Comisión por los Derechos Del Pueblo Mapuche debatió sobre problemáticas de comunidades indígenas pesqueras.

Con el compromiso final de la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche -integrada por Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción y Lorena Fries, Directora del INDH- de hacer llegar al Ministerio de Economía y a todas las autoridades involucradas, la necesidad de incluir la consulta que establece el Convenio 169 de la OIT en el marco de la discusión sobre la Ley de Pesca, concluyó la cuarta sesión de esta instancia.

Durante su exposición -Adolfo Millabur- expresó, “estamos muy preocupados porque para esta Ley de Pesca los pueblos originarios no han sido consultados, y el Estado Chileno firmó el Convenio 169, que establece las consultas a los pueblos indígenas en temas que los afectan, involucran, benefician o perjudican. En este sentido, el Gobierno está cometiendo una falta grave al no respetar un convenio internacional, y el Parlamento también, por no tener los instrumentos para consultar correctamente a los pueblos indígenas”.

En tanto, el dirigente lafkenche por la comuna de San Juan de la Costa, Miguel Cheuqueman, señaló que “este asunto es muy grave y complejo, porque ni siquiera hemos sido recibidos en un espacio físico en que podamos explica las bases de nuestra propuesta y el por qué no estamos de acuerdo con estas modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura. Las indicaciones que propusimos están establecidas de manera que no sean rechazadas por anticonstitucionales. Pero, además nosotros estamos en desacuerdo con otras cosas, como el hecho que siete familias se queden con el 80% de la pesca, de manera indefinida. Eso no puede ser”.

Moisés Vilches, dirigente lafkenche por la comuna de Carahue, manifestó que el Gobierno está actuando de mala fe, especialmente el ministro de Economía, Pablo Longueira. “Él fue senador y aprobó la Ley de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley Lafkenche). Él fue uno de los que dijo que ‘al mar hay que ponerle dueño’, cuando nosotros estábamos luchando por nuestros espacios. Y le pusimos dueño, pero ahora no nos quieren entregar el derecho a administrar y al uso productivo del mar. Con lo que está haciendo, el ministro Longueira va ser llamado a la pizarra, porque no es posible que desde el cargo actual nos esté obligando a heredar un conflicto a las generaciones que vienen”.

Una serie de contradicciones de la legislación aún vigente, denunció Manuel Tapia, dirigente lafkenche por la comuna de Arauco. “Hoy día, a nosotros nos entregan un permiso de pesca, que señala textualmente que ‘no habilita para efectuar actividad pesquera’. Entonces, estamos inscritos en los registros de Sernapesca, hemos cumplido con los trámites que nos impone el Estado, pero cómo podemos ejercer nuestro oficio en esta condiciones”.

Matías Abogabir, representando al gobierno, se refirió a esta situación y señaló que “nosotros, como Gobierno, nos comprometemos a establecer una mesa de trabajo con el Ministerio responsable, que es Economía (….), y a que se puedan acoger–en la medida de lo posible- las solicitudes hechas por los integrantes de las organizaciones”.

Por su parte, la directora del INDH, Lorena Fríes, afirmó que “esto podría constituir una infracción al Convenio 169, siendo un caso que perfectamente podría llevarse a una instancia internacional, constituyéndose en una condena para el Estado de Chile.” En ese sentido, dijo que lo peor que le podría pasar a Chile es que los Pueblos Originarios desecharan el Convenio 169, porque eso significa la ruptura de cualquier posibilidad de diálogo.