Jueza, defensor y experta coinciden en que las dificultades actuales obedecen a vacíos legales, pues no se establecen exigencias mínimas para estos profesionales.

A las 09:25 horas del 19 de julio de 2006, el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal inició la audiencia en contra del ciudadano sudafricano Mzonker Lucky Xhosa, acusado de intentar ingresar al país, por el aeropuerto de Santiago, 109 ovoides con cocaína en su estómago, equivalente a un kilo 600 gramos, avaluado en US$ 90 mil.
Pero antes de comenzar, el juez Tomas Gray tomó la palabra y llamó la atención al fiscal adjunto de Pudahuel, Emiliano Arias, por presentar a la audiencia una traductora y no un intérprete. La profesional se declaró inhabilitada para cumplir esa tarea, pues no era su especialidad. El fiscal tuvo que reconocer que hubo un error de parte de Interpol, a la que pidió el apoyo técnico.
¿Resultado? La audiencia fue pospuesta hasta el 2 de agosto de ese año y el Ministerio Público tuvo que solucionar el impasse contratando directamente a una intérprete que pudiera cumplir a cabalidad con la labor de informar claramente y en forma simultánea al imputado, asegurándole la garantía de saber y conocer los cargos por los que se le acusaba. Claro que antes de terminar la audiencia, el juez le advirtió al fiscal que "si las medidas no son adoptadas, podría decretar el sobreseimiento de la causa", lo que significaba que el sudafricano quedaba en libertad sin cargos.
Finalmente, la fiscalía consiguió a un intérprete que presentó en la fecha fijada.
Pero el problema persiste. Y el Ministerio Público está consciente de este vacío. Por ello, Jorge Chocair, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, anunció que trabajan en el diseño de un proyecto destinado a crear un Registro Nacional de Traductores e Intérpretes.
La idea es que a partir de 2014 exista este listado oficial con personas debidamente acreditadas en cuanto a calidad e idoneidad para realizar estas tareas, para lo cual se llamará a concurso público a nivel nacional y se intentará tener cubierta la mayor cantidad de idiomas y dialectos, incluso en regiones. Una tarea difícil, cuando registros oficiales fijan en casi 7 mil las formas de comunicación hablada.
Riesgos y dificultades
La jueza del Tribunal Oral de Villarica, Ximena Saldivia, advierte que el problema es serio cuando se trata de un sistema procesal oral.
"Hemos tenido casos de personas de nacionalidad inglesa", relata, donde los intérpretes han sido proporcionados por la embajada. "Nosotros como jueces no acreditamos la idoneidad, y si la defensa no se opone, entendemos que lo que se está traduciendo es lo correcto", señala.
En el caso de un imputado, la situación es más complicada, afirma, porque el intérprete debe estar sentado al lado de la persona, relatando todo lo que ocurre en el juicio. "Los tribunales no están preparados físicamente para que esto se cumpla. Como los juicios son grabados, el murmullo del intérprete puede provocar que el audio no quede claro y eso podría derivar en un vicio de nulidad", expresa la magistrada.
Y la situación se complica aún más en el caso de mapudungun, pues los mapuches se niegan a hablar en español cuando son enfrentados a juicios. "No hay una lista oficial donde estén acreditadas las calidades de los intérpretes, y en este caso no hay ningún centro que acredite la calidad de experto en lengua mapuche", dice.
En la zona de La Araucanía hay solo cuatro facilitadores interculturales que hablan mapudungun. "Imagínese que este tribunal jamás ha podido acceder a un facilitador", se lamenta la magistrada.
Katty Kauffman, intérprete acreditada en los tribunales federales de Estados Unidos, ante la ONU y la OEA, atribuye estos problemas a la falta de definición en Chile de lo que es un intérprete y un traductor, incluso en los textos legales. Y apunta que en la reforma procesal penal se incluyó la figura del facilitador intercultural para los pueblos indígenas, "sin describir en ninguna parte cuál es el rol que tienen ellos".
La experta asegura que pueden generarse problemas jurídicos cuando personas sin títulos necesarios asumen estas responsabilidades. "Un traductor, por ejemplo, tiene una perfecta comprensión del idioma extranjero y un perfecto dominio de su idioma nativo. Pero no necesariamente habla el idioma extranjero. Puede tener problemas de pronunciación, de sintaxis o de construcción de ideas. El intérprete sí tiene que hablar y expresarse a viva voz".
El defensor regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, concuerda en que hay un vacío en este tema. Pero estima que en los juicios orales es el Ministerio Público el que debe presentar una persona idónea, porque de lo contrario se arriesga a perder el juicio. "Aunque legalmente no hay ninguna norma que establezca un listado, un sistema de acreditación específico, ni tampoco quién debe cancelar los gastos".
En este último caso, Chocair precisa que es el Ministerio Público el que paga los servicios de los intérpretes.
Escasez
En la Región de La Araucanía existen solo 4 facilitadores interculturales. Cambios migratorios e investigaciones internacionales
En 2007, el Ministerio Público tuvo 26 requerimientos de cooperación internacional. Este año ya van cerca de 700, lo que da cuenta del sostenido incremento.
"La necesidad de intérpretes se hace cada vez mayor en distintas áreas", reconoce Jorge Chocair. Una de ellas tiene que ver con la participación en las audiencias de un imputado o de un testigo que habla otro idioma. La otra, con las interceptaciones telefónicas, donde los imputados se comunican en otras lenguas. "Y estas pruebas necesitan ser traducidas para presentarlas ante el tribunal", añade.
Chocair pone el ejemplo de una investigación donde se interceptaron conversaciones en un dialecto nigeriano. No encontraron traductores en Chile, pero se halló uno en el extranjero.
Algo similar ocurrió en una indagación sobre trata de personas, donde se interceptaron conversaciones en chino fujinés. Para zanjar la dificultad, la cooperación interconsular resulta clave.
Además, también se trabaja en la denominada Mesa de Migrantes.
Karina Fernández, abogada del Ministerio Público, advierte que las migraciones han cambiado y ahora Chile recibe personas provenientes de África y de Asia. Y muchas de ellas participan en casos de trata de personas, un delito nuevo contemplado en la legislación chilena.
"La idea es crear esta mesa de trabajo para que estos inmigrantes, sean víctimas o imputados, puedan acercarse a la justicia en su idioma", señala la asesora. Se incluyó también el quechua, el guaraní y el aimara.

MARIO GÁLVEZ