El estatuto del pueblo mapuche no fue modificado por la declaración de Independencia. Sólo a partir de mediados del siglo XIX, el Estado chileno decidió el avance de la colonización sobre el territorio mapuche o "la Araucanía" al sur del Biobío, abriendo la guerra que quiso llamarse de la "Pacificación de la Araucanía", que duraría 30 años, interrumpida sólo por la guerra del Pacífico, hasta 1883. Lo hemos dicho otras veces: lo que motivó esta ocupación, que cobró muchas vidas entre el pueblo mapuche, fue el interés económico, pues querían usar las tierras indígenas para abastecer de trigo a las salitreras del norte. A partir de entonces, comienza el proceso de erradicación y encasillamiento de la población mapuche. Se acordaron títulos de Merced (títulos de concesión o favor) a los mapuches y se crearon reducciones, tierras comunales que representaban únicamente el 6,15% del territorio ancestral. Diario el Sur, 1 de Junio de 1999

martes 1 de junio de 1999

Opinión parlamentaria
Cronología de un problema

El pueblo mapuche ha marcado profundamente la historia y memoria de Chile, especialmente por la resistencia que opuso durante más de 300 años a las armas españolas y por los acuerdos logrados con España, que no pudo lograr quebrar esa resistencia, particularmente las paces de Quillén en 1641 y que fijaron el río Biobío como frontera, reconociendo un gran territorio mapuche autónomo, desde el río Biobío al Sur.

Salvo algunas plazas fortificadas como el Puerto de Valdivia, Osorno y el conjunto de la isla grande de Chiloé sostenidas por mar desde Concepción, Valparaíso y el Perú, se puede decir que la Capitanía General de Chile llegaba en el hecho hasta Concepción y el río Biobío. Esta era la situación al momento de la Independencia de Chile (1810).

El estatuto del pueblo mapuche no fue modificado por la declaración de Independencia. Sólo a partir de mediados del siglo XIX, el Estado chileno decidió el avance de la colonización sobre el territorio mapuche o "la Araucanía" al sur del Biobío, abriendo la guerra que quiso llamarse de la "Pacificación de la Araucanía", que duraría 30 años, interrumpida sólo por la guerra del Pacífico, hasta 1883. Lo hemos dicho otras veces: lo que motivó esta ocupación, que cobró muchas vidas entre el pueblo mapuche, fue el interés económico, pues querían usar las tierras indígenas para abastecer de trigo a las salitreras del norte. A partir de entonces, comienza el proceso de erradicación y encasillamiento de la población mapuche. Se acordaron títulos de Merced (títulos de concesión o favor) a los mapuches y se crearon reducciones, tierras comunales que representaban únicamente el 6,15% del territorio ancestral.

Las tierras asignadas a las comunidades eran generalmente las más pobres, boscosas y escarpadas en que esas comunidades se habían refugiado como defensa en medio de la guerra. El Estado daba a cada familia 6,18 hectáreas y vendía o asignaba lotes de más de 500 hectáreas a particulares, especialmente a los nuevos colonos extranjeros o chilenos, lo que provocaba conflictos importantes y a menudo violentos y la expulsión de los mapuches a tierras aún más pobres.

A pesar de esta política de despojo llevada a cabo por los sucesivos gobiernos, los mapuches, impregnados de un fuerte sentimiento identitario, han sabido reivindicar y conservar el derecho que tienen a su tierra y a la protección y desarrollo como pueblo.

La política de desarraigo y asimilación forzada conocerá un punto extremo tras el golpe militar. El régimen adoptó el principio por el cual todos los habitantes de Chile son solamente chilenos, negando la identidad de los pueblos indígenas y reprimiendo violentamente, mediante detenciones y desapariciones, a las organizaciones mapuches y sus dirigentes. El general Pinochet promulgó los decretos leyes Nº 2.568 y 2.750 de 1978 y 1979 respectivamente, con el fin de poner punto final al llamado "problema indígena y al asunto indígena".

Una legislación que tenía como objeto implícito la eliminación de las comunidades mapuches, dividiendo las tierras ocupadas por éstas en dominios privados (5,36 hectáreas por familia) permitiendo su arriendo a personas no indígenas por 99 años y su venta tras 20 años. Así, el pueblo mapuche de la propiedad comunitaria de sus tierras llegó a la propiedad privada, y los 3.078 títulos de Merced entregados a los mapuches desde 1884 a 1919, pasan a traducirse, con los decretos leyes arriba señalados en más de 86.000 títulos de dominio individual, regidos por el principio según el cual no existen en Chile tierras comunitarias ni pueblos originarios con identidad propia y diferente.

Esta legislación aceleró el proceso de empobrecimiento de la población mapuche que venía recrudeciendo por décadas. En 1988 la tasa de mortalidad era dos veces más elevada que en el resto del país, alcanzando 45 muertes por cada 1.000 nacimientos, en tanto que la esperanza de vida era la misma que la población chilena en 1970, y la tasa de analfabetismo representaba el doble en relación a la tasa nacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicaba en su último informe que en las regiones que los mapuches se encuentran en gran número, no se alcanzan los niveles de desarrollo humano establecidos por esa organización.

Con el triunfo de Patricio Aylwin y la Concertación en las elecciones presidenciales, Chile pasa a vivir, desde 1990, un nuevo momento histórico y político de reapertura de anhelados horizontes sociales y, en este proceso, el gobierno quiere reconocerle un lugar importante a las organizaciones indígenas, generando un largo debate y proposiciones, lo cual lleva a un acuerdo a fin de enfrentar los asuntos indígenas en un régimen democrático.

El Acuerdo de Nueva Imperial, firmado en 1989, tenía por objetivo legislar en favor de los pueblos indígenas y establecer nuevas formas de relación entre estas organizaciones y el Estado Chileno, incluyendo el reconocimiento mutuo. Los principales objetivos del Acuerdo de Nueva Imperial se tradujeron en la declaración y aprobación por el Parlamento de la Ley sobre Protección Fomento y Desarrollo de los Indígenas, Ley Nº 19.253, que en su Artículo 1 declara: "Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación".

Este acuerdo se agotó y quebró con la destitución de Domingo Namuncura, director nacional de Conadi. Se intervino políticamente la institucionalidad que establecía el garante entre el Estado y los indígenas de nuestro país.

Con lo anterior, se ha abierto una nueva etapa en la relación Estado-indígenas, en la cual hay que revisar lo obrado en los últimos diez años; con un proceso de restitución de terrenos y reconocimientos de las mutuas diferencias étnicas y de la mutua unidad nacional.

Se debe trabajar por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y por la redefinición de nuestra percepción sobre un tema que el mundo ya ha incorporado como su preocupación. La globalización es un fenómeno al cual Chile no puede escapar en todos los ámbitos. Aquí no hay moda indigenista ni etnicismo fetichista, es la naturaleza del problema y el sentido de la historia lo que hoy se nos hace presente, aunque algunos no logran comprender lo complejo del problema.

Alejandro Navarro Brain
Diputado de la República

Enlace al artículo original.