Incendios en la comuna de Ercilla afectaron a casas patronales, a pequeños y grandes agricultores e incluso a una escuela para los niños de esta zona rural.

Según la organización del empresariado local, entre enero y junio de este año hubo unas 127 denuncias de actos violentos, lo que supera a las 117 de todo 2011.

Esta seguidilla de ataques incendiarios en la región de la Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, puso de relieve la histórica situación que se vive en esa zona de Chile marcada por el conflicto con la etnia originaria mapuche.

La respuesta gubernamental fue convocar a una cumbre de seguridad para la Araucanía, con el objetivo de implementar medidas para terminar con hechos que a juicio de los representantes del gobierno son delictuales y no un resurgimiento del llamado conflicto mapuche.

"Es una suerte de reacción de personas que no están bien en sus cabales, y finalmente les molesta que la gente vaya saliendo del subdesarrollo o de la postergación en que se encuentra", manifestó a BBC Mundo el gobernador de Malleco (provincia donde se ubica la zona afectada), Erich Baumann.

"Delincuentes y parásitos"

Desde el gobierno de Sebastián Piñera hubo voces que alertaron sobre el presente en una zona donde la reivindicación por tierras ancestrales se ha mantenido en el tiempo.

"Estamos enfrentando semanas complejas, con un recrudecimiento de la violencia. El 2010 y 2011 fueron años más tranquilos", declaró el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien liderará la reunión de seguridad.

Las autoridades locales como Erich Baumann coinciden con este análisis, pero enfatizan que las demandas por tierra no están involucradas y que los ataques responden a delincuencia común de grupos que no quieren que el Estado avance en su política indígena.

"Son violentos, actos de gente delincuente, yo diría pandilleros de barrio que quieren tomar el control de la situación para beneficio propio, no para beneficio comunitario", dijo el gobernador, agregando que "los calificamos como verdaderos parásitos, que se aprovechan del trabajo honesto de otras personas para poder sobrevivir".

Desde el palacio presidencial de La Moneda plantean que esta administración se ha acercado más que las anteriores a los mapuches, creando un área de desarrollo especial para Ercilla y logrando "restablecer la confianza" para ayudar a la región más pobre de Chile, según la última encuesta de caracterización socioeconómica.

Estado en deuda

Sin embargo, grupos afines a los pueblos originarios, como el Observatorio de Derechos Humanos, estiman que el avance no es tal y que aún están presentes las demandas territoriales en la zona.

"Que los hechos de violencia se ejercen o han afectado algunos sectores en particular no significa que no exista una conciencia mayoritaria dentro de las organizaciones mapuches y las comunidades de que el Estado está en deuda, y no ha cumplido con sus obligaciones", expresó a BBC Mundo José Aylwin, director del Observatorio.

El abogado recalcó que los ataques no pueden ser atribuidos a comunidades indígenas por más que se registren en terrenos cercanos, y pidió que en la cumbre de seguridad no se tomen medidas drásticas para una zona ya golpeada por procedimientos policiales que terminan afectando a gente inocente.

"Lamentablemente nosotros constatamos que este tipo de actuación policial sigue persistente en comunidades y eso va generando una espiral de violencia que tampoco ayuda a solucionar los conflictos que ahí estamos observando", expresó.

Ante el aumento de la violencia, empresarios y terratenientes de la región pidieron a Sebastián Piñera adoptar medidas contra el rebrote de los ataques, incluido un posible estado de sitio que fue descartado por las autoridades. También se rechazó un llamado de los afectados para armarse y defender sus propiedades.

Así, la reunión de seguridad puede resultar clave para quienes han sufrido los ataques y para los que temen que nuevas incursiones policiales hagan resurgir un enfrentamiento que en los últimos años cobró la vida de tres comuneros mapuches y un funcionario de Carabineros (policía uniformada).

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