r casi una década, desde la dictación de la Ley Indígena en 1993, el conflicto mapuche se ha transformado en un eje central de las políticas sociales desplegadas por los tres gobiernos de la Concertación. Pese a ello, este delicado proceso, destinado a resolver las demandas "históricas" de los pueblos originarios, no parece arrojar todos los frutos esperados ni menos conducir hacia una solución definitiva de los problemas indígenas. La Tercera en Internet, 22 de enero de 2003
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Miércoles 22 de enero de 2003
Política indígena
Por casi una década, desde la dictación de la Ley Indígena en 1993, el conflicto mapuche se ha transformado en un eje central de las políticas sociales desplegadas por los tres gobiernos de la Concertación. Pese a ello, este delicado proceso, destinado a resolver las demandas "históricas" de los pueblos originarios, no parece arrojar todos los frutos esperados ni menos conducir hacia una solución definitiva de los problemas indígenas. Las propias autoridades se adelantan a reconocer las crecientes exigencias de tierras y los millonarios recursos fiscales que, año a año, pasan a engrosar los distintos programas de integración de etnias, las que, por lo demás, continúan sumidas en una difícil situación de aislamiento y pobreza.
Entre 1994 y 2002, el Estado invirtió más de $ 56 mil millones para satisfacer las demandas de terrenos de los pueblos autóctonos, a través del Fondo de Tierras y Aguas (FTA). Además, proyecta utilizar otros $ 13 mil millones en 2003. Considerando este gran esfuerzo en recursos públicos, cabe preguntarse: ¿Por qué persisten, entonces, los hechos de violencia en la Araucanía? O, lo que es más preocupante, ¿por qué no se aprecia un cambio sustantivo en la calidad de vida de aquellas comunidades que ya han recibido el dominio de sus predios?
Al margen de otras consideraciones, la explicación a ambas circunstancias puede ubicarse en el cuestionado modelo de asignación de territorios llevado a cabo por el oficialismo a través de la Conadi. En su diseño, esta normativa provoca complejos incentivos para la ocupación de predios y, a la par, establece una serie de regulaciones y trabas al derecho de propiedad de los mismos una vez entregados. En la práctica, estos dominios tampoco van de la mano con otro tipo de planes que fomenten la educación o la capacitación productiva de los comuneros, los que, de esa forma, siguen viendo disminuidas sus posibilidades de progreso económico y social en el largo plazo.
La imposibilidad de hacer pleno uso de los terrenos asignados -enajenarlos, arrendarlos o hipotecarlos en busca de créditos- y los débiles avances con relación al reenfoque de las políticas indígenas en el país pueden conducir, a la postre, a situaciones tanto o más complejas que las actuales. Seguir entregando únicamente tierras, sin mayor valor agregado significa no sólo un cuestionable gasto para el Fisco. Con ello, además, se puede abonar un camino de la pobreza para estas zonas. Y, por lo mismo, dotar de argumentos a quienes radicalizan el conficto e intentan conducirlo por medio de acciones terroristas.
También ha contribuido a lo anterior la serie de irregularidades y denuncias que han afectado la gestión de la Conadi en los últimos años. Esto produce una natural desconfianza en la ciudadanía respecto del correcto uso de estos fondos públicos. Importante es que las nuevas autoridades encargadas de coordinar este tema realicen una exhaustiva evaluación de las políticas seguidas hasta ahora y las reorienten a cauces de mayor eficiencia.
Contribuir a que estos grupos humanos mejoren sus condiciones generales de vida debiera ser el objetivo primordial de las políticas indígenas del gobierno y no sólo cumplir con una reinvindicación territorial que, tal como está hoy planteada, no resuelve las dificultades de fondo del pueblo mapuche.
