Esta semana, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó que el año pasado las denuncias asociadas a delitos por conflicto mapuche habían aumentado en un 77%, llegando a 300.

Incendios, amenazas, hurtos y homicidios, entre otros delitos conformaron un panorama del aumento de la violencia en la zona.
Ante estas cifras, surgió la duda sobre cuántos de estos hechos llegan a los tribunales para ser enjuiciados.
Según datos entregados a "El Mercurio" por la Defensoría Penal Pública, durante 2012 fueron doce los casos que ingresaron a la entidad. Vale decir, de las 300 denuncias relacionadas con el conflicto mapuche, sólo 12 de ellos habrían sido judicializados y tendrían imputados. La mayoría de estos procesos estaría activos.
Estos números dan cuenta de que el porcentaje de judicialización de las denuncias ingresadas es cercano al 4%.
Las únicas excepciones serían casos que fueron tomados, desde el principio, directamente por abogados privados, lo que, según explican en los tribuanles de la zona, es un número marginal, pues lo usual es que éstos se integren a los procesos una vez comenzados.
Cabe destacar que siempre que hay un imputado, el caso pasa automáticamente a la Defensoría.
Asimismo, durante 2012, la Defensoría Penal Mapuche (ver recuadro) encargada de tratar los casos de la etnia atendió 1.938 causas. De éstas, las 12 relacionadas con el conflicto representan el 0,6%. El resto son delitos que se producen dentro de las comunidades y entre mapuches, como hurto, violencia intrafamiliar y riñas.
Los obstáculos para levantar un caso
Las cifras conocidas esta semana, de acuerdo a los expertos, reflejan un problema a la hora de iniciar los juicios y luego de llevarlos a término.
Según el Gobierno, esto se produce debido a que muchos jueces de garantía de la Región consideran que el pueblo mapuche está en desventaja social, por su pobreza y la situación de sus territorios.
Por esto, es habitual que los jueces soliciten un estándar más alto de pruebas para iniciar un juicio o para lograr una determinada condena.
Ante esto, la situación de carabineros y fiscales se torna "compleja", puesto que cada vez es más difícil encontrar una prueba definitiva para poder sustentar los procesos.
Por ejemplo, en círculos judiciales se explica que cada vez es más difícil encontrar testigos que se "atrevan a enfrentar a un tribunal". Muchos de ellos temen a las amenazas de los grupos violentistas. O a veces, cuando finalmente se logra que el testigo se presente en la sala, su discurso cambia sorpresivamente.
Igualmente, abogados de la región critican que cuando se ha logrado la condena, la sala penal de la Corte Suprema ha cambiado condenas por otras menores. Ello, según dicen los abogados, porque comparte, en líneas generales, el criterio de los juzgados de garantía de la zona.
Este escenario explicaría por qué la Fiscalía y las policías se toman tiempo en presentar los casos ante tribunales