El campo, que fue otorgado por el gobierno provincial al ex-juez Carlos Larroulet, está ubicado en la zona conocida como Cañadón Chileno. La multisectorial contra la represión acompañó el reclamo.
Una veintena de comunidades mapuches y pobladores originarios dispersos de Río Negro exigió la restitución del campo ocupado ancestralmente por la familia Loncon, en Cañadón Chileno, que fue otorgado por el gobierno provincial al ex-juez Carlos Larroulet.El reclamo fue acompañado por la Multisectorial contra la represión de esta ciudad que advirtió el riesgo que enfrenta los Loncón por la confrontación planteada con la policía apostada en el lugar y "la patota pagada por el usurpador", en alusión al personal de seguridad de Larroulet.
Por ese motivo los miembros de la Multisectorial requirieron a los gobiernos Nacional, provincial y local que "garanticen la integridad física de todos los miembros de la comunidad así como el Derecho ancestral de los hermanos mapuches a la posesión de sus tierras".
En los últimos días de 2010 distintas comunidades, organizaciones y pobladores dispersos del pueblo mapuche denunciaron que el Estado sigue demorando la restitución de las tierras ancestrales de Cañadón Chileno, pese a que hay dos fallos judiciales que ratifican y reconocen la posesión originaria del Lof Loncón.
Larroulet alambró los campos de tres pobladores, abarcando unas 3.000 has, a mediados de 2009 y denunció por usurpación a Pilar Norambuena, y sus hijos Jorge, Juan y Mirta Loncón ante el juez Ricardo Calcagno que el 20 de octubre los proceso y ordenó la restitución del campo a ex-juez.
Un mes después la familia Loncón fue desalojada violentamente por la policía de Comallo, con la ayuda de efectivos de Jacobacci, quedando en una situación de absoluta indefensión que se mantiene sin reparos hasta la fecha, pese a que cuentan con resoluciones judiciales donde se reconoce sus derechos ancestrales sobre esa tierra.
Las comunidades autoconvocadas pidieron el cese de las hostilidades hacia el pueblo mapuche, el respeto de la legislación nacional e internacional que reconoce sus derechos y el urgente restablecimiento de la ley 26.160 que suspendió todo desalojo hasta que la conclusión del censo de pueblos originarios.
Agencia Bariloche
