30 de Julio de 2001
Editorial
Conflicto mapuche



El conflicto mapuche experimenta una nueva etapa de recrudecimiento cuya expresión más notoria la constituyen los incidentes que alrededor de mil comuneros protagonizaron en el centro de Temuco la semana pasada. Los brotes de violencia dejan entrever la escasa influencia que han tenido en ciertos grupos minoritarios las instancias de diálogo impulsadas por el gobierno. Y cuyo objetivo es atenuar y canalizar los desacuerdos propios de un proceso de esta naturaleza.

 Las recientes manifestaciones son las más graves que se han registrado en la capital de la Araucanía en la última década, debido a los cuantiosos destrozos y a la extrema violencia con la que actuaron los grupos indígenas. Resultan preocupantes tanto la organización como las tácticas empleadas por los mapuches para provocar disturbios simultáneos en distintos puntos de la urbe. Desde luego, eso obliga a la fuerza pública a extremar las medidas para resguardar el orden en la zona.

 El estallido de violencia, en esta ocasión, obedecería al allanamiento que sufrió la sede del Consejo de Todas las Tierras hace algunos días y, además, a que estos comuneros consideran que algunos acápites de la reforma procesal serían perjudiciales para su etnia. Sin embargo, manifestar disconformidad con una normativa guarda mucha distancia con negarse a cumplir las órdenes de la autoridad.

 Esa se han convertido, lamentablemente, en la tónica de tales organizaciones radicales. Los recurrentes ataques a sedes de gobierno y a Carabineros, así como la férrea resistencia a los arrestos, confirman esta complicada situación.

 Aun cuando el gobierno ha desplegado numerosas iniciativas tendientes a resolver el conflicto, lo cierto es que éstas no han conseguido erradicar la violencia de región. Lo anterior pone en evidencia, por una parte, la ineficacia de la estrategia utilizada hasta ahora por del Ejecutivo y, en consecuencia, la necesidad de replantear algunos de sus lineamientos. Y, por otra, la presencia activa de sectores intransigentes que lejos de contribuir a superar de los problemas, los agudizan con el uso de la fuerza.

 Ante los hechos descritos, parece imprescindible fomentar y mantener el diálogo. Tal forma de actuar ya ha posibilitado resolver diferencias con gran parte del pueblo mapuche. No obstante, las autoridades nacionales y locales deben seguir resguardando celosamente el orden público. Y la comunidad, a su vez, tiene que propender a aislar a las organizaciones que persisten en el uso de la violencia.
 
 

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