El Mostrador
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Una de las hermanas Quintremán durante una protesta en contra de Ralco en Santiago.

3 de Octubre del 2001

El Ejecutivo y abogado de familias pehuenches confirman la propuesta

Baja de cotas de inundación abre salida a conflicto por central Ralco
 

por Pablo Solís

El gobierno de Lagos se propuso conjugar la ley indígena, que asegura a las etnias el derecho a disponer de sus tierras, con el interés de concluir el proyecto de la central hidroeléctrica situada en el Alto Biobío. Y lo hizo trabajando para que las partes en conflicto logren un acuerdo que no implique que siete familias pehuenches abandonen territorios considerados ancestrales.
 

El ataque incendiario contra tres máquinas de una empresa contratista de la Endesa en las faenas de construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la zona del alto Biobío, el sábado último, volvió a poner un acento de violencia el el conflictivo tema.

Sin embargo, en lo que va transcurrido del año la empresa y las familias que se oponen al proyecto han hecho callados y considerables avances en torno a consensuar fórmulas que permitan la ejecución de la obra, reafirmando al mismo tiempo la voluntad de algunos habitantes pehuenches de no abandonar sus tierras que podrían quedar inundadas.

En dicho escenario, este medio conoció la fórmula que propone una importante modificación del proyecto Ralco en lo concerniente al área que será inundada. La propuesta, confirmada por los entrevistados, plantea que parte o la totalidad de las tierras de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico no queden bajo el agua.

El Mostrador.cl conversó con interlocutores directos de las siete familias pehuenches que se oponen al proyecto y del Ejecutivo, que en este caso actúa como facilitador de las conversaciones. Endesa,en tanto, se remitió a dar sus opinión a través de un comunicado.

Tras las entrevistas efectuadas al abogado Roberto Celedón, representante de las familias pehuenches contrarias al proyecto y Eduardo Dockendorff, subsecretario general de la Presidencia, queda el convencimiento que nunca se ha estado tan cerca de un acuerdo. Este, sin embargo, está supeditado a la libre determinación de las familias indígenas, un aspecto en el que ambos entrevistados hacen hincapié.

De acuerdo a las versiones de Celedón, Dockendorff y otros actores que solicitaron reserva de su identidad, las conversaciones apuntan a lograr que el conflicto no recaiga en lo judicial y se respete el precepto de la Ley Indígena, que establece que no se puede disponer de suelo indígena sin el consentimiento de sus habitantes.

Modificación de las cotas

El abogado Celedón confirmó la existencia de la propuesta; señaló que debe ser resuelta por la propias familias afectadas y que él, como abogado, no puede pronunciarse en ningún sentido.

El abogado confirmó que el Ejecutivo le señaló su convicción de "respetar la ley indígena", y consideró que esa voluntad es muy bien valorada "desde el punto de vista jurídico, porque se afirma el valor y vigencia" del referido cuerpo legal.

Fuentes cercanas a las familias pehuenches que participan en las conversaciones explicaron que "la modificación de las cotas de inundación es una consecuencia material de la declaración del Ejecutivo de respetar la Ley Indígena".

La alternativa también concuerda, según explica Celedón, con la premisa de "que las familias que no lo deseen no se relocalizarán" así como con que "no se inundarán sus tierras".

"Bajar la cota es algo que existe, aunque ello implica una modificación de la estructura del proyecto", aseveró.
 
 

SIGUE:

Dockendorff:"Es de las cosas que yo he sugerido"

Endesa:"Se debe llegar a acuerdos razonables"

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