04 de Agosto de 2001
Cambios fueron ordenados por la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, producto de las irregularidades detectadas
Reestructuración de la Conadi disminuye poder del director

El próximo lunes el Consejo Nacional del organismo indígena debería pronunciarse oficialmente con respecto al proyecto presentado por el director de la Corporación, Edgardo Lienlaf.

Freddy Palomera/Temuco y Lorena Letelier


El proyecto de reestructuración de la Conadi contempla un refortalecimiento del Consejo de la Corporación y una ampliación de los trabajadores de planta.

 (Foto: PEDRO RODRIGUEZ)

Aucán Huilcamán.

 (Foto: PEDRO RODRIGUEZ)

Dictan orden de arraigo en contra de Aucán Huilcamán
El Fiscal Militar de Temuco, Rodolfo Kaufhold, ordenó ayer una orden de arraigo en contra del máximo líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, luego que éste no compareciera a la primera citación emanada por el tribunal tras participar en los violentos incidentes protagonizados por mapuches el 20 de julio pasado.

 Huilcamán es el tercer dirigente de la organización imposibilitado de abandonar el país durante los próximos 60 días, puesto que la misma situación afecta a los werkenes Manuel Santander y José Naín.

 El fiscal militar investiga a los comuneros mapuches por el delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, durante una violenta gresca registrada a las afueras de la sede del Consejo, en momentos en que la policía ejecutaba una orden de incautación de carpetas y archivos computacionales de los indígenas, en el marco de una investigación que instruyen los fiscales del Ministerio Público, Francisco Rojas y Alberto Chiffelle, por distintos hechos derivados del conflicto mapuche en La Araucanía.

 De ser encontrados culpables los indígenas se exponen al pago de una multa o a una pena de presidio entre 61 días y cinco años.

 Huilcamán aseguró que jamás faltó a la citación ante el fiscal y que si bien no declaró en una primera oportunidad, ello se produjo, porque "había poco tiempo, por lo que convenimos una nueva fecha más adelante". Agregó que la medida es una persecución política y aseguró que es "una resolución injusta, porque ninguno de los funcionarios de carabineros que lideraron el allanamiento está suspendido de sus funciones".

 En tanto, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió ratificar la libertad provisional a los comuneros Juan de Dios Collío, Jorge Hueque, Félix Tranamil, Patricio Lloncón, Víctor Coihuapán y Víctor Neculpán, decretada el Juzgado de Garantía en el marco de las investigaciones que realizan por los incidentes callejeros de pasado 25 de julio.

 

La disminución del poder y autonomía que ostenta la figura del director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) es uno de los ejes centrales en que se basa la propuesta de reestructuración del organismo, que el martes pasado entregó el director, Edgardo Lienlaf, a la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss.

 Además, la iniciativa contempla un refortalecimiento de la participación del Consejo de la Corporación y la ampliación del personal de planta que trabaja en la Conadi.

 Si bien el proyecto definitivo será dado a conocer el próximo lunes -durante el Consejo Nacional del organismo- el consejero, Hilario Huirilef, adelantó a La Tercera que uno de los puntos centrales que plantea el documento es que "el director debe decidir en conjunto con los subdirectores, quienes además pasarán a formar parte del Consejo", dijo

Recursos

La medida se traducirá en que la distribución de los recursos y presupuesto de la corporación no será de exclusiva función del director. Además, a partir de ahora, el contralor interno de la Conadi dejará de depender exclusivamente del director.

 "El proyecto contempla que las auditorías deberán ser informadas al Consejo. Esto es un cambio potente, porque el control interno de la Corporación no quedará en manos del ente administrativo de la Conadi y así vamos a tener acceso a saber las cosas que están pasando internamente".

 El documento propone que funcionarios con algún grado importante de responsabilidad administrativa y que estén trabajando a honorarios, pasarán a formar parte de la planta institucional -ahora compuesta por sólo 88 personas- sólo así podrán responder ante alguna irregularidad. Además, se establece que los funcionarios ejerzan labores de acuerdo a su profesión.

 También se busca garantizar que un seguimiento permanente de los proyecto en favor de las comunidades indígenas a fin de garantizar que se desarrollen en plenitud. El dirigente concluyó que si bien apoyará la aprobación de la iniciativa, también pedirá que se comprometan nuevos anuncios y reformulaciones para el buen funcionamiento de la Conadi.

 A pesar que Lienlaf declinó a detallar los aspectos de la reforma, dijo que todos los "cambios son más bien administrativos y que tienden a fortalecer la auditoría interna y a generar unidades de control sobre la gestión de la Corporación". Añadió que la propuesta se enmarca dentro de los parámetros de la Ley Indígena, por lo que no están considerados introducir modificaciones a la norma.
 
 

Investigación

Si bien los fiscales designados para investigar las irregularidades denunciadas al interior del Fondo de Tierras y Aguas (FTA) de la Conadi tienen hasta mediados de septiembre para formalizar los cargos en contra de los -hasta ahora principales inculpados- el abogado Ricardo Aravena y el jefe del FTA, Patricio Sanzana, éstos no están trabajando en la Corporación, ya que están haciendo uso de su feriado legal.

 En tanto, Lienlaf reconoció que desde que estalló el llamado Caso Conadi se han estancado las negociaciones de compra de tierras para las comunidades beneficiadas para este año, pero dijo que "les hemos explicado la situación en que se encuentra la Corporación y han entendido que estamos resguardando que los predios que serán adquiridos no tendrán ninguna complicación futura". El director agregó que esperan que a mediados de septiembre se pueda conocer los informes tanto de la Contraloría como de la auditoría ministerial en relación al caso.
 
 

Cuestionamiento

A raíz del cuestionamiento hecho por el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, a la decisión de los fiscales de la IX Región de declarar que las comunidades mapuches son una "asociación ilícita", el director inició una serie de reuniones tanto con el Defensor Nacional Público, Alex Caroca, como con el Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena.

 Al respecto, Caroca dijo que es evidente que existen consideraciones de derecho indígena que pueden ser invocadas al momento de un juicio y "así se ha hecho por parte de la defensoría penal pública".

 El defensor agregó que desde la implementación de la reforma procesal penal en la Novena Región, la defensoría ha atendido a 432 imputados mapuches de los cuales 152 tienen sus casos resueltos. Un 49% de los casos concluyó con un acuerdo entre la fiscalía y el defensor, mientras que un 7% sobreseídos. De las 67 personas sentenciadas, un 47% fueron absueltos, un 34% se le concedió beneficio alternativo, un 15% debió pagar multa y sólo un 4% ha sido condenado.
 
 
latercera@copesa.cl
Derechos reservados COPESA
Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A.