Amnistía Internacional repudia la represión contra el pueblo mapuche por parte de Gendarmería y de la policía de Chubut en el marco del reclamo de los pobladores de tierras ancestrales que actualmente están en disputa con el grupo empresarial Benetton.

La comunidad mapuche de Cushamen, un departamento de la provincia de Chubut, en marzo de 2015 decidió volver y recuperar su territorio ancestral en donde hoy está la estancia Leleque de la compañía multinacional Benetton, que tiene cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina.

Pese a que una orden judicial, dictada por el juez federal Guido Otranto, ordenó liberar el corte del tren turístico La Trochita, lo cierto es que el 10 de enero en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatización del pueblo mapuche, alrededor de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que permanece establecida la comunidad Cushamen.

“La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La policía de Chubut, a caballo, por su parte, actuó bajo la orden del juez provincial José Colabelli quien maneja una denuncia de Benetton por presunto robo de animales.

La comunidad relató los hechos de violencia y represión que padeció: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres, y corridas a los niños y las niñas de la comunidad. Este tipo de accionar resulta inadmisible. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a mujeres y niños. Además se concretaron detenciones contra miembros de la comunidad y aliados.

El año pasado, Amnistía Internacional y diferentes organizaciones denunciaron el creciente contexto de estigmatización y persecución contra el pueblo mapuche: autoridades nacionales han definido a través de informes a las comunidades como “amenazas a la seguridad social”.

Amnistía Internacional manifiesta máxima preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en relación a los ataques contra la comunidad mapuche. Además llama al Estado nacional y provincial a investigar a los responsables y prevenir futuros actos de represión.