Tras casi siete horas de reunión en la Academia Diplomática, donde pudieron escucharse fuertes discusiones en los representantes indígenas del Consejo de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el director del organismo, Edgardo Lienlaf, sólo se limitó a leer un comunicado de prensa -sin aceptar preguntas- en el que minimizaba el conflicto que hoy enfrenta la entidad. La Tercera en Internet, 5 de junio de 2001

Fuertes acusaciones entre consejeros y comuneros mapuches
Conadi intenta minimizar conflicto

Tras una extensa reunión del Consejo del organismo en Santiago, el director de éste, Edgardo Lienlaf, leyó un comunicado de prensa donde calificó de "hechos aislados" las denuncias que investiga la Fiscalía de Temuco.
 

Eduardo Rossel y Jorge Ramírez

Edgardo Lienlaf, director de la Conadi, presidió ayer la reunión del Consejo de la Conadi en Santiago, tras lo cual Hilario Huerilef lo acusó de falta de transparencia.  (Foto: CAROLA GALAZ) Acusan a consejero de "mediar" en venta de fundo El presidente de la Asociación Ñancucheu, de Lumaco, Alfonso Raimán, denunció que tienen fuertes sospechas en la participación irregular del consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José Santos Millao, quien habría recibido dineros para mediar en la transacción de predios, entre los cuales se encuentra el de Santa Rosa de Colpi, 58,4 hectáreas, en Traiguén.  Raimán precisó que "nosotros tenemos serias sospechas de personas como el consejero Santos Millao, quien estaría involucrado en el pago excesivo de algunas tierras".  El ejemplo que puso fue el de Santa Rosa de Colpi, en el sector Temu Lemu, donde se pagó, según él, un millón de pesos por hectárea, aproximadamente, cuando en realidad no cuesta más de 400 mil pesos. A Santos Millao se sumaría el delegado de Conadi, en Lumaco, Salvador Raín, quien también estaría recibiendo dineros para que se efectúe una transacción Respecto de irregularidades en el traspaso de tierras para comunidades vinculadas a la Asociación, aclaró que todo se ha ajustado al reglamento y que si bien se saltó el conducto que tiene que ver con el conocimiento de los casos por parte de la Fiscalía de Conadi, antes de empezar la negociación, se ha debido a que "la Conadi no es un organismo con facultad no atribuciones. Ya en 1997 dijimos que las posibles soluciones a la compra de predios, las íbamos a hacer directamente con el gobierno central, en este caso con la ministra Krauss, y sin pasar en conversaciones con la Conadi".  Concluyó que el compromiso que tiene con ellos la ministra, Alejandra Krauss, no tiene relación alguna con la suspención definitiva de las movilizaciones, "ya que quienes no participan del acuerdo, en cualquier momento pueden retomar lo que ellos estimen conveniente, con nuestro apoyo".

 "Los hechos investigados por la Fiscalía de Temuco se refieren a cinco situaciones puntuales, que eventualmente comprometería a algunas personas y que, en términos presupuestarios o de tierras comprometidas, representarían un porcentaje ínfimo del total de operaciones abordadas desde el Fondo de Tierras".

 Lienlaf también destacó la "decidida voluntad del Consejo de hacer más transparente la gestión de la Conadi" y de "apoyar la investigación en curso", aclarando que esto "no alterara los compromisos contraídos con las comunidades", junto con reafirmar "la importancia que la Ley Indígena y sus instrumentos tienen para el desarrollo de nuestros pueblos originarios".

 A la reunión asistieron siete consejeros indígenas, dos consejeros gubernamentales, cuatro subsecretarios o sus representantes, el jefe del Fondo de Tierras de la Conadi, Juan Antilén y el fiscal de Mideplan, Juan Cavada, quien trabaja en la reestructuración del organismo.

 La reunión fue a puertas cerradas en medio de un ambiente tenso y donde se pudo escuchar que algunos consejeros, especialmente José Santos Millao e Hilario Huerilef, criticando el mal manejo público de las denuncias de irregularidades y el comunicado que calificaron de superficial.

 Huerilef -quien se negó a firmar el documento- explicó que éste "no entrega datos concretos, son sólo generalidades que terminan por involucrar a todos en el fraude y eso no me parece justo. Si son sólo cinco casos puntuales por qué no se dan a conocer, no se nos informó más de lo que ya conocemos por la prensa".
 

Protección y hermetismo

 Según el consejero, se estaría tratando de proteger a funcionarios de partidos políticos de gobierno e incluso a gente del Mideplan. "Si no se dice es porque hay una mano muy pesada. De los cinco casos hay sólo uno en que se compró tierras, en los otros cuatro faltaba la resolución final y eso no se efectuó. Claramente hay gente involucrada que se está protegiendo", dijo.

 Por su parte, Millao destacó la importancia de "la Ley Indígena, para los avances que hemos logrado como pueblo", señaló que "es la justicia la que deberá determinar si existen anomalías" y criticó el "mezquino aprovechamiento político, con afanes electoralistas que se ha querido obtener de esta situación".

Sólo testigos

 También se informó que entre ellos estarían tasadores y corredoresde propiedades, además de particulares y funcionarios de la Conadi.

 El diputado DC Miguel Hernández indicó ayer que según la información recabada durante la investigación en la Cámara de Diputados en 1999, sería el Departamento Jurídico de la Conado la instancia donde se habrían producido las irregularidades.
 

Abogada niega presiones

 Estas son las primeras declaraciones que realiza la profesional tras el inicio de la polémica.

 Si bien declinó entregar mayores antecedentes acerca de cuántos y cuáles son las negociaciones cuestionadas, desmintió que sea víctima de presiones al interior del organismo como lo sugirió el consejero Hilario Huirilef. "Efectivamente tuve conocimiento de algunos hechos irregulares. Informé oportunamente al director nacional, Edgardo Lienlaf, quien decidió las acciones a seguir y no es efectivo que sea víctima de presiones a raíz de este caso", dijo escuetamente.

 La abogada de 31 años y titulada de la Universidad Gabriela Mistral, es oriunda de Temuco y se desempeña como asesora jurídica de la Corporación desde mayo de 1999, además, trabajar en su estudio particular.

 Reyes sostuvo que espera que la investigación "pueda determinar si existen o no personas de la Conadi involucradas en las irregularidades y se les condene por los hechos ilícitos que pueden haber cometido".

 La jurista reconoció que son muchos los antecedentes que deben revisarse y afirmó que todo el personal de la Conadi está prestando toda la colaboración que requiere la fiscalía.
 

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