Ercilla:
Indígenas violentistas reciben subsidio laboral del Gobierno

Miércoles 13 de diciembre de 2006

  Son beneficiarios permanentes de programa financiado por el Ministerio del Interior.


IVÁN FREDES

TEMUCO.- Treinta mapuches de la comuna de Ercilla imputados por desórdenes públicos, atentados contra la autoridad, requeridos judicialmente para declarar por los mismos hechos e incluso algunos con órdenes de detención, figuran reiteradamente -por varios meses e incluso años- en los listados oficiales de beneficiarios del Programa Social de Absorción de la Cesantía (Prosac).

Dicho programa es financiado por el Ministerio del Interior y está dirigido a jefes de hogares cesantes inscritos en la Oficina Municipal de Información Laboral (Omil) de los municipios del país, que deben trabajar en proyectos en beneficios de sus propias comunidades o sectores sociales, dijo ayer el gobernador de Malleco, Rubén Quilapi.

En el caso de la comuna de Ercilla, la mayoría de los cupos favorecen a las comunidades mapuches más conflictivas, entre ellos la "Ignacio Queipul", del sector Temucuicui, en labores como mantención de caminos, reparación de cercos, limpieza de canales o reforestación.

Las críticas apuntan a que, por ejemplo, en enero y febrero pasado, recibieron mensualmente sueldos o subsidios laborales de $75 mil pesos los comuneros Jorge Huenchullán Cayul, Jaime Huenchullán Cayul y Julio Cayhuan Nahuelpi, todos los cuales fueron detenidos e imputados como presuntos autores del atentado incendiario del camión del agricultor René Urban, registrado en el fundo La Romana, el 8 de febrero, en Ercilla.

El Ministerio Público no perseveró en esa investigación debido a que los imputados dijeron que a la fecha trabajaban en Graneros (VI Región), y por ello fueron dejados en libertad, pese a que en la gobernación de Malleco se informó que el día del atentado los tres indígenas cobraron el subsidio en Ercilla.

Los programas mencionados duran dos o tres meses, pero muchos de ellos aparecen recibiendo el subsidio por varios períodos trimestrales e incluso por años seguidos. En ese caso, se encuentran cuatro hermanos del dirigente Aucán Huilcamán, en Lumaco, donde Rita, Salvador, Asia y Marihueño Huilcamán Paillama están adscritos a dicho programa en forma continuada al menos desde el año 2003 para trabajar en mantención de caminos y reparación de cercos.

El caso salió a la luz pública la semana pasada, cuando efectivos policiales interceptaron un bus rural que trasladaba a comuneros del sector Temucuicui, los que viajaban a Ercilla para cobrar el subsidio de cesantía. Los policías intentaban detener a Óscar Catrillanca, imputado de agredir al ex director de Conadi, Jaime Andrade. Sin embargo, los mapuches resistieron violentamente el control de identidad y el enfrentamiento terminó con cuatro mapuches y cuatro carabineros heridos.

Defensa

El gobernador de Malleco, Rubén Quilapi, reconoció que entre los beneficiarios hay comuneros requeridos judicialmente, pero que ello no impide la entrega del beneficio, porque todos cumplen los requisitos exigidos para obtenerlo. Explicó que la gobernación no puede discernir entre quiénes están en esa condición, por cuanto ello escapa a su responsabilidad, no pudiendo discriminar en la asignación del beneficio.

En tanto, Quilapi interpuso ayer una querella criminal contra los presuntos responsables de la quema de una escuela rural vecina a Temucuicui, protagonizada por desconocidos armados la madrugada del viernes último, ocho horas después del enfrentamiento de los mapuches con la fuerza pública en Ercilla.