Al concluir su misión como observador en el juicio oral contra los mapuche realizado en Temuco, el Dr. Luis Rodríguez – Piñero, enviado a Chile por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la organización Internacional Contra la Torturua, sostuvo: “Si no hubiera habido un cuestionamiento internacional tan importante, seguramente hoy no podríamos estar hablando de una absolución.” Punto Final , agosto 2005
Observador Internacional en Juicio mapuche
Por Lucía Sepúlveda RuizAl concluir su misión como observador en el juicio oral contra los mapuche realizado en Temuco, el Dr. Luis Rodríguez – Piñero, enviado a Chile por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la organización Internacional Contra la Torturua, sostuvo: “Si no hubiera habido un cuestionamiento internacional tan importante, seguramente hoy no podríamos estar hablando de una absolución.”.
Interrogado por Punto Final acerca de su evaluación de esta misión, expresó:
“Es altamente positiva. La absolución de los imputados por asociación ilícita terrorista es un paso importante hacia la normalización de una situación preocupante. La misión me ha permitido constatar un nivel cada vez mayor de concientización en el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades chilenas. Por ejemplo, por parte de la Defensoría Pública, un órgano del Estado chileno, que ha sido siempre consciente de la inocencia de los imputados y de la aberración que supone la aplicación de la legislación antiterrorista para la sanción de conductas relacionadas con las reclamaciones del pueblo mapuche sobre sus tierras tradicionales.
¿Cómo se gestó esta misión internacional de DDHH en el juicio a dirigentes del pueblo mapuche por asociacion ilícita terrorista?
Esta no es una inciativa aislada. Se conecta con toda una cadena de actuaciones de organismos de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, como la visita al del Relator Especial de la ONU, señor Rodolfo Stavenhagen, en 2003. La propia Federación Internacional de Derechos Humanos ha llevado a cabo una misión en el caso Ralco, y otra, más amplia, El pueblo mapuche: del olvido a la exclusión, con un panorama general de la grave situación que viven las comunidades mapuches como resultado de la pérdida de tierras y de la presión de las empresas forestales. Cabe recordar asimismo el informe de Human Rights Watch junto con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con el sugerente título de Indebido proceso.
¿Cuáles son los procedimientos que siguió como observador?
Recogimos la información del mayor número de fuentes posibles, para conseguir una visión lo más completa y neutral posible de la situación.
¿Cuál es su visión del respeto a los estándares internacionales de ddhh en este caso, y en especial del respeto a los derechos de los pueblos indígenas?
Desde la parte gubernamental, se ha señalado que es la facultad y del deber del Estado el reprimir las conductas ilícitas, y que ello no determina una violación de los derechos humanos o una "criminalización" de las protestas mapuche. Esa posición es claramente justificada, y nadie está cuestionando la capacidad del Estado de mantener el orden público y, en general, de hacer respetar los derechos de todos y todas. Sin embargo, hay también que ver más allá de los casos aislados y contemplar la situación desde una perspectiva más amplia, atendiendo a las causas estructurales de los casos de violencia contra la propiedad que se han producido en relación con demandas indígenas sobre tierras ancestrales en la VIII y IX regiones, así como a los efectos (incluso a los efectos no deseados) de la política represora del Estado. Se dan las causas estructurales para la violación de los derechos del pueblo mapuche, tanto desde el punto de vista de las causa del conflicto, el derecho a la tierra, como del efecto, la represión de la movilización social. Ello no quiere decir en todo caso que pueda justificarse las acciones ilegales, pero un Estado que quiera promover la defensa de los derechos humanos tiene que ir más allá de los formalismos y atender a la sustancia de las causas.
Como académico de la Universidad de Arizona y experto en Derecho sobre Pueblos Indígenas, ¿ cuál es su evaluación de la Ley Indígena chilena?
Existe consenso internacional para señalar a Chile como uno de los países que están en la cola en relación con el reconocimiento de derechos indígenas, al menos en el contexto latinoamericano. La Ley Indígena de 1993 está muy por detrás de las normas internacionales en la materia, y específicamente en materia de tierras. El Convenio Nº 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de los órganos interamericanos de derechos humanos (por ejemplo el caso Awas Tingni v. Nicaragua) reconocen diversos derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales muchos más avanzados de los que aparecen recogidos en la Ley Indígena y en la legislación sectorial. Esta distancia entre el reconocimiento jurídico por parte del Estado chileno y las demandas legítimas de los pueblos indígenas se encuentra en la base del denominado "conflicto mapuche", y del ciclo de protesta y represión al que estamos asistiendo durante los últimos años.”
¿A qué sanciones se expone el gobierno si no toma en cuenta las recomendaciones de la misión internacional de observadores, como ya ha sucedido con el relator especial de la ONU sr. Rodolfo Stavenhagen?
Las recomendaciones nuestras al Estado chileno no diferirán mucho de anteriores informes de misiones, e intentarán profundizar en las recomendaciones del Informe Stavenhagen. Pero me gustaría contribuir a una mejor comprensión de la situación, de cara a los distintos actores involucrados, ahondando en las causas estructurales del conflicto mapuche actual y analizando estas causas desde el marco internacional de derechos humanos.
Las sanciones no son formales sino de carácter moral, lo que es más importante cuanto mayor prestigio tiene la organización de que se trate. En este caso, tanto la FIDH como la OMCT tienen un reconocido prestigio internacional. Si se desdeñan sus recomendaciones, la imagen internacional de Chile como garante de los derechos humanos se va a ver perjudicada.
