putado Alejandro Navarro (40), militante del Partido Socialista (PS), ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC). Estudios del propio Ministerio de Agricultura en el Alto Biobío acerca de las permutas han arrojado datos que se han ocultado a la opinión pública. Una familia campesina para tener un ingreso igual a un sueldo mínimo mensual tiene que tener 12.5 hectáreas de terreno de riego básico. Estos informes no han sido refutados. De 1884 a 1929 los indígenas tenían en promedio 6.1 hectáreas por persona. En 1963 habían bajado a 1.8 hectáreas por persona y en 1980 habrían alcanzado a 3.6 hectáreas. La ley indígena 19.523 dictada por Aylwin no resuelve el tema de la tierra porque el procedimiento de recuperación de tierras tiene necesariamente que contar con un financiamiento y sólo se han recuperado aproximadamente entre 4 mil y 6 mil hectáreas anuales. Las comunidades reclaman más de 100 mil hectáreas para lo cual tendrían que pasar 30, 40 o 50 años. Hay elementos como los precios especulativos que las forestales han impuesto por la tierra, que han impedido un ejercicio más activo de la ley. Inalcanzables para los fondos de la Conadi. Hay un quiebre entre el Estado y los indígenas. Lo marca la expulsión de Domingo Namuncura (PPD) de la dirección de la Conadi. Hoy el gobierno lleva a cabo la tesis del mosaico y dialoga con sectores de las comunidades profundizando la división. Y la respuesta es la radicalización del conflicto. Es una irresponsabilidad de la autoridad política de la Octava Región el señalar que hay infiltración o posibilidades de levantamiento. O la información de inteligencia es muy mala o se trata de un montaje al más puro estilo de los orquestados durante la dictadura. Se quiebra el Tratado de Nueva Imperial, instrumento a través del cual el Estado chileno se relacionaba con las etnias. Diario el Sur, 4 de Abril de 1999

 Domingo 4 de Abril de 1999

Alejandro Navarro, "le enfant terrible"
"El gobierno ha militarizado el conflicto indígena"

Al diputado ya lo motejan de "lonco". Es que se le ha visto en cuanto conflicto mapuche haya existido en el último tiempo: en el Alto Biobío, más al sur y en el lago Leu Lleu. Afirma que se dio cuenta hace bastante tiempo que la situación mapuche podía ser explosiva y lo advirtió ante las instancias correspondientes. Y que pocos le han hecho caso, además que le llama la atención que no estén, igual de preocupados que él, los otros parlamentarios de la zona.

Rosa Emilia Alcayaga

Opinar sobre el problema mapuche es enfrentarse al gobierno". Es lo primero que Alejandro Navarro (40), militante del Partido Socialista (PS) nos dijo a la hora de entrevistarlo acerca del complejo tema indígena. Para el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) y tenaz opositor del gobierno militar en la década de los 80, la postura de las actuales autoridades "no tiene explicación lógica. Es angustiante observar como llegan a conclusiones absolutamente desproporcionadas y equívocadas" al referirse a un supuesto levantamiento e infiltración de grupos extremistas en la zona de Nahuelbuta.

"El gobierno no entiende -asegura Navarro- que este es un problema de la etnia mapuche y no de algunas comunidades en particular. El problema de los indígenas es tan profundo que afloran antiguos resentimientos nunca resueltos, debido al despojo a que han sido sometidos a través de los siglos".

-¿Dónde surge el problema mapuche?

-El problema de los mapuches es que hoy día no tienen tierras. Entre 1884 y 1929, el coronel Cornelio Saavedra inicia la denominada Pacificación de la Araucanía y el Estado chileno comienza a entregar títulos de merced a los indígenas. Se propone modificar la frontera del Biobío y establecerse en esa parte del territorio que en los hechos tenía una cierta autonomía. El Estado entregó 3.078 títulos de merced, que con los sistemas de medición de la época equivalían a 475 mil hectáreas y favorecían a 75 mil mapuches. Según el censo de 1902 existían 105 mil mapuches y en la actualidad sólo se sabe que existen 2.918 comunidades pertenecientes a todas las etnias, según consta en el archivo de asuntos indígenas. Sin embargo, hay quienes afirman que en Chile un millón y medio de ciudadanos lleva sangre indígena.

-¿Recuperaron tierras durante el gobierno militar?

-El decreto 2.568 de 1978 posibilitó una remesura de las tierras indígenas, su liquidación y ulterior venta. Establece la propiedad privada sobre la tierra en contraposición de la cultura indígena, que mantiene un concepto de propiedad colectiva. Las etnias aún mantenían los títulos de merced que se extendían de cordillera a mar. Cuando el senador (Francisco) Prats dice que durante el gobierno militar le aumentaron las hectáreas a los indígenas, es falso. Las únicas tierras nuevas que pasaron a ser indígenas son las adquiridas por el Fondo de Tierra -unas 10 mil-. Eventualmente podrían llegar a 40 o 50 mil hectáreas. Y se espera alcanzar las 100 mil hectáreas al final del gobierno del Presidente (Eduardo) Frei. Esta cifra demuestra que las 475 mil hectáreas entregadas hace cien años con los títulos de merced y las 510 mil que posee la comunidad indígena son las mismas.

-Pero Ricardo Lagos dijo que bajaron de 500 a 300 mil hectáreas en el gobierno militar...

-Así es. Porque se posibilitó la división y la venta de tierras. Cuando se asignan títulos de propiedad individual para las comunidades, estas pueden venderse a no indígenas. Recién en el gobierno de (Patricio) Aylwin, con la promulgación de la ley indígena 19.253 o Pacto de Nueva Imperial, en su artículo 13, establece que la tierra indígena no es vendible sino a indígenas de la misma etnia. Los abogados Osses y Ormeño calculan que los indígenas perdieron -a través de la regularización de sus títulos de dominio impuesta por los militares- 131 mil hectáreas en el proceso de contra reforma agraria. La situación de Temulemu y Santa Rosa de Colpi en Traiguén son los más significativos.

Datos ocultos

Para el diputado, con la reforma agraria en la década del 70 los indígenas gozaron del beneficio de la tierra durante dos o tres años, pero sin inscripción de títulos. Y que en el régimen militar les fueron arrebatadas por la contrareforma. Por eso hablan de "tierras usurpadas", que en total "deben ser del orden de 50 mil hectáreas". Además sostiene que entre 1929 y 1970 desaparecieron las tierras de 160 comunidades que según los cálculos representan entre 40 mil y 50 mil hectáreas más.

-¿Qué opina de la propuesta del empresario Felipe Lamarca?

-La tesis de que los mapuches sean propietarios privados de sus tierras para trabajarlas y hacerlas producir bajo los parámetros de la economía de mercado no contempla que los propietarios indígenas ni siquiera sean sujetos beneficiarios de Indap. Yo le pregunto al señor Lamarca: ¿qué banco comercial estaría dispuesto a darle crédito a los mapuches?

-¿Cuál es la capacidad económica real de los mapuches?

-Estudios del propio Ministerio de Agricultura en el Alto Biobío acerca de las permutas han arrojado datos que se han ocultado a la opinión pública. Una familia campesina para tener un ingreso igual a un sueldo mínimo mensual tiene que tener 12.5 hectáreas de terreno de riego básico. Estos informes no han sido refutados. De 1884 a 1929 los indígenas tenían en promedio 6.1 hectáreas por persona. En 1963 habían bajado a 1.8 hectáreas por persona y en 1980 habrían alcanzado a 3.6 hectáreas.

-¿Qué pasa con la ley indígena 19.523 dictada por Aylwin?

-No resuelve el tema de la tierra porque el procedimiento de recuperación de tierras tiene necesariamente que contar con un financiamiento y sólo se han recuperado aproximadamente entre 4 mil y 6 mil hectáreas anuales. Las comunidades reclaman más de 100 mil hectáreas para lo cual tendrían que pasar 30, 40 o 50 años. Hay elementos como los precios especulativos que las forestales han impuesto por la tierra, que han impedido un ejercicio más activo de la ley. Inalcanzables para los fondos de la Conadi. La eficacia de la ley para proteger las tierras indígenas está cuestionada hoy día por la situación de Ralco y para los próximos meses se augura una confrontación entre la ley eléctrica y la ley indígena con pocas posibilidades para los mapuches.

-¿Por qué?

-En mi opinión, el desafuero del senador Francisco Javier Errázuriz es una señal muy nítida del poderío de las eléctricas en los Tribunales de Justicia. No sé que podrán hacer las hermanas Quintraman frente a Endesa. Estamos viviendo un período de acumulación de fuerzas jurídicas, políticas, económicas, para enfrentar esa definición.

-Parece ser claro que el gobierno está en contra de los indígenas, ¿o no?

-Hay un quiebre entre el Estado y los indígenas. Lo marca la expulsión de Domingo Namuncura (PPD) de la dirección de la Conadi. Se quiebra el Tratado de Nueva Imperial, instrumento a través del cual el Estado chileno se relacionaba con las etnias. Por eso había 8 consejeros indígenas, 8 huincas, más el director de la Conadi que establecía un precario equilibrio de 9 a 8. La llegada de Rodrigo González (PS) significa la intervención política del gobierno sobre la Conadi y la ruptura del Pacto. Eso posibilita el surgimiento de acciones fuera de la institucionalidad y potencia las acciones reivindicativas rupturistas, ya que la vía institucional ha sido desechada por la autoridad.

Terreno minado

-¿Qué pasa con el gobierno?

-Pienso que no previó el efecto de generalización del conflicto de Pangue y Ralco y creyó que el problema de las permutas iban a quedar reducidas y aisladas sólo en el Alto Biobío. Tan mala fue la evaluación del gobierno que la remoción de Namuncura se hizo horas antes de la votación de las permutas en la Conadi. El grado de intervención fue brutal y demuestra que el problema mapuche no ha sido importante para el gobierno. La autoridad nunca comprendió los efectos políticos que el desarrollo productivo iba a producir en las etnias con la llegada de capitales extranjeros al país y tiene un claro trasfondo político y económico.

-¿Habla de insensibilidad?

-Más bien de un exacerbado pragmatismo. Esto unido a la abierta intervención de las grandes empresas y de los grupos económicos en el financiamiento de campañas políticas. Aquí hay 14 parlamentarios en la zona y nadie abre la boca. El Presidente Frei ya lo dijo en su mensaje del año pasado. Esto lleva a la pérdida de autonomía o a la política de la vista gorda, donde muchos deben tener una voz.

-¿Podría Endesa o las forestales haber financiado campañas políticas?

-Ese es un terreno minado. Lo único que constato es que el rechazo de los jóvenes respecto de la política se debe a la falta de claridad y la ausencia de posturas más claras en temas tan sensibles para la comunidad nacional. Es un tema que analizamos el lunes pasado con Ricardo Lagos, los alcaldes y los parlamentarios de todo el país, y hay una firme decisión de no ceder a ningún tipo de presión. Aquí hay valores de principios y de dignidad que yo espero se mantengan. Es una explicación que dieran los que callan.

-Pero el director de la Conadi es PS...

-Pragmatismo del cual no escapamos los socialistas.

-¿El eje del problema dice usted es la propiedad de la tierra?

-Pero no el eje de la solución. La solución es tierra más educación más oportunidades de trabajo, y un nuevo trato. Es decir el fin de la discriminación social respecto de los mapuches de la que es responsabletoda la sociedad de los huincas.

-¿Es partidario de revisar la ley indígena 19.523?

-Si las comunidades indígenas lo aceptan. Yo no estoy dispuesto a revisar la ley si existe el peligro de un retroceso.

-¿Cómo podría renovarse la confianza?

-Si existen posibilidades de reformar la ley yo sería partidario de que el director de la Conadi debiera tener las mismas prerrogativas que el Contralor. Es decir nombrado por el Presidente de la República, pero no debiera ser reemplazado ni depuesto sino sólo por causas de sumario administrativo. Hay que otorgarle un grado de autonomía e independencia. Si hubiese seguido Namuncura al frente de la Conadi habría diálogo y el problema podría resolverse en la Justicia. Hoy el gobierno lleva a cabo la tesis del mosaico y dialoga con sectores de las comunidades profundizando la división. Y la respuesta es la radicalización del conflicto.

"Aquí se ha incendiado la pradera"

-¿Hay elementos ajenos a las comunidades en el conflicto?

-En la ciudad suman muchos miles de chilenos con sangre mapuche que seguramente pueden ir a solidarizar con las comunidades, por lo tanto el gobierno tendrá que aceptar interlocutores del mundo indígena que provienen de sectores urbanos. Lo que une a los mapuches es su identidad y su autonomía como raza es ancestral. Hablar de infiltración de extremistas es complejo. Lo que no se puede descartar es la existencia de mapuches más radicalizados, como ocurre al interior de los propios partidos políticos de todo el espectro. Yo no tengo antecedentes de infiltración extremista.

-¿Es posible un Chiapas en Chile?

-Chiapas es liderado por un comandante ajeno a las comunidades indígenas de México y que tiene los ojos azules. Las batallas del pueblo mapuche a través de su historia han sido con liderazgos propios. No hay ninguna condición para un Chiapas. Chile no es México. Lo que si es posible es la repetición de sucesos lamentables como los de Pampa Irigoyen, en Puerto Montt, los de Ranquil o de Lonquimay, donde se produjeron bajas y muertos tanto de las fuerzas de orden como de los indígenas. Esa situación puede reeditarse en cualquier minuto porque se están dando muchas de esas condiciones. Pero no hay ninguna condición para un levantamiento organizado con base a las comunidades.

-Se habla por parte de las autoridades de infiltración y un posible levantamiento en Nahuelbuta...

-Es una irresponsabilidad de la autoridad política de la Octava Región el señalar que hay infiltración o posibilidades de levantamiento. O la información de inteligencia es muy mala o se trata de un montaje al más puro estilo de los orquestados durante la dictadura. Estamos en presencia de una situación altamente explosiva, pero nadie que sea serio ha podido comprobar la existencia de grupos guerrilleros. En el pasado, este tipo de denuncias sólo sirvieron para justificar oscuros intereses. La única explicación que tengo es que el gobierno tiene pésimos operadores.

-¿A quienes se refiere?

-(El subsecretario del Interior Guillermo) Pickering se ha equivocado y ha incendiado la pradera. Lejos de buscar fórmulas de consenso e integración, las medidas del gobierno como expulsión de extranjeros, petición de ministro en visita, han ido en la línea creciente de la polarización y el enfrentamiento. Las autoridades han llevado a la militarización del conflicto. Un ejemplo de que algo anda mal es que las hermanas Quintraman terminen siendo procesadas por un tribunal militar. Ellas serán el símbolo de las incoherencias de la transición a la democracia.

-¿Parece estar sólo en esta pelea y además como PS no forma parte del gobierno?

-Tener discrepancias es la esencia de la democracia y no deben extrañar los disensos, especialmente en temas de principios. Somos parte de la alianza, pero no la encabezamos. Estoy de acuerdo con que los funcionarios de gobierno le deben lealtad al Presidente de la República, es el caso de los PS Rodrigo González (Conadi) y del canciller José Miguel Insulza.

-¿Eso es lo que le reprochan sus aliados?

-Los socialistas vamos a discrepar siempre si no existe respeto a los principios, aún de nuestro propio gobierno.

-¿No perjudica a Lagos?

-Todo clima de enfrentamiento, de enrarecimiento del escenario político, sin duda, trae dividendos negativos para la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Eso es así. Hay quienes están interesados en crear climas de creciente enfrentamiento, aún dentro de nuestros aliados. Así lo demuestra el "pasquín" aparecido el domingo pasado dándole apoyo al abanderado DC Andrés Zaldívar.

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