Este jueves el militante socialista e Intendente de la región de Los Ríos, Egon Montecino, ha confirmado que como gobierno invocarán la “Ley Anti Terrorista” por el ataque perpetrado por encapuchados en el fundo Lo Suárez perteneciente a la empresa “Forestal Arauco” perteneciente al Grupo Angelini, en la comuna de Lanco.
Tras el hecho, se generaron enfrentamiento con carabineros en los cuales dos efectivos policiales resultaron lesionados tras recibir tiros de perdigones. En la acción, tres maquinas forestales, un camión, una camioneta y un furgón que estaban en el lugar resultaron quemados por la acción de los desconocidos, según consignó Radio Biobío. En el lugar se habría encontrado panfletos alusivos a la causa mapuche según señalaron fuentes policiales.“Nosotros como gobierno usamos todas las herramientas, por eso mañana (viernes) vamos a presentar una querella invocando la Ley Antiterrorista pues existen antecedentes que nos permiten establecer con claridad que esta acción fue planeada y premeditada” , precisó Montecino a la prensa.
La promesa de campaña de Bachelet: “En ningún caso volvería a aplicar la Ley Antiterrorista”
Fue en abril del 2013 cuando la en ese entonces candidata Michelle Bachelet señalaba en una entrevista al medio The Clinic que “en ningún caso aplicaría la Ley Antiterrorista, como lo hizo en su anterior mandato en el marco del llamado conflicto mapuche“. Para Bachelet, como lo señala en la misma entrevista, el haber aplicado la “Ley Antiterrorista” había sido “un error“. En ese mismo marco, la candidata Bachelet señalaba que en su pasado gobierno se presentó un proyecto para modificar dicha ley.
Lo planteado por Bachelet decía relación con los informes de relatores de la ONU que revisaron el escenario de los Derechos Humanos en Chile y, particularmente, la aplicación de la “Ley Antiterrorista” en el denominado “Conflicto Mapuche”. De hecho, fue en julio del 2014 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile por la aplicación de la “Ley Antiterrorista” en contra de comuneros mapuche, calificando el mecanismo como un recurso que sirve para criminalizar la protesta social y las demandas de los pueblos originarios.
