La comunidad denuncióla usurpación de tierras de su pertenencia por parte de la firma Seaboart Corporation, con sede en los Estados Unidos, accionista mayoritaria del Ingenio San Martín del Tabacal SA. La disputa comprende 79.000 hectáreas situadas en una zona de cerros y quebradas, en Orán. La zona está habitada por cuatro comunidades collas: San Andrés, Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto del Paraná. La Nación On Line, Argentina. 12 de agosto de 1997.
La Nación On Line Martes 12 de agosto de 1997 Llegaron de Salta en una inusual protesta; hoy marcharán frente a la embajada de Estados Unidos
Unos 130 aborígenes salteños llegaron a la Capital Federal para hacer pública una protesta y, apenas pusieron un pie en la ciudad, intentaron instalarse frente a la Casa Rosada, de donde fueron inmediatamente desalojados por la policía.
"No nos importa, vamos a insistir hasta que nos escuchen", dijo José Antonio Vilca, uno de los líderes de la movilización.
No es frecuente que tantos collas juntos recorran tan largo camino desde su Salta natal. Pero ahora decidieron hacerlo impulsados por lo que creen que es un reclamo que merece ser escuchado.
Casi 80.000 hectáreas
La comunidad está molesta por lo que denunciaron como una usurpación de tierras de su pertenencia por parte de una empresa norteamericana.
No es la primera vez que los collas alzan su voz por este asunto. Pero sí es la primera vez que lo hacen en la Capital Federal y frente a la Casa Rosada.
Apuntan su enojo contra la firma Seaboart Corporation, con sede en los Estados Unidos, accionista mayoritaria del Ingenio San Martín del Tabacal SA.
"Esta gente nos quiere desalojar de nuestro hábitat. Llevamos muchos años viviendo en los cerros de la localidad de Orán y ahora tenemos que irnos porque ellos quieren", dijo Vilca a La Nación.
La disputa comprende 79.000 hectáreas situadas en una zona de cerros y quebradas, en Orán. La zona está habitada por cuatro comunidades collas: San Andrés, Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto del Paraná.
Todos ellos llegaron a la Capital en colectivos particulares cuyos dueños no se identificaron y se ubicaron en el centro cultural Tinkunaku.
Una vez que obtuvieron de la comuna una autorización para permanecer en la Plaza de Mayo, los aborígenes desplegaron una pancarta y repartieron volantes "para que la gente tome conciencia de esta violación de tierras a la que estamos siendo sometidos".
Una bandera con la leyenda "Colla, pero argentino" se desplegó junto con otra que pedía: "No maten al colla, no al genocidio".
Algunos turistas les tomaron fotos y les preguntaban desde dónde venían y cómo se vivía "por allá, en esa zona".
Para hoy, los collas tienen previsto dialogar con las autoridades de la embajada de los Estados Unidos para ver si encuentran una solución al problema de las tierras que ocuparon durante años.
Consultada por La Nación, la embajada no anticipó una posición respecto del reclamo aborigen.
En tanto, para mañana, el reclamo se trasladará hasta las oficinas de la empresa Seaboart Corporation, donde realizarán una sentada.
"Aunque el gobierno salteño nos apoye, es difícil llegar a un acuerdo, porque la empresa se jacta de ser propietaria de las 79.000 hectáreas, y está decidida a permanecer allí", dijo Vilca.
Historia del conflicto
El conflicto tiene sus raíces. El gobierno provincial otorgó por decreto esas tierras a los coyas, pero el Ingenio San Martín rechazó esa medida, por lo que la causa pasó a manos de la Justicia.
"Tenemos que esperar qué es lo que resuelve el tribunal", dijo en su momento el ministro de Gobierno salteño, Miguel Angel Torino, en diálogo con los aborígenes.
Los collas, en tanto, se sentaron y esperan ser atendidos. "Pero que se apuren, porque la gente de la empresa que está en nuestras tierras se nos están comiendo las ovejas", dijeron.
SALTA.- La empresa Seabord Corporation, accionista mayoritaria del ingenio San Martín de Tabacal, se negó a entregar tierras a los collas y pidió la revocación de la donación porque, a cambio de ésta, los aborígenes debían trasladarse a las zonas altas de las sierras y no lo hicieron.
Una resolución judicial de no innovar respecto de la solicitud de la compañía impide que se resuelva el reclamo de propiedad de 79.000 hectáreas que los collas llevaron hasta Buenos Aires.
La medida cautelar notificada al gobierno provincial impidió que la donación del terreno situado en las sierras de San Andrés, en el departamento de Orán, se asentara en el registro inmobiliario.
Los collas exigen desde hace años ser reconocidos como dueños de las zonas de San Andrés, Angosto del Paraná y Los Blanquitos, que ocuparon por generaciones. La zona fue adquirida en remate público por el ingenio al ampliar su producción.
En 1986, la empresa donó 79.000 hectáreas en las partes altas a condición de que los pobladores se trasladaran de las zonas bajas, lo que no se concretó.
Expropiación
Con marchas a Buenos Aires y gestiones diversas, los collas lograron que el Congreso Nacional dictara la ley de expropiación de 19.000 hectáreas en la parte baja. Esta medida está firme y sólo se discute el precio de la indemnización, insuficiente según la empresa.
Pero la intención de los aborígenes es apropiarse también de lo que les fue donado hace once años.
Seabord, de capitales norteamericanos, adquirió el año último el control accionario del complejo azucarero. En su proyecto de desarrollo integral, incluyó a San Andrés y planteó la revocación de la donación.
- Zona Baja: 19.000 hectáreas ya expropiadas por una ley dictada por el Congreso. Esta medida está firme, sólo se discute el precio de la indemnización, que la empresa considera insuficiente.
- Zona Alta: 79.000 hectáreas donadas en 1986, medida que dispusieron revocar los accionistas mayoritarios del ingenio. El pleito debe dirimirlo la Justicia, que hasta ahora resolvió no innovar.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Instituto Autárquico de Colonización (IAC), situado en la ciudad de Esquel, permanecía anoche tomado por los representantes de 15 comunidades mapuches del noroeste de Chubut, mientras unos 30 policías custodiaban las instalaciones.
Los líderes aborígenes ocuparon ayer pacíficamente la sede del IAC para exigir el cese de los desalojos de asentamientos impulsados por la Justicia.
En tanto, las autoridades del organismo intimaron a abandonar la sede bajo amenaza de expulsarlos por la fuerza.
Territorios disputados
Los 60 miembros de las comunidades indígenas que emprendieron la medida se encuentran enrolados en la comisión 11 de Octubre, que desde hace más de un año denuncia distintos desalojos.
Las tierras en cuestión fueron adquiridas recientemente por la empresa Agropecuaria y Forestal SA, que tramitó la desocupación de los territorios.
La Justicia respondió en su favor y ordenó los desalojos.
Entre ellos se destaca la intimidación que pesa sobre la colectividad mapuche-tehuelche Huisca Antieco, del paraje Alto Río Corinto, en el departamento chubutense de Futaleufú.
