La iniciativa es una de las nueve medidas anunciadas por el Gobierno, y busca entregar ayuda social y psicológica durante un lapso mínimo de 30 días.
NICOLÁS GUTIÉRREZ
La directora nacional de la División de Organizaciones Sociales, Carolina Plaza; el jefe del Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior, Gonzalo Fuenzalida, y la directora del Fondo Social Presidente de la República, Cecilia Power, llegaron hasta Angol con un equipo de 13 profesionales para atender a los afectados, quienes explicaron el tipo de delito que sufrieron y los perjuicios causados.
Las autoridades escucharon a las familias de pequeños parceleros, quienes entregaron sus testimonios durante más de dos horas. Algunos no quisieron dar sus nombres en voz alta y evitaron las fotografías por temor a represalias.
Luego llenaron las fichas correspondientes con las asistentes sociales para la evaluación del tipo de ayuda que ameritan, sea social, psicológica o judicial. Por ejemplo, quienes hayan sufrido la quema o destrucción de sus viviendas, se les entregarán casas de emergencia y se repondrán los cercos de los terrenos, lo que irá acompañado de orientación legal para el seguimiento de las denuncias y procesos en tribunales.
El equipo permanecerá el fin de semana en terreno para visitar las propiedades de los beneficiarios y verificar la información registrada. "Es gente que ha sufrido en silencio y necesitan mucha ayuda. Se va a coordinar según cada caso la intervención correspondiente y vamos a regresar durante la semana para programar los próximos 30 días de trabajo, que es el plazo inicial que se impuso, pero el proceso global va a durar lo que sea necesario", explicó Carolina Plaza.
Trece
profesionales permanecerán trabajando en terreno este fin de semana para planificar el programa de intervenciones.
