Junto a los organismos policiales, el gobierno trabaja en la identificación de estas personas 
P. Solís y J. A. Quezada 

El Gobierno admitió la participación de otros extranjeros en las comunidades indígenas de las regiones Octava y Novena. El ministerio del Interior, junto a los organismos policiales, trabaja en la identificación de estas personas, al margen de los ciudadanos francés Arnaud Fuentes, el estadounidense Lee Pope y la española Patricia Ballesteros, quienes están con resoluciones pendientes de expulsión.

 Así lo explicó ayer en La Moneda el jefe de la División Jurídica de esa secretaría de Estado, el abogado Cristián Arévalo, al dar cuenta de los informes que ingresaron a esta repartición sobre los hechos registrados en fundos forestales.

 Requerido si estas personas pertenecerían a grupos ecologistas,activistas políticos o son de las mismas empresas madereras, el profesional estipuló que "se habla específicamente de extranjeros que ingresan al país como turistas que sin duda van más allá del simple paseo o conocimiento de un lugar".

 Arévalo no descartó nuevas órdenes de expulsión por cuanto, añadió, "se investiga la participación de esta gente aparte de los ya individualizados".

 Insistió en que será materia de las indagaciones que se practiquen establecer si se trata de activistas.

ILEGAL

 Celedón dijo que sobre la base del decreto ley 1094, "que es el que cita el Gobierno. (...) Las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento".

 Añadió respecto de las medidas de traslado dispuestas en los artículos 81, 82 y 83 que sus defendidos "quedan sujetos al control inmediato de las autoridades y podrán ser trasladadas a un lugar habitado del territorio".

 En virtud de lo anterior, el abogado aseguró que "los extranjeros quedan sometidos a una medida de control y no de privación de libertad", como es el caso de sus defendidos.