El general de Carabineros y coordinador en el área del conflicto mapuche evalúa sus siete meses de trabajo en el lugar y los hechos de violencia.

Han pasado más de siete meses desde que el gobierno designó al general Carlos Carrasco para controlar las acciones terroristas y hechos de violencia en la denominada zona de conflicto mapuche. En ese tiempo, el alto oficial ha liderado pesquisas para detener a los autores del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, la detención del supuesto activista Emilio Berkhoff y una seguidilla de ataques a maquinaria forestal y vehículos particulares.

Desde la Región de La Araucanía, el general Carrasco hace la primera evaluación de su trabajo y revela parte de los problemas que la policía afronta en la zona. Entre estos, uno que considera especialmente sensible: la forma en que la fiscalía determina qué predios deben tener protección de efectivos policiales.

¿Cómo evalúa el trabajo que Carabineros ha desarrollado en Biobío, La Araucanía y Los Ríos?

No creo que lo hayamos hecho bien. Creo que siempre hay más que hacer e investigar. Creo que, aun cuando los números puedan estar con una tendencia un poco más moderada, cuando tengamos ningún hecho delictual es porque la misión está cumplida. No podemos hacer cánticos de victoria, menos con los últimos hechos que han acontecido. Lo que podemos acreditar es que estamos mucho más presentes con el incremento de dotación.

¿Qué tan efectivo ha sido el trabajo de la policía en la zona de conflicto?

Hay un número creciente de personas que están en prisión preventiva o que han recibido sentencias por sus conductas, que sin lugar a dudas debería hacer que los autores de estos hechos lo piensen muy bien.

¿Cuántos carabineros son destinados a cumplir medidas de protección en fundos o recintos de privados?

Son 375 hombres, que evidentemente equivalen a una comisaría mayor de la Región Metropolitana u otra ciudad urbana. Es una situación que hemos hecho saber a la autoridad del Ministerio Público, en el sentido de revaluar la vigencia de dichas medidas, y estamos atentos a la respuesta que nos puede dar.

¿De qué forma estos hechos los afectan para prevenir delitos?

Hicimos a la fiscalía un planteamiento de carácter técnico, teniendo claridad de que el Ministerio Público, en el uso de sus atribuciones, tendrá que resolver sobre la materia. Planteamos que tener una persona cuidando un lugar tiene que ingresar a una propiedad, inmueble o terreno privado, y evidentemente ese funcionario se resta de estar en la vía pública, donde sería mucho más beneficioso.

¿Cómo ha visto la situación de violencia en la zona?

Los hechos masivos han disminuido, pero los actos relámpago de daño inmediato, sin sentido, se han mantenido, porque, si bien existe disminución en los casos policiales, los siguen habiendo y ocasionan una gran conmoción.

Uno de los últimos casos de ese tipo afectó a camioneros en la zona. ¿Qué se está haciendo al respecto?

Hemos generado un servicio permanente en las rutas de principal movimiento de tránsito. Siempre les hacemos un llamado a ellos, porque hay sectores en que son tremendamente solitarios y facilitan cualquier tipo de acción delictiva. Para esos lugares, y también con las grandes empresas del rubro forestal, se han hecho coordinaciones para tener vigilancia más creciente. Pero se debe acentuar el autocuidado.

¿Hay mayor preparación de los grupos violentistas de la zona?

La utilización sigue individualizada con armas de caza y armas cortas. Llama la atención la capacidad organizativa que tienen, del grupo que va a cometer el delito, la rapidez con que lo hacen, porque su acción no demora más de cinco minutos, lo que les facilita la fuga. También el grado de agresividad para enfrentarse a carabineros.

Se habla de que existen extranjeros en la zona que podrían contribuir a la formación de estos grupos.

No hemos tenido antecedentes de gente que se identifique con grupos extranjeros terroristas. Pero sí, permanentemente, llegan a la zona organizaciones privadas, ONG u otras organizaciones de carácter internacional, interesadas en conectarse con la gente de las comunidades. No hemos logrado certificar hechos de instrucción (de grupos), porque habríamos tenido que denunciarlos.

por Sebastián Labrín