Domingo 21 de septiembre de 2003

OPINIÓN

Acuerdo en el Alto Bio Bio

La intervención del gobierno permitió solucionar un conflicto que, aun siendo entre privados, ponía en riesgo avances energéticos que interesan a todo el país.

La Moneda fue escenario el martes pasado de un trascendental acuerdo: el memorando de entendimiento entre el gobierno, Endesa y las cuatro últimas propietarias pehuenches que no habían querido aún permutar sus tierras en el Alto Bíobío (VIII Región) para concretar la última etapa en la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Este hecho pone fin a un conflicto marcado por ribetes sociales, económicos y políticos que por más de siete años mantuvo en duda la definitiva concreción de un proyecto que entregará el 10% de la energía del Sistema Interconectado Central (SIC).

Como primera parte del acuerdo, Endesa entregará $ 200 millones y 77 hectáreas de terrenos similares a las permutadas a las propietarias. La oferta de la empresa española no difiere de los montos que a fines del año pasado entregó a Nicolasa y Juan Quintremán, hermanos de Berta. Pero, además, y cumpliendo con un compromiso que había adoptado con el gobierno hace ya casi un mes, la empresa donará $ 300 millones a una institución definida de común acuerdo para impulsar programas de desarrollo indígena.

La diferencia con el acuerdo de diciembre de 2002, sin embargo, la estableció la segunda parte del memorando, que tiene que ver con el aporte del Estado, que actuó como mediador y garante del acuerdo. Básicamente, el gobierno proveerá 100 hectáreas para cada uno de los 12 hijos de las cuatro mujeres que negociaron. También entregará subsidios para la construcción de las viviendas y de acceso a vías de electricidad, además de algunas pensiones y becas de estudio.

Por su parte, las mujeres pehuenches deberán desistir y retirar todas la acciones judiciales y administrativas interpuestas en contra de la empresa y la construcción de la central hidroeléctrica. De esta forma, y una vez que se afinen los detalles del acuerdo, los abogados a cargo del tema presentarán los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -entidad que actualmente estudia una demanda interpuesta por estas familias pehuenches por violación a los derechos humanos y a una serie de otras garantías establecidas por la OEA-, para que se haga garante de la solución acordada por el Estado, Endesa y las propietarias indígenas.

Este paso es de vital importancia, ya que, sin duda, el empeoramiento del escenario internacional para el Estado de Chile fue un punto clave para que el gobierno se decidiera a intervenir en un conflicto que, siendo privado, tenía consecuencias que afectaban a todo el país, derivadas de un eventual déficit de generación eléctrica. A la demanda interpuesta por las cuatro mujeres pehuenches se sumó la visita del relator especial para temas indígenas ante la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien fue enfático en criticar las políticas nacionales respecto de los pueblos originarios.

El resultado final de la intervención gubernamental en el problema permitió un acuerdo que, ateniéndose a la Ley Indígena, logró favorecer un proyecto de vital importancia para la generación de electricidad en el país y para el cual se estima una inversión cercana a los US$ 570 millones. No obstante, el éxito de la operación final, la demora en su ejecución aporta varias lecciones que debieran ser estudiadas en la concreción de futuros proyectos que deban compatibilizar progreso económico y desarrollo indígena.

En este sentido, y al ver que el proyecto se encerraba en un círculo vicioso de difícil salida, una acción más decidida y oportuna del gobierno hubiera permitido una resolución más rápida del conflicto, evitando demandas internacionales que afectan la imagen país y la inversión extranjera. Asimismo, el Ejecutivo debiera apostar a la transparencia y establecer el monto de los recursos que serán necesarios para llevar a buen término el acuerdo. Hasta ahora sólo hay especulaciones, que rondan entre los $ 3.000 y $ 4.000 millones, considerando los aportes de Endesa y el gobierno. Tampoco se conoce de dónde provendrán los fondos, hecho que enturbia el éxito alcanzado a comienzos de esta semana.

En cuanto a la situación de los 97 pehuenches que negociaron con Endesa en la primera etapa del proyecto en 1999, permutando sus tierras cada uno por dos millones de pesos y terrenos de entre 15 y 20 hectáreas y que ahora pueden sentirse menoscabados en sus intereses, la respuesta, aunque dura, es simple. Es el mercado el encargado de fijar los precios en las transacciones entre privados. Si un grupo pequeño decidió perseverar en las negociaciones, el caso específico de sus logros no puede ser transferible a los demás, pues los plazos para entablar demandas en este sentido ya se cumplieron.