13 de Agosto de 2001
Editorial
Ocupación ilegal de predios



A una nueva espiral de violencia parece aproximarse el conflicto mapuche, que lejos de decrecer en intensidad ha vuelto a recrudecer en los últimos días a raíz de la ocupación ilegal por una cincuentena de mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco de un fundo ubicado en la Novena Región. La falta de celeridad con que han actuado las autoridades judiciales de la zona, que son las responsables de ordenar la intervención de Carabineros, ha dilatado excesivamente un problema que se arrastra por varios días.

 La Coordinadora Arauco-Malleco es una de las agrupaciones indígenas más radicalizadas por cuanto no sólo rechaza de plano el diálogo con el gobierno y sostiene la autonomía política de la etnia mapuche, sino porque ha ejecutado las más violentas acciones y ocupaciones en la Araucanía. La ocupación ilegítima estaría fundamentada, según el organismo, en que no representa a más de 30 de las cerca tres mil comunidades mapuches, en los derechos históricos que tendrían sobre las 250 hectáreas del fundo.

 A pesar de la legitimidad que puedan tener algunas de las reivindicaciones territoriales que exigen estos grupos, aspecto en el cual la Conadi ha realizado valiosos esfuerzos para satisfacer sus demandas en los últimos años, lo cierto es que nada justifica que algunas comunidades alteren la convivencia y el estado de derecho de la región. Tampoco, que irrumpan en sucesivas ocasiones contra la propiedad privada y talen ilegalmente bosques.

 Lamentablemente, la ocupación ilegal del fundo El Porvenir no es un hecho aislado para la Coordinadora Arauco-Malleco; por el contrario, según un dirigente de la propia agrupación, mantendrían bajo su control territorios en al menos tres localidades del sur del país: Traiguén, Ercilla y Collipulli. Sin embargo, las autoridades responsables no han actuado con la energía y la rapidez suficiente para terminar en el menor tiempo posible con estos conflictos y, por el contrario, han demorado más de lo aconsejable la actuación de la fuerza pública.

 El conflicto mapuche debe ser abordado por las autoridades pertinentes con fortaleza, en primer término, incentivando las instancias de diálogo y la labor de Conadi como ente responsable de solucionar las demandas de tierra pendientes que aún mantiene gran parte de la comunidades. Además, el Poder Judicial debe facilitar la labor de Carabineros como organismo encargado de velar por la mantención del orden público y de la propiedad privada, como valores esenciales del estado de derecho.
 

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