La Presidenta Michelle Bachelet afirmó ayer que tiene la impresión de que en Europa hay una mirada equivocada sobre lo que pasa en Chile sobre la situación de los presos mapuches, subrayando que "no son prisioneros políticos". "Nosotros no tenemos prisioneros políticos. Yo fui una prisionera política y, por lo tanto, sin duda que para mí éste es un tema de altísima importancia", señaló. En dos oportunidades la Presidenta Bachelet se ha cruzado en esta gira por Europa con manifestantes que abogan por "la libertad de los mapuches". El Mercurio, 3 de junio de 2007

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Domingo 3 de junio de 2007

Mandataria aborda el tema en Suiza:

Bachelet: "Mapuches no son presos políticos"

Presidenta rechaza críticas y aclara que pasaron a la justicia por acusaciones concretas.

MARIELA HERRERA MUZIO

Enviada especial


GINEBRA.- La Presidenta Michelle Bachelet afirmó ayer que tiene la impresión de que en Europa hay una mirada equivocada sobre lo que pasa en Chile sobre la situación de los presos mapuches, subrayando que "no son prisioneros políticos".

"Nosotros no tenemos prisioneros políticos. Yo fui una prisionera política y, por lo tanto, sin duda que para mí éste es un tema de altísima importancia", señaló.

En dos oportunidades la Presidenta Bachelet se ha cruzado en esta gira por Europa con manifestantes que abogan por "la libertad de los mapuches".

Y si bien han sido pocos los activistas, el tema indígena es un punto recurrente en Europa. Claro que fue ayer, durante una conferencia de prensa conjunta con la Presidenta suiza Micheline Calmy-Rey, cuando la Mandataria enfrentó con sus palabras el asunto. El escenario fue un majestuoso paisaje dado por el lago Lemand que la jefa de Estado recorrió, desde Lausana y Nyon.

Planteó que son personas que fueron juzgadas conforme al Estado de Derecho y pasadas a la justicia con acusaciones concretas. "Tuvieron un proceso justo, puede haber sido mejor o peor, pero justo. Tuvieron un proceso, tuvieron abogados que los defendieron y luego la justicia definió una cierta sanción", dijo.

Agregó que puede haber posiciones críticas sobre el trato que recibió el pueblo mapuche en cuanto a la posesión de tierras, pero en democracia eso no es una justificación para utilizar la violencia. "Alguien podrá decir 'bueno, hace 200 años ellos sufrieron usurpación de lo que eran sus territorios'. Eso puede ser un concepto, pero en democracia y en una vida normal, uno no resuelve sus problemas por la violencia", dijo.

Añadió que se trata de "personas que han buscado una manera de resolver problemas efectivos que tienen, pero de una manera que no nos parece la manera democrática y pacífica que debe existir".

En cuanto a las condiciones de vida del pueblo mapuche, la Mandataria valoró los esfuerzos de los gobiernos democráticos para avanzar en este tema y recalcó los logros durante su administración. En este sentido, recordó que en 2006 representantes mapuches entregaron propuestas y se elaboró una nueva ley indígena que considera el tema de la tierra, el apoyo para fomento productivo, la educación intercultural y la salud.

La Presidenta finaliza hoy en Ginebra su visita de Estado para dar paso mañana a una visita de trabajo por dos días que, entre otras actividades, contempla un almuerzo con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter.


Métodos violentos

Los grupos mapuches autodenominan como "presos políticos mapuches" a los indígenas en prisión por delitos asociados a acciones de reivindicaciones de tierras. Los más emblemáticos son los máximos dirigentes de la radical organización autonomista "Coordinadora Arauco Malleco": José Huenchunao, Héctor Llaitul, José Llanquileo y Patricia Troncoso Robles, que cumplen condena por incendio terrorista, o enjuiciado por ataques incendiarios como el caso de Llaitul. El año pasado, otros cuatro miembros del mismo grupo, entre ellos Patricia Troncoso, protagonizaron una huelga de hambre de 53 días. Exigen la eliminación de la ley terrorista para los condenados a 10 años de prisión por el incendio del fundo Poluco-Pidenco, en diciembre de 2001. Acusan a la justicia y al gobierno de criminalizar al movimiento cuando son juzgados por sus acciones de violencia.

 


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