La Moneda criticó la postura de los huelguistas y afirmó que con la petición pretendían estar "sobre el imperio de la ley". Obispo Ezzati dejó en duda que continúe su labor: "No me puedo constituir en facilitador del diálogo con otros poderes".

A las 17.10 de ayer, nueve voceros de los mapuches en huelga de hambre abandonaron el Salón Pastoral 7 de la casa de formación Betania de Concepción, donde estaban reunidos con monseñor Ricardo Ezzati y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, para juntarse a solas en una sala contigua.

A esa hora se definía la continuidad del ayuno que realizan los 35 mapuches, y monseñor Ezzati ya preveía que la situación era complicada. Durante los diez minutos que duró la cita a solas de los voceros, el arzobispo se paseó por las afueras, intranquilo y preocupado.

Su peor temor se hizo público a las 17.45 horas, cuando el vocero de Angol, Rodrigo Curipán, afirmó que no se había llegado a acuerdo. "En vista de que el Gobierno no ha sido capaz de resolver este problema, y en reiteradas oportunidades también nos señaló que esto dependía de los otros poderes, hoy hacemos un llamado a los demás poderes del Estado para que se sumen a esta mesa y busquemos en conjunto una solución", dijo.

Así, los comuneros resolvieron no aceptar la propuesta de La Moneda tras cinco días de negociaciones, que incluyeron consultas internas entre los representantes de los diversos grupos de mapuches en huelga de hambre y en que hubo posturas encontradas (ver recuadro).

Incluso, el Ejecutivo llegó a plasmar su ofrecimiento en un documento de cuatro puntos, en que se señalaba que el Gobierno estimaba que no correspondía "perseverar en las querellas terroristas presentadas en su oportunidad bajo la Presidencia de doña Michelle Bachelet", y se decía que continuaría el camino para reformar la Ley Antiterrorista y la justicia militar.

Sin embargo, la piedra de tope fue la exigencia de los huelguistas en cuanto a que el Ministerio Público también estuviera presente en el diálogo. Esto, porque el retiro de las querellas por parte del Gobierno no implicaba que la Fiscalía, a su vez, no perseverara en la querella invocando la Ley Antiterrorista.

Anoche, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán fue explícito en reiterar su postura. "Si nosotros nos sentamos en una mesa de diálogo, infringimos la ley", señaló a Canal 13.

Además, Chahuán defendió la labor de los fiscales y desechó que existiera "falta de criterio" para invocar la Ley Antiterrorista, ya que -señaló- sólo se ha hecho en 12 de 388 casos de incidentes desde 2000. Y afirmó que los fiscales no han invocado la presunción terrorista que se busca eliminar en la ley. "Se dice que hay que eliminar una presunción. Los fiscales no la han utilizado", dijo.

Aunque Alvarado no cerró la puerta a nuevas conversaciones con los voceros, La Moneda salió a criticar inmediatamente la respuesta de los representantes. Mientras el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que "hay un límite para todo, y siento que estamos llegando al límite", la vocera Ena von Baer dijo que "las peticiones que están haciendo los sitúan por sobre la ley", y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, planteó que ayer se dio "un portazo a todo lo logrado".

La reacción de los parlamentarios de la zona fue diversa. El senador RN Alberto Espina se cuadró con la postura del Ejecutivo, señalando que "suponer que en una mesa se pueden reunir el gobierno, los parlamentarios, los fiscales y los jueces es romper la institucionalidad chilena". En la misma línea se expresó el diputado DC René Saffirio: "Hay una petición que es imposible de aceptar porque rompe absolutamente con el Estado de Derecho, que es pretender negociar los juicios con el Ministerio Público". Pero el senador PPD Jaime Quintana planteó que "si es un tema de Estado y el Gobierno tiene el rol de liderar las negociaciones, creo que dialogar con los tres poderes no es algo que pueda ser desechado".

Postura de Ezzati

Por su parte, monseñor Ezzati dejó en duda que siga como facilitador en nuevas instancias. "Mi etapa en ese sentido concluyó", dijo, recalcando que "el problema es que le están pidiendo a uno de los poderes del Estado que haga también lo que tienen que hacer los otros poderes del Estado, y naturalmente el Ejecutivo no puede hacer eso".

Sin embargo, aseveró que "la situación de los presos que están en huelga de hambre amerita que de verdad todos los poderes del Estado reflexionen sobre el paso que pueden dar, para colaborar a la solución".

''Hacemos un llamado a los demás poderes del Estado para que se sumen a esta mesa y busquemos en conjunto una solución".

RODRIGO CURIPÁN
VOCERO DE LOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE DE ANGOL

''No es posible que un conjunto de ciudadanos se sienta por sobre la ley (...) Hay un límite para todo, y aquí siento
que estamos llegando al límite".

RODRIGO HINZPETER
MINISTRO DEL INTERIOR

''Si nosotros nos sentamos en una mesa de diálogo, infringimos la ley (...) Este es un tema que excede el ámbito
criminal y el ámbito policial".

SABAS CHAHUÁN
FISCAL NACIONAL

''Si es un tema de Estado y el Gobierno tiene el rol de liderar las negociaciones, creo que dialogar con los tres poderes no es algo que pueda ser desechado".

JAIME QUINTANA
SENADOR PPD

Votación

Durante la tarde de hoy el Senado debe votar el informe de la Cámara en el que se rechazó en su mayoría el proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley Antiterrorista. Lo más probable es que lo obrado por los diputados sea rechazado para que la iniciativa vaya a comisión mixta.

Las diversas posiciones al interior de los representantes
"Las posiciones no fueron uniformes dentro de todos los representantes y eso influye a la hora final de un acuerdo", expresó ayer el subsecretario Claudio Alvarado. Y acotó que "el viernes (tras la reunión en el arzobispado de Concepción), me quedé con la convicción de que un grupo de los representantes estaba total y absolutamente conforme con las propuestas del Ejecutivo. Si posteriormente se cambió de opinión y el colectivo tomó una decisión distinta, lamentablemente yo no lo puedo evitar".

Precisó que el grupo que ese día estaba por aceptar el acuerdo era el de Biobío. Estos son ocho de la Coordinadora Arauco- Malleco (CAM) y cuyo líder es Héctor Llaitul. Sus voceros de la zona de Lleulleu anoche en un comunicado instaron a incluir nuevos cambios a la Ley Antiterrorista en trámite en el Congreso y dijeron que ésta podría ser una opción para deponer la huelga.

El grupo opositor fue el de La Araucanía. Jaime Huenchullán y Víctor Queipul, de la comunidad Temucuicui Autónoma, fueron los más duros. A esta postura se unieron los 13 ayunantes de Temuco, pese a adherir a la CAM.

FABIÁN ÁLVAREZ Y DAVID MUÑOZ