En algunos casos son exculpados en primer proceso. En otros, son condenados, pero tras anulación de la Suprema obtienen absolución en un nuevo juicio.

El 21 de agosto pasado, el tribunal de juicio oral de Temuco absolvió a los 12 acusados de un ataque armado a una máquina de Tur Bus y a tres camiones en Temuco, ocurrido en julio de 2009, y en donde encapuchados dispararon y amenazaron a los choferes detenidos por barricadas. El tribunal acreditó los hechos como daños y desechó aplicar la Ley Antiterrorista.

Una revisión de los principales juicios realizados por graves ataques en La Araucanía y Biobío entre 2010 y 2013, los que fueron confirmados como tales por el departamento jurídico de la Intendencia de la IX Región, arroja que, junto a los últimos 12 exculpados, son 34 en total los acusados absueltos de los cargos principales de la causa -en algunos casos solo recibieron condenas por delitos menores como daños o lesiones-, y cinco recibieron condenas.

Así ocurrió en el juicio contra Rodrigo Montoya Melinao y Eric Montoya Montoya. Acusados por homicidio frustrado contra carabineros por un ataque armado al fundo Centenario de Ercilla, en octubre de 2011, fueron condenados a cinco años en febrero de 2013.

En abril de este año, la Corte Suprema resolvió anular el juicio contra ambos y ordenó repetirlo. Este se realizó en agosto y Rodrigo Melinao fue absuelto del homicidio frustrado, manteniendo condenas menores.

Eric Montoya está prófugo, no asistió al segundo juicio y su situación procesal está pendiente. La fiscalía lo indaga como autor de la muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz.

Lo mismo ocurrió en el caso del vocero de la comunidad mapuche Temucuicui, Mijael Carbone, acusado de homicidio frustrado de carabineros y receptación por hechos ocurridos en mayo de 2011, cuando encapuchados dispararon armas de grueso calibre -entre ellas un fusil- a efectivos que protegían el fundo Montenegro, en Ercilla.

Fue condenado a siete años por el tribunal de Angol, pero la Suprema anuló el juicio mientras Carbone estaba prófugo. En el segundo juicio realizado en febrero de este año, fue absuelto.

En octubre de 2012, la Suprema anuló el juicio contra Daniel Levinao y Paulino Levipan, condenados a 10 años por homicidio frustrado de carabineros. Un nuevo juicio en el tribunal de Angol los absolvió de este delito, y mantuvo condenas de 541 días por tenencia ilegal de armas.

Un caso similar involucra a Leonardo Quijón, quien en septiembre de 2010 fue absuelto como coautor de incendio contra dos camiones y del delito de homicidio frustrado, tras un segundo juicio. Hoy está en prisión preventiva imputado del homicidio del agricultor Héctor Gallardo en septiembre de 2012.

Uno de los juicios de mayor repercusión se realizó en Cañete en septiembre de 2010, en contra de 17 imputados por el ataque a una comitiva policial en la que viajaba el fiscal Mario Elgueta. Allí, 13 de los acusados fueron absueltos, y se condenó a Héctor Llaitul -sindicado como el jefe de la CAM-, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical por robo con intimidación, homicidio frustrado y lesiones graves.

En julio de 2011, la Corte Suprema rebajó penas y anuló parcialmente algunas sentencias, por lo que cumplen condenas de entre 14 y 8 años de prisión.

Otros casos son los de Mauricio Huaiquilao y Luis Tralcal, acusados en la causa por el ataque incendiario de encapuchados armados contra el fundo Santa Rosa, del agricultor Eduardo Luchsinger. Fueron absueltos en el juicio realizado en septiembre de 2010.

En noviembre de ese año, Eduardo Osses Moreno fue absuelto en el juicio por el incendio de dos camiones en la Ruta 5 Sur, y en julio de 2010 José Millacheo Ñanco -quien estuvo dos años prófugo- fue absuelto en el juicio por el ataque a dos camiones en San Ramón, Ercilla.

Distinta fue la situación de Waikilaf Cadin Calfunao, condenado en enero de 2012 a tres años por tenencia ilegal de explosivos. En 2010, se había encontrado en su casa 60 gramos del poderoso explosivo C4, una mezcla de nitrato de amonio y nitroglicerina, y mechas industriales. Su caso se vinculó con atentados explosivos registrados en la ciudad de Santiago.

Juicios anulados

En otra revisión de casos realizada por el Ministerio Público de La Araucanía, algunos de los cuales coinciden con los de la intendencia, se revela que entre los años 2012 y 2013 de 40 delitos, de todo tipo, relacionados con el conflicto mapuche, por los que se acusaron a 23 personas, en una decena de esos casos hubo absoluciones y en 30 condenas de primera instancia.

Sin embargo, en una de esas sentencias condenatorias la Corte Suprema modificó el fallo, reduciendo la pena de un acusado de 10 años a 3 años, y en cinco de esas resoluciones de primera instancia, el máximo tribunal anuló los fallos. Cuatro de ellas correspondían a homicidio frustrado en contra de carabineros de servicio.

VIOLENCIA
Los atentados violentos en la zona de conflicto mapuche se circunscriben a las provincias de Malleco y Arauco.
Cuatro
veces la Corte Suprema ha anulado condenas obtenidas por la fiscalía en primera instancia en estos últimos 10 juicios catalogados como graves por la Intendencia.

12
fueron los últimos absueltos en un juicio en La Araucanía. El 21 de este mes el tribunal oral de Temuco no calificó como delito terrorista el ataque a un bus y tres camiones, ocurrido en julio de 2009 en esa ciudad, como solicitaba la fiscalía.

13
mapuches fueron absueltos en 2010 en un juicio que involucraba a 17 acusados por el ataque a un fiscal en Tirúa, Biobío. Es el mayor número de absueltos en un juicio entre 2010 y 2013.

Gremios y víctimas critican labor de jueces y acusan que aplican mano blanda a imputados de la etnia
"Los jueces en La Araucanía no están juzgando a todos los chilenos con la misma vara. Tienen una discriminación positiva con los imputados mapuches, y eso nos parece nefasto, porque la sensación de impunidad les permite seguir haciendo de las suyas", afirma Gastón Caminondo, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.

La crítica es compartida por Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de esa región. "Los jueces se están tomando muy livianamente esta situación", dice al respecto, y acota que "las víctimas no sacan mucho con atreverse a declarar si después los juicios quedan en nada, porque quedan expuestas y son revictimizadas".

También a la acción de los tribunales apunta Emilio Taladriz, presidente de la Multigremial de La Araucanía, quien comenta que "hay una mirada garantista del Poder Judicial, porque con pruebas claras estos acusados son absueltos". A su juicio, "el sistema judicial chileno no está a la altura de lo que está sucediendo en nuestra región, pues con algunos fallos se atenta contra la paz y la democracia".

Mientras, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez Jara, describe la situación que viven sus asociados en La Araucanía como "el clima de mayor desparpajo, donde el Poder Judicial no solo no identifica ni condena a los responsables de estos actos, muchos de ellos con características de terrorismo, sino que otorga toda suerte de facilidades y rebajas de condenas a quienes son sorprendidos flagrantemente cometiéndolos".

NICOLÁS GUTIÉRREZ y FABIÁN ÁLVAREZ