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| Jueves 18 de septiembre de 2003 Las 91 familias que negociaron entonces recibieron dos millones de pesos cada una |
Pehuenches que negociaron en 1999 recibieron 100 veces menos dinero |
| El ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, valoró el acuerdo alcanzado el martes entre Endesa y las familias del Alto Biobío, y subrayó que con ello se evitó un conflicto político mayor. Isabel Guzmán |
El acuerdo firmado el martes recién pasado entre cuatro mujeres pehuenches, Endesa y el gobierno chileno para lograr la permuta de sus tierras y concluir con los obstáculos para que la firma generadora pueda construir la central hidroeléctrica Ralco en el alto Biobío, consideró un valor monetario 100 veces mayor al que recibieron en 1999 otras 91 personas de esa etnia que tuvieron que realizar esta misma negociación sin el Estado como garante. Rosario y Mercedes Huenteao, Aurelia Marihuán y Berta Quintremán, obtuvieron cada una 200 millones de pesos y 77 hectáreas (hás) de terreno a cambio de la permuta de sus tierras, que en total suman 22,50 hás. A ello se suman lo que consiguieron para sus hijos, equivalente a 100 hás. para cada uno y subsidios de vivienda y de acceso a vías y electricidad, además de algunas pensiones. Antes que ellas, a fines del año pasado, los hermanos de Berta, Nicolasa y Juan Enrique Quintremán, también negociaron el mismo valor por sus tierras, las que alcanzaban en conjunto 8,30 hás., pero no obtuvieron nada para sus descendientes directos. A diferencia de estas seis personas, el resto de los 97 permutados por Endesa recibió cada uno dos millones de pesos y entre 15 y 20 hás. de terreno. Todos fueron relocalizados en los fundos El Barco y El Huachi. A lo anterior se suman los 12 millones de dólares (cerca de ocho mil millones de pesos) que Endesa estuvo obligada a cancelar por sentencia judicial, a los hermanos Pablo y María Elena Sola Ruedi, a quienes se expropió 1.300 hás. de servidumbre. Si Endesa hubiese debido pagar lo mismo a las restantes 91 familias, tendría que haber desembolsado 18.200 millones de pesos extra. Esas familias tuvieron hasta hace pocos meses una remota posibilidad de haber pedido una revisión de la compensación acudiendo a la figura de la "lesión enorme" -cuando las personas se sienten perjudicadas en una negociación- contemplada en la legislación, pero el plazo para ello ya expiró. El proceso El escenario que derivó en el acuerdo del pasado martes ha sido objeto de estudio por parte de especialistas en el tema indígena. El subdirector jurídico del Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad Arcis, el abogado Sergio Fuenzalida, relata en un documento publicado en abril de este año que, luego que el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei señalara que el conflicto por la construcción de la central era un litigio entre privados, fue la propia empresa la que se encargó de realizar las conversaciones y posteriores negociaciones con los indígenas del sector inundable que bordea el río Biobío. "Los primeros directores nacionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura, en la Resolución del 30 de diciembre de 1997, fijaron el instructivo llamado Autorización de Solicitudes de Permutas de Tierras Indígenas, que establecía que el valor comercial de las tierras permutables debía incluir 'las características actuales más la plusvalía futura, de acuerdo a la influencia de factores externos predecibles' ". Cuando Rodrigo González asumió en la Conadi, aprobó en diciembre de 1998 un nuevo instructivo, donde se omitió el requisito que permitía a los pehuenche obtener un valor equitativo por las tierras. Ello fue criticado por Namuncura, quien señaló en un libro que hizo sobre el tema indígena, que "nos encontrábamos ante una situación de consentimiento forzoso, sin más alternativa que salir del lugar actual de residencia". Ayer, el ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, valoró el acuerdo alcanzado y subrayó que se evitó un conflicto político mayor. "Quiero cerrar este capítulo de Ralco diciendo que aquí las políticas indígenas las va a llevar el ministro Andrés Palma y que Marcelo Carvallo sigue siendo el coordinador de políticas indígenas. Este ministerio sólo se involucra en aquellos aspectos conflictivos", agregó. |
Las otras centrales del Alto Biobío
Originalmente, el proyecto de Endesa para la cuenca del rio Biobío contemplaba la construcción de seis centrales hidroeléctricas: Quitramán, Huequecura, Aguas Blancas, Pangue, Ralco y Ranquil. Una, Pangue, ya fue construida y esta en operación, mientras las obras de Ralco aún se ejecutan. Ante la pregunta de cuál será el destino de los otros proyectos, el gerente de Comunicaciones de la firma, Renato Fernández, explicó que "estamos trabajando para terminar Ralco. No hay anuncios de próximos proyectos". Fernández agregó que los otros proyectos de centrales "no necesariamente quedan estancados. Los proyectos eléctricos van entrando al sistema (interconectado central) en la medida que la demanda lo va requiriendo. No es que se nos ocurra hacer una central porque la queremos construir e inyectar esa energía mañana, sino que hay una planificación en conjunto con la Comisión Nacional de Energía (CNE), que es la que planifica las inversiones y las centrales que deberían ir entrando en determinados plazos", explicó Fernández. Paralelamente, el Estado chileno aún tiene pendiente la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece severas limitaciones para el desarrollo de megaproyectos de este tipo en zonas indígenas. |
