Representantes de los huelguistas buscan que el Ministerio Público se sume a negociaciones.
A las 17.15, el arzobispo Ricardo Ezzati comenzó a pasearse, solo e intranquilo, por los pasillos de la casa pastoral Betania de Concepción, donde ayer se efectuaron las conversaciones entre el gobierno y los mapuches en huelga para una solución al ayuno que hoy suma 79 días.El prelado de Concepción acababa de señalarles a los representantes de los comuneros que una negativa al ofrecimiento del Ejecutivo -de retirar las querellas por ley antiterrorista para desactivar el movimiento- pondría fin a este proceso de conversaciones, en que él oficiaba como mediador.
Pese a que había un documento de acuerdo de cuatro puntos listo para ser firmado, 30 minutos después el vocero de los mapuches detenidos en Angol, Rodrigo Curipán, comunicaba oficialmente que la huelga de hambre se mantenía en pie y que, debido a que no les bastaba el ofrecimiento del Ejecutivo, emplazaban al Ministerio Público y al Congreso a sumarse a las conversaciones, en busca de asegurar igual disposición de esos poderes del Estado.
"No me corresponde a mí constituirme como facilitador de diálogo con otros poderes, eso sería una arrogancia de parte mía. Mi etapa en este sentido concluyó. No depende de mí si sigo en esto, porque fui facilitador del diálogo entre el Poder Ejecutivo y los comuneros", dijo Ezzati, tras el encuentro que se prolongó tres horas.
El fracaso en las conversaciones se produce tras una confrontación de posturas entre los comuneros mapuches de la VIII Región y los de Temuco.
"Lamentablemente, las posiciones no fueron uniformes dentro de todos los representantes (mapuches) y eso indudablemente que influye a la hora final de un acuerdo", afirmó el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, quien ha representado al gobierno.
Alvarado insistió en que resultaría inconstitucional inmiscuirse en otro poder del Estado, por lo que las nuevas demandas de los comuneros escapaban al ámbito del gobierno.
Al respecto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, dijo ayer que la recalificación de las querellas "es un problema que excede con creces lo que es un proceso penal".
Horas después, en Canal 13, señaló que "ha habido víctimas, que nosotros tenemos la obligación constitucional de representar".
División de comuneros
Mientras los representantes de los comuneros de Concepción y Lebu eran proclives a firmar un acuerdo, voceros de Angol y Temuco insistieron en que el Ejecutivo les garantizara interceder ante la fiscalía para recalificar los delitos.
Rodrigo Curipán, Erick Millán y el lonco de Angol, Víctor Queipul -quien tiene a su hijo y un hermano detenidos- son los representantes más reacios a la suscripción de un acuerdo. En tanto, los voceros de Concepción, Natividad Llanquileo y Pamela Pessoa (pareja del líder de la CAM, Héctor Llaitul), eran proclives al término de la huelga.
Cuatro párrafos
Tenía el acuerdo que estaba listo para ser firmado. En él se señala que "el gobierno considera no perseverar en las querellas terroristas presentadas bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet. Ello por cuanto bajo este nuevo marco normativo, el gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los comuneros mapuches puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas".
Diputado UDI afirma que huelga es parcial
El diputado de la UDI Enrique Estay de la IX Región señaló ayer que tiene información fidedigna respecto de que algunos comuneros en huelga estarían recibiendo suplementos alimenticios marca Ensure. El director regional de Gendarmería, Marcos Fuentes, dijo que "es una huelga líquida. En su oportunidad se puso a disposición complemento alimenticio, pero lo rechazaron".
Senado dará tramitación rápida a ley antiterrorista
Una convocatoria extraordinaria para que el Senado sesione hoy a las 15.15 es la apuesta con la que el gobierno y la oposición pretenden agilizar la tramitación de la ley antiterrorista.
La iniciativa es una de las últimas herramientas legislativas para intentar poner fin a la huelga de hambre de procesados mapuches. Sin embargo, a diferencia de los cambios en torno a la justicia militar, donde ya existe consenso, en el cuerpo legal sobre conductas terroristas no existe acuerdo entre oficialismo y oposición, ni entre el Senado y la Cámara .
La sesión extraordinaria, que debe ser refrendada hoy por los jefes de bancadas, fue acordada ayer en una reunión informal de la Comisión de Constitución, presidida por Soledad Alvear.
Según explicó la senadora DC ayer se analizó la votación en la Cámara Baja que rechazó gran parte de la propuesta legal que había efectuado en los días previos el Senado.
De la reforma sólo se salvó íntegramente un artículo que define el delito terrorista y elimina la presunción de producir temor en la población. Además, la Cámara aprobó sólo la mitad de otro artículo que restringe la invocación del delito terrorista para hechos como el parricidio.
La intención de algunos senadores es que antes de las 16 horas se rechace el informe de la Cámara y así forzar inmediatamente una comisión mixta, para que se constituya a más tardar el miércoles para comenzar a resolver las discrepancias entre diputados y senadores.
La pasada votación de la Cámara, donde la Concertación se abstuvo o rechazó, junto a un grupo minoritario de diputados oficialistas, generó malestar en el Senado.
