La huelga de hambre que desde el 12 de julio pasado realiza un grupo de comuneros mapuches detenidos en cárceles del sur puso otra vez en el tapete el debate sobre la competencia de la justicia militar y la aplicación de la Ley Antiterrorista, particularmente en casos como los que han motivado el encausamiento de los ayunantes.
Ya en mayo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había expresado su preocupación ante la definición de terrorismo establecida en la legislación chilena, señalando que “podría resultar demasiado amplia” y que “ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social”. En ese momento advertía que las garantías procesales se veían limitadas por la aplicación de dicha normativa y que ésta podía prestarse para actos discriminatorios puesto que sólo se estaba aplicando a mapuches.Esta vez Amnistía Internacional dio la voz de alerta a través de una carta enviada al Presidente Piñera en que expresó su preocupación por la salud de los ayunantes, mientras instaba a considerar las “arbitrariedades” de la normativa que tipifica las conductas terroristas y cuestionaba el procesamiento de civiles en tribunales militares. Al organismo humanitario se sumaron distintas voces a nivel nacional: entidades de derechos humanos, personeros de la Iglesia Católica y parlamentarios que ven con creciente inquietud la voluntad de los huelguistas de seguir con su ayuno aún a riesgo de dañar sus vidas, mientras el resto del país se prepara para celebrar el bicentenario.
En un ambiente de creciente tensión, el senador Patricio Walker recalcó que “a los mapuches que están en huelga de hambre en algunos casos se les está pidiendo más de 100 años de cárcel, a pesar de que no hay delitos de sangre y no hay ninguna muerte”, mientras señaló que en el caso del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo “el carabinero procesado fue condenado a 3 años de cárcel y se le dio la libertad”.
El gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó a los comuneros mapuches a dialogar, a deponer su movimiento y a renunciar a la vía de la violencia para conseguir sus objetivos, junto con anunciar el envío al Congreso de una reforma a la justicia militar y a la Ley Antiterrorista. “Es verdad que tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con mayor amplitud que la propia de un sistema democrático”, afirmó el jefe de gabinete quien señaló que se promovería un diálogo para perfeccionar los tipos penales definidos en la normativa que sanciona las conductas terroristas.
El doble de penas
La Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad data de 1984, fue objeto de sucesivas modificaciones en los años 90 y luego en 2002, 2003 y 2005. Un punto crucial es que la aplicación de esta normativa deriva en una mayor pena para los inculpados. Así en un caso de incendio una pena de cinco años puede elevarse a diez con la ley antiterrorista y, además, los condenados por delitos tipificados como conductas terroristas tienen más dificultades para acceder a beneficios carcelarios.
Según el ex director de Conadi, Domingo Namuncura, “se ha cometido un grave error de apreciación legal de los hechos de violencia ocurridos en el sur del país y quienes identifican o califican la demanda territorial indígena como un hecho terrorista equivocan los caminos de la justicia. Algunos de los huelguistas llevan más de un año en prisión preventiva y es necesario cambiar esto”. A su juicio bastaría con acotar el artículo 2º para determinar que “sólo constituirán delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública”, eliminando el tipo penal que se refiere a “incendios y estragos”. Recordó que ya en 2006, cuando se produjo la huelga de hambre de casi 100 días de Patricia Troncoso, la “Chepa”, el gobierno de Bachelet envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley Antiterrorista que terminó archivado porque no contó con el alto apoyo parlamentario -quórum calificado- que una materia de este tipo requiere.
Sin embargo, Namuncura dijo que los cambios legales aunque pueden parecer urgentes para obtener el fin de la huelga de hambre no terminarán con el problema, porque también hay que “desmilitarizar las zonas de conflicto, hacer una tregua y un compromiso de retiro progresivo de fuerzas policiales que desconocen la cosmovisión propia de este pueblo” y no reducir el asunto a medida para superar la pobreza en las comunidades, sino lograr un reconocimiento pleno a sus derechos según el convenio 169 de la OIT (ver recuadro).
El abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, quien recibió a los voceros de los huelguistas esta semana, presentó una moción que también busca restringir el ámbito de aplicación de la Ley Antiterrorista sólo a los casos que afecten la vida, la integridad y la salud de las personas, excluyendo los ataques a la propiedad. “Entre los delitos que hoy se imputan a los comuneros mapuches no hay ninguno contra las personas, sino que afectan a bienes y a eso se le ha dado erróneamente el carácter de terrorismo”, afirmó Gutiérrez.
En este punto, argumentó que esta normativa “ha posibilitado el encausamiento y condena como terroristas de comuneros mapuches por hechos de protesta social, expresados en atentados en contra de la propiedad en los que sólo está involucrado este bien jurídico” y donde, tratándose de un conflicto social, “sólo se han producido muertes o lesiones precisamente de comuneros mapuches”.
Simetría con sistema penal civil
Para el director del Programa Justicia del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, hay que distinguir entre las modificaciones a la justicia militar y eventuales cambios a la Ley Antiterrorista que puedan modificar la lógica que subyace en ella.
El investigador coincide en que la competencia de los tribunales militares en Chile es “excesivamente amplia” y debe reducirse, porque “si a una persona le roban una billetera en un recinto militar eso es un delito de hurto, un delito común y no un delito militar, aunque haya sido cometido en un recinto militar”. También cree que debiera establecerse un ministerio público militar para “crear simetría” respecto del sistema procesal penal que tienen los civiles, con separación de las funciones de investigar y juzgar.
A juicio del investigador, el no avanzar en la modificación de la justicia militar podría constituir un obstáculo a la hora de pedir la extradición de alguien que haya cometido un delito tipificado aquí como de competencia de la justicia militar. “Si esa persona se arranca y se desea extraditarla, el otro país va a poder alegar que el afectado será juzgado por tribunales militares que no ofrecen suficiente garantía”, recalcó el experto de Libertad y Desarrollo.
Otra cosa muy distinta, señala Delaveau, es la Ley Antiterrorista que requiere un amplio consenso social entre los distintos sectores para ser modificada. “Se trata de delitos comunes, pero muy graves como el incendio, las bombas, secuestro, homicidio, donde lo que se persigue es exigir resoluciones de la autoridad o infundir temor en la población o en un grupo de ella. Modificar este esquema no es fácil, es complejo y requiere mucho estudio”.
Tampoco está de acuerdo con eliminar de la Ley Antiterrorista los delitos contra la propiedad. “Cuando se lanza una bomba incendiaria a una casa puede suceder que de pura suerte no haya nadie en ese momento y hay que preguntarse si esa bomba se tiró con el fin de arrancar alguna resolución a la autoridad, imponer exigencias o infundir temor, porque esos no son métodos de manifestarse en la vida democrática de un país. Uno puede sentir desprecio hacia la sociedad y sus instituciones, pero no puede manifestar su disconformidad así”, concluyó.
Delaveau estimó que se pueden revisar las penas o aspectos procesales como reducir el plazo de cinco días, ampliable a diez, que existe en al actualidad para poner al detenido a disposición de un juez “puesto que hoy, cuando el plazo normal para cualquier delito es de 48 horas, no se justifica que para los delitos terroristas las personas estén tanto tiempo privadas del control del juez”.
El debate seguirá esta semana cuando, según lo anunciado por el ministro Hinzpeter, el Ejecutivo envíe al Congreso con urgencia los proyectos para abordar estas materias. LND
“Tema indígena es máxima prioridad”
Chile acaba de entregar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe que en 150 páginas da cuenta del cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas, que a juicio del asesor gubernamental en esta materia Sebastián Donoso es positivo puesto que a partir de la Ley Indígena de 1993 el país ha desarrollado una serie de acciones que se ajustan a este convenio.
Sin embargo, a propósito de la huelga de los comuneros mapuches se han formulado críticas por la falta de explicitación de una política indígena en la actual administración y algunos sectores han advertido que Chile podría ser sancionado por la OIT.
Sebastián Donoso descarta de plano las críticas asegurando que “el tema indígena es máxima prioridad” para el gobierno y que se trabajará para cambiar la “visión negativa” que hay en algunos sectores del país a raíz de los conflictos en el sur. Cambiar la institucionalidad y revisar el proceso de asignación de tierras son algunos de los puntos relevantes. Donoso explicó que existe consenso en que la Conadi tiene una “mezcla de funciones” en materia de diseño de políticas, ejecución de éstas y representación indígena que deberían reasignarse.
En cuanto a la entrega de tierras “nuestro diagnóstico es que los recursos que llegan a la Conadi cada vez permiten beneficiar a menos familias, porque los precios se han ido al cielo, ha habido problemas de corrupción y de gestión y los procesos son engorrosos”. En este punto, señaló que la idea es potenciar un mecanismo de subsidio para la adquisición de tierras con reglas claras y conocidas para las comunidades, con mayor transparencia y acompañado por un convenio de apoyo productivo.
Al mismo tiempo se revisarán los procesos de compra de tierras que ya estaban en curso en marzo de este año.
Donoso recalcó que también se estimulará la participación a través de consultas, el desarrollo integral con iniciativas como el Plan Araucanía anunciado recientemente, se puso suma urgencia al proyecto de ley que da reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y está ya en marcha un instructivo presidencial que ordena considerar a las autoridades indígenas en todos los actos que se realicen.