En ese sentido, tanto el director y ex presidente de Empresas CMPC, Ernesto Ayala, como el secretario general de la firma forestal, Gonzalo García, han coincidido en que fue el Ejecutivo el cual modificó su postura ante el tema, acercándose así a la posición de las compañías afectadas.

"La gente incitadora está más preocupada, porque si el gobierno se pone firme, como ha ocurrido, las cosas pueden resultar no tan simpáticas para ellos", dijo Ayala, quien, a la vez reconoció que el manejo del tema "es mejor" debido a que también "la Corte Suprema ha dado una señal poderosa al condenar a dos o tres personas".

Esta firmeza se manifestó de lleno cuando el Ministerio del Interior invocó la Ley Antiterrorista en un requerimiento presentado en diciembre del 2001 por el incendio del fundo Nancahue del ex ministro Juan Agustín Figueroa. Desde entonces, el gobierno ha colocado otras nueve querellas recurriendo a esta normativa en las zonas de conflicto.

"El balance de esta política es que los principales cabecillas de la Coordinadora Arauco Malleco están procesados", agregó el senador Alberto Espina (RN).

Todo esto ha beneficiado a Empresas CMPC, que debido a los episodios del 2002 vendió dos predios y reforzó la dotación de guardias y seguridad en las propiedades. De ahí el "cierto optimismo" que expresó Gonzalo García en la última edición de la revista Lignum, cuando afirmó que "vemos actitudes distintas en la autoridad política, en cuanto a sus criterios sobre el Fondo de Tierras y sobre su actitud frente a la violencia. También vemos un cambio en los tribunales de justicia y en la policía". García precisó que "se ha tomado conciencia de que la violencia indígena afectará seriamente los intereses económicos regionales".

Los privados valoran las modificaciones al sistema de otorgamiento de tierras, donde se excluyó a quienes participen en actos de violencia de la posibilidad de acceder a predios y de paso se evaluaron con otros criterios las propiedades a asignar a los indígenas demandantes, sostiene el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), José Ignacio Letamendi, quien en su momento cuantificó en US$ 10 millones el costo del conflicto para el sector, cifra que es validada hoy por el senador Espina.

El timonel de Corma -también director de CMPC- dijo que "ha habido el mayor avance en casi 10 años de conflicto", con Jaime Andrade como subsecretario de Mideplán, quien ha sido "lejos el que más ha logrado". Ayala y Letamendi están expectantes a lo que haga Marcelo Carvallo, quien reeemplazó a Andrade hace menos de un mes.