05 de Septiembre de 2001

Forman parte de las 64 carpetas que se acumularon durante las indagatorias
Ministerio Público verá seis expedientes de caso Conadi

Escándalo quedó al descubierto hace tres meses cuando se denunciaron irregularidades en transacción y adjudicación de tierras.
 

Fredy Palomera/ Temuco


Algunas de las irregularidades relacionadas con tierras adjudicadas por la Conadi podrían configurar delitos según fuentes ligadas al caso.

 (Foto: ANSELMO CORDOVA)

Carta abierta
Los obispos del sur, que comprende las jurisdicciones entre Concepción y Aysén, emitieron una carta abierta en la que realizan un llamado a los mapuches, empresarios del rubro forestal y a la sociedad entera, para que modifiquen "sus formas de pensar y actúen con un espíritu conciliador". El texto enfatiza que se "deben reconocer los daños que se ha causado a la etnia mediante las ocupaciones de sus tierras en los períodos históricos". Además considera que han existido políticas de división y fomento a la enajenación de sus tierras que los ha transformado en un pueblo pobre y marginado. A su vez, los obispos también emplazan a las empresas a no conseguir un desarrollo sólo con la incorporación de los mapuches a las faenas de trabajo, sino más bien a través de un diálogo abierto.

 

Sólo seis de 64 carpetas quedaron en manos del Ministerio Público para continuar diligencias que permitan esclarecer si existieron o no irregularidades en la transacción y adjudicación de tierras por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y que derivó en el bullado caso Conadi que quedó al descubierto hace tres meses cuando la fiscal Andrea Reyes presentó una denuncia ante el Juzgado de Garantía de Temuco.

 Aunque los fiscales encargados de realizar las indagaciones, Alejandro Ivelic, Jaime Pino y Luis Toledo, declinaron entrar en detalles respecto de las carpetas que quedaron en sus manos, fuentes cercanas al caso confirmaron a La Tercera que se trata de igual número de casos en que han quedado al descubierto irregularidades que podrían configurar delitos y que implicaría formalizar ante el Juzgado de Garantía la correspondiente denuncia.

 Una situación similar ocurre con los otros 58 expedientes que, a diferencia de lo ocurrido hace unos meses, no fueron remitidos a la Conadi ni a la Contraloría Regional, sino que a la justicia ordinaria. De esta manera, todos los casos, que según trascendió también presentan irregularidades que configurarían la ocurrencia de un delito, fueron entregados ayer en la mañana por la fiscal regional del Ministerio Público, Esmirna Vidal, al presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Temuco, Lenín Lillo.

 Vidal dijo que la separación de los casos corresponde a la conclusión de un trabajo de tres meses donde finalmente se logró establecer cuáles eran de competencia de la Reforma Procesal Penal y cuáles debían seguir el conducto de la justicia que imperaba hasta el 16 de diciembre del año pasado.

 Los tres fiscales encargados de dirigir las investigaciones coincidieron en señalar que aún existen diligencias pendientes para los seis casos que investigan, por lo que solicitarán al Juzgado de Garantía la ampliación del plazo que se les había impuesto para formalizar la investigación en el caso de Ricardo Aravena.

 Esmirna Vidal concluyó que en los próximos días se solicitará la audiencia para pedir mayor tiempo en favor de los fiscales para continuar con las indagaciones. De todas formas no garantiza de que los investigadores puedan contar con más días más allá del 14 de septiembre para continuar sus pesquisas.

 Respecto del prolongado tiempo que le tomó a los fiscales para recién concluir y anunciar como gran avance que únicamente se ha logrado esclarecer qué causas tuvieron ocurrencia antes o después del 16 de diciembre, respondió a que cada caso involucró una exhaustiva investigación que incluyó tomas de declaraciones a testigos como análisis de la gran cantidad de documentos que conforman cada una de las carpetas.
 
 

Casos

Los casos en cuestión serían el de la Asociación Ñancucheo; comunidad Ignacio Cheuquemilla; compra del fundo La Unión y Los Tiros; adquisición del fundo Las Casas de Pemu Lemu; el fundo Tranaquepe y el fundo Las Vertientes.

 En el de la Asociación Ñancucheo, se investiga la compra de tierras durante el período 2000-2003, decisión que fue cuestionada por la Conadi por no respeto de procedimentos.

 También se estudia el trato del director del organismo, Edgardo Lienlaf, a favor de la comunidad Ignacio Cheuquemilla de Purén. En el caso del fundo La Unión y Los Tiros se pagaron 1.350 millones de pesos por un total de 700 hectáreas que benefició a la comunidad de Temu Lemu Grande. Además se dio cuenta de la interferencia de autoridades ajenas a la Conadi en el caso del fundo Tranaquepe.
 
latercera@copesa.cl
Derechos reservados COPESA
Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A.