A nivel global, los pueblos indígenas son reconocidos como protectores del medio ambiente. En el pueblo mapuche, las actividades de las industrias extractivas, la construcción de represas, la minería y las plantaciones de monocultivos tienen consecuencias devastadoras para el sistema de vida de las comunidades. Durante décadas, los mapuche protectores del medio ambiente se han opuesto, desactivado y en muchos casos detenido estos proyectos.
La demanda ante el organismo internacional consta de siete peticiones, entre ellas que se le exija al Estado chileno reformar la Ley Antiterrorista, dejando afuera la protesta social, y que se le condene por haber violado los Derechos Humanos de los imputados, lo que implica no haber respetado el derecho al debido proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra el Estado de Chile por aplicar en forma selectiva y discriminatoria la Ley Antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, cuyo “delito” consiste en recuperar tierras y recursos naturales que les fueron arrebatados. Pese a los riesgos de que la Corte emita sanciones en su contra, el gobierno de Sebastián Piñera no presenta avances en materia de conflictos por tierras y opta por intensificar la militarización de amplias zonas del Wallmapu (Araucanía).
En medio del complejo clima de violencia reinante al interior de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la Alianza Territorial Mapuche denuncia la persecución a su werkén de sólo 22 años: Mijael Carbone ha decidido pasar a la clandestinidad para defender su vida del acoso policial.
Hoy comienza en Temuco el seminario “Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche” actividad que busca visibilizar las vulneraciones de derechos que han sufrido los niños y niñas de las comunidades que están en conflicto por la recuperación de sus terrenos ancestrales.
Veinte funcionarios de la Conadi en la región de La Araucanía fueron desvinculados de la institución fiscal. La nómina incluye al subdirector y también a jefes de confianza del actual gobierno sumando un total de 35 desafectados a nivel país.
Se trata de la primera acción civil que se presenta por estos hechos, donde ya se probó la participación del uniformado y por lo cual fue condenado a tres años y un día de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. Pendiente se encuentra el pronunciamiento de la Corte Suprema.
El Relator Especial James Anaya comenzó su recorrida por Argentina. Cuestionó el avance de las industrias extractivas y denunció el incumplimiento de la normativa indígena.
Hace instantes se ha confirmado la detención e inmediata libertad al werken Alberto Curamil, por falta de cargos. Su delito solo era estar acompañando al Werken Mijael Carbone, mientras se encontraban trabajando en el sector de Ancapi Ñancucheo en la comuna de Ercilla.