30 de Noviembre de 2001
¿Existen vías no exploradas para enfrentar el conflicto mapuche?
La sociedad política mapuche

José Bengoa (*)


Los mapuches tienen derechos políticos en su calidad de chilenos, pero no en su calidad de mapuches. Este es el meollo de la cuestión indígena hoy día en Chile. Es por esa razón que parece más necesario que nunca que se establezca un profundo diálogo entre el Estado, la sociedad chilena y la sociedad mapuche. No existe otro camino para resolver este asunto: dialogar, discutir, y sobre todo escuchar las opiniones de los otros. Voces que no siempre escuchamos los chilenos, acostumbrados más bien a escucharnos a nosotros mismos y a opinar acerca de los otros de acuerdo a nuestros propios intereses.

 Lo que ha ocurrido en estos últimos años, y que molesta a muchos, es que los mapuches han hablado y a veces fuerte. Algunos quisieran volver al pasado en que el indígena silencioso pasaba inadvertido. "Mapuchitos" le decían en el sur de Chile, con un indisimulado desprecio. Al comenzar el siglo XX no se debe, ni se puede, ni queremos, volver a esos tiempos de silencio forzado.

 ¿Con quién se dialoga? ¿Quiénes dialogan? No se dialoga buscando a las personas que van a decir lo que nosotros queremos oír. Tampoco se dialoga haciendo encuestas o preguntándole a diferentes personas acerca de cuáles son sus problemas. La sociedad mapuche tiene intelectuales, políticos, líderes, jefes tradicionales, organizaciones, asociaciones, en fin, tiene una "sociedad política". Ellos discuten cotidianamente acerca de su futuro, de cómo reproducir su cultura, de la manera de insertarse en la sociedad chilena de modo justo, equilibrado, con respeto por lo que han sido, son y deben ser. Por cierto, al igual que cualquier sociedad, no todos opinan de la misma forma. Hay tendencias, opiniones y grupos diferentes. Y eso es legítimo. Quizá el mayor desafío, tanto del Estado como de los mapuches, es cómo restablecer un diálogo serio, respetuoso, legitimado, informado, que posibilite avanzar hacia nuevas formas de relación, diferentes a las que tradicionalmente se han dado en Chile.

 Si se piensa bien un momento, estaremos de acuerdo que los mapuches no tienen representación política reconocida y validada en el país. Prácticamente todos los sectores la tienen: empresarios, funcionarios públicos, estudiantes, etc. Muchas de esas representaciones cuentan con el apoyo del Estado, con legislaciones y recursos. Esa representación se logrará en la medida que la sociedad chilena reconozca el derecho de los mapuches a expresarse en su diferencia. Por ejemplo, las estructuras políticas, judiciales, educacionales y de cualquier tipo en el sur del país no difieren de las del resto del territorio. No sería hora, nos preguntamos, de pensar que es preciso reconocer su especificidad, su particularidad y modificar profundamente las estructuras institucionales que los afectan. Existen muchos países del mundo en que las minorías tienen sus propios reglamentos, legislaciones y deciden por sí mismos la manera de construir su futuro. Tienen, como es evidente, ámbitos de representación, parlamentos o como se les denomine, donde se expresan las diversas posiciones y visiones. Los chilenos las tenemos, los mapuches no la tienen. No hay espacio en el sistema político para que se exprese esa realidad social.

 El asunto de las tierras indígenas es quizá el tema más complejo en la actualidad. El gobierno ha prometido una gran cantidad de hectáreas. ¿Cómo establecer un sistema de entrega de tierras que dependa de los propios intereses y lógicas indígenas y no de tratativas puntuales y a veces contradictorias, o de decisiones tomadas con criterios técnicos ajenos a los de los propios mapuches? Se podría pensar que la restitución de tierras no debiera depender de la lógica del Estado, sino de la lógica de la sociedad indígena que lucha por un futuro de dignidad. La devolución de tierras y la ampliación a nuevos recursos, sólo podría ser coherente en un marco de amplia participación, en que los propios dirigentes mapuches tuvieran capacidad de decisión, de ponerse de acuerdo, de inscribir el programa de tierras en un proyecto más amplio de desarrollo económico y social de su pueblo. Si no se da en ese marco, la entrega de tierras no resolverá prácticamente nada y la demanda continuará creciente e irracionalmente, en una competencia sin tregua entre las comunidades, de acuerdo a quién pide más.

 La violencia no conduce a nada bueno. No es ni para unos ni para otros algo positivo. Con la violencia, tal como se ve hoy día en el mundo, todos pierden, todos perdemos. Siendo casos puntuales, hoy día, muchas veces vemos que se transforman en la única dimensión con que se analiza la cuestión indígena. Sería un error muy grave que nos dejáramos cegar por el conflicto y viéramos la cuestión mapuche sólo bajo ese prisma. La violencia siempre es expresión de otra cosa, de causas profundas, y debemos ser cuidadosos en su análisis.

 El Estado y la sociedad chilena deberían estar dispuestos a avanzar en el reconocimiento de los derechos específicos del pueblo mapuche. Son los derechos conocidos internacionalmente como "derechos indígenas". Deberían estar disponibles los próximos parlamentarios a debatir nuevas formas de representación de ese pueblo en el seno de la sociedad chilena. No es el caso dar recetas. Existe en el mundo muchos modelos y soluciones y hay que ser creativos e imaginativos. Lo que es claro es que no se resolverán los problemas mapuches si se reduce exclusivamente el tema a un asunto de pobreza, a un asunto de campesinos pobres, a un asunto de desarrollo agrícola. Hay un problema mayor de dignidad, reconocimiento de su existencia como pueblo, derecho colectivo a expresarse y decidir sobre su futuro. La pobreza es generalmente consecuencia de esos fenómenos. La pobreza se superará cuando no exista ni discriminación, ni ausencia de derechos. Se trata de una antigua contradicción existente en nuestra sociedad y le corresponde a nuestra generación de no mapuches y mapuches, poner todo de sí, la imaginación, el corazón y la inteligencia en lograr una relación exenta de racismo, prejuicios y violencia.

 (*) José Bengoa C. es antropólogo y presidente de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza.
 

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