En relación al analfabetismo de las minorías étnicas, se observa una tasa que alcanza al 10%, cifra muy superior a la registrada por la población no indígena, que es de 4,7%. Más aún, si se consideran las tasas de analfabetismo en algunos puntos del país, se descubren situaciones muy extremas. En un documento complementario con este trabajo, referido a cinco comunas seleccionadas por Conadi por su alta representatividad indígena para ser incluidas dentro de la muestra de la Casen 96, se presenta información sobre tasas de analfabetismo: 25,9% en la comuna de Putre, 22,9% en Colchane o 19,4% en Puerto Saavedra.
 

A lo anterior, se debe agregar lo referido al nivel de instrucción. La Casen 96 incorpora una pregunta sobre este particular, cuyos resultados se ordenan en la tabla siguiente:

Ahora bien, al interior de los colegios públicos y/o subvencionados, los indígenas son mayores beneficiarios de la asistencialidad alimentaria. Según la información referida al Programa de Alimentación Escolar (Pae), se observa que los niños indígenas tienen una mayor incorporación (especialmente en los niveles de pobreza) que los no indígenas. La cobertura alimentaria para escolares indígenas, es alta, llegando a superar, en promedio, el 80% de asistencialidad.

Es probable que programas como el Pae, se inserten dentro de las estrategias de la economía campesina, como una manera de aliviar la carga alimentaria que ejercen los niños al interior de los hogares pobres, los que presentan un promedio más elevado de personas en el hogar que los hogares no indígenas. Sobre ésto, en un texto anexo se presentan los antecedentes sobre las comunas seleccionadas por Conadi. En promedio, para cinco comunas con alta representatividad de población indígena, los hogares no indígenas pobres tienen cuatro miembros en su interior, los hogares indígenas presentan 5,3 personas.
 

La tasa de mortalidad infantil (Tmi) y la esperanza de vida de una población, constituyen, ambos, índices que permiten revelar en parte el nivel de vida de un grupo humano. Una investigación previa sobre el perfil de salud de los pueblos indígenas en Chile, revela que la Tmi entre indígenas, es superior a la tasa nacional, que es de 15/1000 nacidos vivos. En la comuna de Putre, por ejemplo, dicha tasa es de 40/1000 nacidos vivos; en la comuna de San Pedro de Atacama, es de 57,4/1000 nacidos vivos (la más alta registrada por el estudio a nivel nacional). En rapanui, la Tmi se determinó en 32,8/1000 nacidos vivos y en Puerto Saavedra, como una comuna representativa de la realidad mapuche rural, este índice llegó a 34/1000 nacidos vivos(4).

Por otro lado, de acuerdo con resultados de investigaciones hechas por el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), referidos a cálculos sobre esperanza de vida en Chile, se pudo determinar que a nivel nacional dicho índice llega a 75,6 años para las mujeres y a 68,5 años para los hombres. El estudio señala que para población aymará, dicha esperanza llega a 66,9 años de vida en las mujeres y a 60 años para los hombres. En rapanui, por su parte, es de 76,1 años para mujeres y 69,7 años para los hombres. Finalmente, en Cautín (con información imprecisa, según el estudio), el cálculo de la esperanza de vida para ambos sexos, llegó sólo a 67,5 años. Se concluye que tanto aymará como mapuche, presentan una esperanza de vida inferior al promedio nacional y que, respecto de la provincia de Parinacota y comuna de Putre, es la más baja del país, lo que se corresponde con la elevada Tmi que presentan los aymará(5).

En relación con los antecedentes proporcionados por la Casen 96, es posible conocer la cobertura de los diferentes sistemas de salud a los cuales la población tiene acceso. Se constata que del total de la población indígena, el 81% de ella, se incluye como beneficiario del sistema público, a diferencia del 58,7 % referido a población no indígena. En importancia luego aparecen las Isapre, las cuales cubren sólo el 9,3% de la población indígena, cifra muy inferior al 25,3% de población no indígena.

El tercer lugar de importancia, corresponde a individuos que costean en forma particular las prestaciones de salud, los cuales representan el 6,7 % de la población indígena y el 11,2 % de la no indígena. Otros sistema de salud de menor importancia, son presentados en el cuadro siguiente:

Otro antecedente que muestra el mayor grado de cobertura del sistema público de salud hacia indígenas, se refiere al retiro de alimentos por parte de menores de 6 años, embarazadas y nodrizas:

En el presente capítulo, se analiza la información referida al equipamiento con que cuentan las viviendas habitadas por indígenas en Chile, así como sus características, forma de adquisición y si ésta ha sido obtenida a través de algún programa habitacional público.

Como ya se ha señalado en páginas anteriores, la mayor representatividad de población indígena en la muestra de la Casen 96, se obtuvo de la selección de cinco comunas rurales a lo largo del país, es por ello que la información sobre vivienda aparece principalmente referida a dicha situación de ruralidad. En el caso del equipamiento de la vivienda, tres elementos resultan definitorios para hacer una descripción mínima: agua potable, luz eléctrica y sistema de eliminación de excretas. Sobre estos aspectos, se pueden observar significativas diferencias entre viviendas indígenas y no indígenas. En el caso del agua potable, por ejemplo, a nivel de la población no indígena, un 90,5% de ella cuenta con el recurso proveniente de la red pública a diferencia de sólo el 57,8% para los indígenas. Para éstos últimos, todavía un elevado porcentaje (41,2%) de sus viviendas obtienen el recurso en fuentes naturales, sean éstas, pozo, noria, o simplemente río, vertiente o estero. En este punto, es donde más claramente aparece el sesgo rural de la información recogida por los instrumentos de la Casen 96. El cuadro siguiente, entrega esta información:

Comparativamente, también es reveladora la modalidad mediante la cual se distribuye el recurso agua al interior de la vivienda. Entre viviendas indígenas y no indígenas, las diferencias son sustanciales: todavía un 27,6% de aquellos, la acarrea, y sólo el resto (72,4%) cuenta con agua en el interior de la vivienda o del sitio.

Del cuadro anterior, se puede desprender un antecedente interesante que se refiere a viviendas indígenas urbanas: disponer de energía eléctrica de la red pública, pero sin medidor. La Casen 96 agrupa en esta categoría a todos aquellos casos en los que hay abastecimiento eléctrico o bien a aquellos que la obtienen de un vecino o colgándose de la red. Asumiendo que son poco frecuentes los casos en los cuales un vecino entrega energía a otro (por una cuestión de consumo y cobro), se puede pensar que un número importante de estas respuestas se refieren a hurto de energía. Como se puede ver en el cuadro anterior, en relación a viviendas no indígenas, casi el doble de éstas (7,2%, respecto de 3,7%), se encuentran en esta situación. Por último, se debe apuntar que el hurto de energía en las condiciones descritas anteriormente, se vincula directamente con el tema de la pobreza en la ciudad.

De acuerdo a un cálculo simple, el 7,2% de las viviendas indígenas que están colgadas a la red pública, representarían aproximadamente a 224 mil personas, cifra casi equivalente al total de pobres indígenas detectados por la Casen 96.

Otro aspecto que permite referirse a la cuestión de la pobreza indígena (aunque nuevamente sesgado por la información sobre viviendas rurales), se refiere al sistema de eliminación de excretas. La conexión al alcantarillado, en porcentaje, es muy inferior en el caso de viviendas indígenas; predomina, más bien, cajón sobre pozo negro u otros similares o, simplemente la no disponibilidad de sistema alguno. El standard nacional señala que el 74,5% de las viviendas, cuentan con conexión al alcantarillado.

En síntesis, se podría plantear que, en términos de disponibilidad de energía, de agua potable y de sistemas de eliminación de excretas, la población indígena en relación con la no indígena, presenta niveles inferiores de salubridad y confort, situación que probablemente se hace aún más evidente ya que se está comparando antecedentes principalmente rurales con otros que son mayoritariamente urbanos. La disponibilidad de estos servicios siempre es más elevada en la ciudad. Sin embargo, lo anterior es al mismo tiempo relativizable, sobre todo pensando que existe población indígena urbana que tiene acceso, por ejemplo, a la energía eléctrica pero a condición de "colgarse" de la red pública. Es decir, nuevamente el bienestar y confort y la disponibilidad o no de servicios básicos se define en proporción importante por la situación de pobreza que afecta más claramente a la población indígena.

Otro aspecto importante de ser destacado en el presente capítulo, se refiere al tipo de vivienda y a su condición general respecto de calidad habitacional. En el cuadro siguiente, si bien no se observan diferencias sustanciales entre las columnas referidas a indígenas y no indígenas para ninguna de las categorías, la diferencia básica comienza a marcarse en la existencia de un 9,9% de viviendas indígenas del tipo "mediagua" o "mejoras" . La población no indígena en este mismo punto, sólo muestra un 3,7% del total, es decir, algo así como un tercio de los otros. Lo mismo sucede con los ranchos, rucas o chozas, los que en un mayor porcentaje (2,9% respecto de 0,4%) caracterizan más a la población indígena(8):

Por último, se debe analizar la información atingente al tipo de situación en que las familias indígenas ocupan la vivienda y el sitio en la que está instalada. Tanto para la vivienda como para el sitio, se destacan los más altos porcentajes para indígenas de vivienda y sitio pagados en relación con la población no indígena.
 
 

Estos antecedentes podrían explicarse por la importante ayuda que han recibido los indígenas de parte de los programas de vivienda del gobierno o municipio. De hecho, más de un tercio (34,1%) de las respuestas señalan haber recibido dicha ayuda principalmente a través de subsidio rural, subsidio habitacional o vivienda básica, en el primero de los cuales los indígenas han sido mayores beneficiarios que la población no indígena debido, por cierto, a su ubicación en sectores indígenas rurales.

Volviendo al cuadro sobre la situación en que ocupa el sitio, es interesante destacar, a diferencia de la población no indígena, la condición de las tierras en las que viven los indígenas rurales. El cuadro entrega antecedentes sobre aquellas viviendas ubicadas en "tierras indígenas", a las cuales, eventualmente, podría sumárseles las comunidades agrícolas, el usufructo, lo cedido por la familia y lo que se define como propiedad conjunta. En total este conjunto incluye 24,3% del total de viviendas indígenas. De la misma manera, 5,7% de los que dijeron usar suelo para su vivienda en tierras indígenas, representaría en total, a 36.216 indígenas que viven en tierras indígenas. Las personas o comunidades indígenas que actualmente ocupan en propiedad o posesión de sus tierras, provienen de los siguientes títulos:

Conclusiones

La promulgación de la Ley Nº19.253, surgió de un amplio proceso de discusión nacional entre 1990 y 1991, con más de 2 mil encuentros locales y una gran asamblea nacional realizada en la ciudad de Temuco. Se redactó un borrador de ley, que fue recogido por el Ejecutivo y sometido a de consultas intersectoriales en el Estado, antes de su despacho al Congreso Nacional. El texto final fue aprobado en octubre de 1993.

El escenario político en el que se gestó este proceso fue el de un entendimiento creciente entre el Estado chileno, las comunidades y las organizaciones indígenas, en el marco de una sociedad plurinacional y democrática, con las fuerzas políticas y sociales nucleadas en torno al ex Presidente Patricio Aylwin. Al menos así quedó expresado en el llamado "Acuerdo de Nueva Imperial".

Dictada esta Ley de protección y fomento de los pueblos indígenas, se logró el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y los indígenas del país. De hecho, a partir de ese momento, se comenzó a hablar de protección y ampliación de tierras y derechos de aguas, de desarrollo económico y territorial, de reconocimiento jurídico para un conjunto variado de situaciones, de acceso a beneficios legales y de diseño de políticas estatales para las minorías étnicas en Chile. Se crea para ello Conadi, encargada de la implementación y fiscalización de las disposiciones que la ley estipula.

Las expectativas generadas en este proceso fueron elevadas y, con los años, han ido progresivamente creciendo en la población indígena, en la medida que el instrumento legal ha demostrado deficiencias y precariedad en su aplicación práctica.

Paralelo a ello, últimamente, la emergencia de nuevos desafíos impuestos por la acelerada internacionalización de la economía chilena, ha llevado a Conadi a verse involucrada en nuevas y numerosas demandas y conflictos, especialmente en aquellas regiones con alta concentración de indígenas y en sectores en los cuales se ha estado expandiendo la frontera de explotación de recursos naturales. Junto a ellos se ha experimentado un desarrollo creciente de inversiones en vialidad estructurante, urbanizaciones y defensa / protección de recursos y patrimonios culturales de los pueblos originarios. La urbanización acelera la presión sobre el uso de las aguas indígenas, el monocultivo forestal con dominio de especies exóticas entra en contraposición con las comunidades y su posibilidad real de asentamiento rural, las inversiones en turismo en tierras indígenas, la industria salmonera y sus necesidades de agua dulce que prospectan concesiones en ciertos lagos, el desarrollo minero y la no protección del subsuelo vía la ley indígena, los trazados carreteros y la expansión urbana sobre suelos de comunidades, el desarrollo energético vía hidroeléctricas, entre otros, son todos aspectos que generan un marco de conflictividad creciente.

Como síntesis de lo expuesto se puede concluir que no hay relación alguna entre las tareas asignadas a la institucionalidad vigente, los recursos humanos y financieros asignados y la disposición del resto del aparato estatal de adecuar su planificación en función de esta normativa vigente.

Dicho escenario puede ser remontado si se compromete la generación de políticas públicas diferenciadas para los pueblos indígenas; todo lo cual puede verse respaldado por la información y análisis que se desprende de trabajos como el que aquí se presenta. Esta es la importancia directa de haber incorporado la cuestión indígena en el cuestionario de la Casen el año 1996.

La Casen es una encuesta para la totalidad de la población chilena, en base a un muestreo de 52 comunas, que se aplica periódicamente para medir pobreza. Por tanto describe socioeconómicamente a la población, con un alto grado de certeza. Tal como se señaló en la Introducción, la Casen no es un instrumento pensado para describir población ubicada de manera heterogénea a lo largo del país, ni mucho menos hace un tratamiento diferenciado para las etnias que habitan en el territorio. Esto explica que la cantidad de población indígena que se estima no refleje la realidad, toda vez que los indígenas son minoría y no tienen una distribución espacial homogénea.

Sin embargo, la gran validez que tiene la Casen, es la de hacer permitido por primera vez hacer una caracterización socioeconómica de los ocho pueblos indígenas que reconoce la Ley Nº19.253.

En base a la experiencia dejada por la Casen 96, en el futuro se debiera definir una propuesta que contenga las características y condiciones de una muestra especial para pueblos indígenas, vale decir, diferentes pueblos, regiones, pisos ecológicos y comunas urbanas y rurales con alta concentración de población indígena.

La incorporación de la pregunta sobre indígenas en la Casen 96, ha sido importante ya que nos proporciona información sobre un sector que, hasta hoy, no han sido debidamente caracterizado. Ello debe permitir formular políticas asertivas y registrar la evolución de la pobreza en sectores indígenas por períodos. Se debe asumir que la Casen hasta hoy es la única fuente de información socioeconómica sobre pueblos indígenas, por ello se constituye en un instrumento capaz de responder tanto a los requerimientos de políticas públicas sectoriales como también a la necesidad de análisis en organismos nacionales e internacionales.

En síntesis, la Encuesta Casen 96 arroja como elementos conclusivos los que ha continuación se desarrollan sucintamente.

La población que dijo pertenecer a algún grupo indígena corresponde a un 4,5% del total nacional, ponderación que está en función del total encuestado y corresponde a los ocho pueblos indígenas que la ley reconoce.

La población mapuche representaría el 81,39% del total de indígenas; los aymará el 14,25%; atacameños 1,57%; rapanui 1,22%; collas 0,86%, quechuas 0,54%, yagán 0,15% y kawashkar 0.02%.

Del total de población indígena encuestada el 10,6% vive en condiciones de indigencia y el 25% son pobres no indigentes. Es decir, el 35,6% de ellos está bajo la línea de pobreza. Esta cifra difiere enormemente del porcentaje de pobreza general que presenta el país. Lamentablemente no se cuenta con información previa para contar con un patrón comparativo.

La significativa concentración de población indígena en los dos quintiles más pobres (65,2%), viene a reforzar la tesis de su marginación histórica de los procesos de crecimiento económico, lo cual se expresa en la existencia de un núcleo duro de pobreza indigente. Por el contrario, sólo se encuentra a un 6,3% de su población participando en el quinto quintil.

La cuestión de la discriminación, se evidencia claramente en el tipo de inserción que tiene esta población en el mercado del trabajo, en la educación y en la salud. Redunda sobre lo mismo, la cuestión de la vivienda, de los ingresos y de los derechos laborales.

En relación al nivel educacional de la población indígena, se observa una tasa de analfabetismo que llega al 10% de esta población. Esta cifra supera notablemente a la que se presenta a nivel nacional (4,9%). Por otro lado, el promedio de escolaridad de la población indígena es de 7,4 años, inferior al observado en la población no indígena, la que alcanza a 9,5 años.

Para concluir, interesa destacar aquí el estado de vulnerabilidad laboral, social, económica y, por que no, cultural en la que se encuentran los pueblos indígenas en Chile. Los resultados de la Casen 96 imponen la generación de opciones especiales de apoyo material, rescate cultural y protección hacia sus representantes. Este es un desafío para cualquier Estado democrático.
 
 

Notas