segunda designación que haría el tribunal de alzada, a petición del Ejecutivo, por actos violentistas en la zona.

En enero último asumió como ministro en visita el magistrado Archivaldo Loyola, tras registrarse una emboscada por parte de mapuches contra dos camionetas que transportaban a guardias de la empresa. Si bien hubo heridos de gravedad, hasta la fecha el proceso no registra avances.

Se informó también que al escrito presentado por la Intendencia Regional se sumará en las próximas horas una segunda acción judicial. En ésta la empresa forestal pedirá investigar el origen de cincuenta incendios forestales intencionales que el sábado afectaron sus predios con posterioridad al ataque perpetrado a la maquinaria y cuyos autores fueron una veintena de encapuchados.

Según precisó el asesor jurídico de Mininco, Héctor Barja, resta por definir si se tratará de una nuevo libelo o bien se pedirá la ampliación de una de las querellas tramitadas en el juzgado del Crimen de Traiguén.

El intendente Oscar Eltit se refirió ayer a estos nuevos hechos de violencia en los que existen fundados antecedentes de que tomaron parte elementos ajenos a tres de las comunidades de la zona, pero con apoyo de algunos jóvenes de ellas. Dijo la autoridad que tras estos sucesos se esconde el propósito de impedir la solución definitiva a las inquietudes de los residentes permanentes de la zona.

La máxima autoridad política de la región reconoció que existen antecedentes que confirmarían que quienes lideran los ataques a la propiedad privada son ajenos a las comunidades de Temulemu, Pantano y Didaico, pero directamente vinculados al movimiento mapuche. Análisis de inteligencia policial confirman que se trataría de dirigentes o comuneros pertenecientes a organizaciones de la Octava Región.

Es por lo anterior que en el requerimiento judicial redactado por los abogados Vivian Brevis e Ismael Campos se pide, entre las diligencias, que concurran a declarar, entre otros, el dirigente José Huenchunao - perteneciente a la autodenominada coordinadora de comunidades de conflicto de Arauco y Malleco- y Galvarino Raimán, dirigente de la Asociación Mapuche de Lumaco; además de periodistas y reporteros gráficos que han sido testigos de los incidentes.

También se solicitan amplias facultades de investigación para las policías civil y uniformada.

El Intendente Eltit (PPD) y el Gobernador Roberto Parant (PDC), quien opina que se está en presencia de actos terroristas, sostuvieron una reunión privada con la magistrada de Traiguén, Silvia Molina, a quien le expusieron su preocupación por la lenta tramitación de las causas vinculadas a conflictos entre madereros e indígenas que ha caracterizado a su tribunal. Tras la cita, la magistrada declinó conversar con la prensa, mientras Eltit se mostró confiado en que esta vez se actuará con diligencia y prontitud en un caso que ha despertado la preocupación regional.

Si bien los mayores de las comunidades han expresado su molestia y rechazo por el clima de beligerancia que afecta a los suyos, en general los más jóvenes protegen y simpatizan con los líderes más radicalizados. Estos activistas, entre los que está el denominado "comandante", gestor de al menos dos de los cuatro ataques al campamento forestal y autor de la agresión a un periodista el sábado, no aspiran a relacionarse con la prensa ni lograr protagonismo, por lo que han impartido expresas instrucciones a los comuneros de negar su existencia.

El lonco de Temulemu, Pascual Pichún; el presidente de la comunidad de Didaico, Aniceto Norín, y el dirigente de Pantano, Ricardo Nahuelpi, expresaron en declaraciones a la prensa local la necesidad de que la policía detenga a los elementos exaltados. Según se informó, gran parte de las diligencias persiguen determinar la identidad del llamado "comandante", un individuo de aproximadamente 30 años, pelo y tez oscuros, de contextura corpulenta y de aproximadamente 1,80 metro de estatura. Ayer, el jefe de la IX zona de Carabineros, general Mauricio Catalán, dijo que la policía uniformada no se ha visto sobrepasada por las actuaciones de grupos radicalizados y que si bien existe resguardo policial en las inmediaciones del campamento de Mininco, en el sector rural de Traiguén hubo un relajo de las recomendaciones de la policía, en el sentido de efectuar trabajos en zonas aisladas sin solicitar apoyo a la institución.

COORDINADORA ACUSA A CONADI DE INCUMPLIMIENTO

La denominada Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto manifestó ayer que los hechos de violencia del último fin de semana en Traiguén se gestaron porque la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no cumplió con la promesa de adquirir las 58,3 hectáreas del fundo Santa Rosa de Colpi en la fecha estipulada.

Dicho planteamiento fue tajantemente rechazado por el director de esta última entidad, Rodrigo González, quien indicó que dentro de 30 días el traspaso de la mencionada porción de terreno debería estar finiquitado.

El sábado en Traiguén se suscitó un nuevo ataque a las faenas que mantiene la empresa forestal Mininco, en la cual se incendió una retroexcavadora avaluada preliminarmente en $ 60 millones.

El secretario de la coordinadora, Pedro Cayuqueo, manifestó que si bien existía un acuerdo con la Conadi para que la situación de dicho predio estuviese solucionada el día 10 de este mes, ellos siempre pensaron que en definitiva eso no se concretaría.

Cayuqueo indicó que la acción del fin de semana fue resuelta en forma autónoma por las autoridades de las comunidades de Pantano, Temulemu y Didaico, y que la función de la coordinadora se limita sólo a prestarles apoyo en lo que ellos resuelvan.

Sin embargo, González descartó que lo ocurrido pueda atribuirse a las comunidades del sector, y reiteró que es una porción ínfima la que participa de los actos de violencia.

"Es un hecho extraordinariamente puntual que no involucra a los mapuches del sector, y sólo puede entenderse como el interés de alguien por abortar el proceso de negociación que se lleva a cabo", manifestó.

Añadió que como las negociaciones que se efectúan con la forestal Mininco no alcanzaron a estar finiquitadas durante los treinta días que se acordó la paralización de las faenas, se concordó prorrogar la suspensión de los trabajos por otros treinta días.

Esto último fue calificado como una burla por Cayuqueo, quien aseguró que a contar de ahora las comunidades acordaron reivindicar la totalidad del fundo (unas 1.600 hectáreas) y no sólo las 58,3 que solicitaban hasta ahora.